Violencia de género
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Falsas denuncias: por primera vez un informe oficial cuantifica el fenómeno, en medio del debate para aumentar penas
Si bien aumentaron en los últimos dos años, no llegan a ser el 0,1%; el dato surge de un relevamiento en 17 jurisdicciones
7 minutos de lectura'
LA NACIONLucila Marin
En medio del debate por las falsas denuncias, que se reactivó luego de que el proyecto de Carolina Losada consiguiera dictamen en el Senado, el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos concluyó que el delito es un “fenómeno marginal”.
Sobre un total de más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante tres años (2023-2025), las falsas denuncias representan el 0,09% del total. “Este dato no acredita ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas”, considera el informe, que buscó aportar estadísticas que no existían hasta ahora en la Argentina.
Señala que, aunque los datos no representan la totalidad del país, se establece la dimensión real del fenómeno en el universo total de la conflictividad. La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada 1000 en el sistema penal y el falso testimonio, aproximadamente una causa cada 4000.
Los datos sí muestran un crecimiento en el número absoluto de casos de falsa denuncia registrados en el período mencionado: pasaron de 1845 a 3142. Incluso con el aumento, representan menos del 0,1% del total. “El aumento de los registros puede ser en parte el resultado positivo de una mayor capacidad de captación del sistema”, apunta el informe.
“La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”, ya habían alertado a principios de abril el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal a través de un comunicado elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que funciona bajo su órbita.
El proyecto que impulsa Losada (Unión Cívica Radical-Santa Fe) busca aumentar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, más aún cuando se trate de hechos vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad. “El sistema democrático necesita mecanismos de protección frente al uso abusivo del aparato judicial”, dijo a LA NACION la senadora, quien suele repetir que “la mentira no tiene género”.
En la Argentina, el Código Penal ya sanciona las falsas denuncias y el falso testimonio. Actualmente, el delito de falsa denuncia prevé una multa de $750 a $12.000 y prisión de entre dos meses y un año. La iniciativa propone modificar múltiples artículos del Código Penal para aumentar las penas a prisión de uno a tres años y, en casos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual, de tres a seis años. El cambio alcanza tanto a los autores como a los profesionales que actúen como testigos en el proceso judicial.
La lógica también se traslada al delito de falso testimonio, en la iniciativa de Losada podría tener una pena de hasta ocho años de cárcel, mientras que hoy la ley considera de un mes a cuatro años de prisión.
Así, en ambos casos las condenas serían no excarcelables.
“Muchas estadísticas difundidas sobre falsas denuncias no miden el fenómeno total, sino las condenas firmes por el delito específico de denuncia falsa. Y hablamos de un delito que hoy no se persigue”, dijo Losada ante la consulta de LA NACION frente a la difusión del informe.
El informe aborda los casos registrados en los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales: se solicitó a cada jurisdicción que informen la totalidad de los anoticiamientos que ingresan en los Ministerios Públicos y luego se tomó en consideración cuántos de ellos corresponden a investigaciones por hechos que se enmarcan en el delito de falsa denuncia.
Y marca entre los puntos pendientes que “no se relevó el resultado procesal de las causas” por lo que no es posible saber “cuántas falsas denuncias registradas son efectivamente acreditadas como tales por el sistema judicial”.
Las ocho jurisdicciones que no respondieron fueron Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.
Cuestionamientos
El principal cuestionamiento a la iniciativa que debate el Senado es que desalentaría la denuncia, cuando los datos muestran que ya son pocos quienes denuncian. El 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec. En el caso de las mujeres, casi la mitad (45%) de las argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight.
A la vez, al extenderse a testigos que pudieran declarar en el proceso, señalan que desalentaría el compromiso de peritos que resultan clave especialmente en este tipo de delitos difíciles de probar.
“Los delitos que se dan en un contexto de violencia de género, ya tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto: no se denuncian suficientemente. Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de subacceso a la Justicia que los propios datos del Estado argentino documentan”, concluye el informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos.
El relevamiento también buscó establecer qué proporción de las falsas denuncias corresponde a los supuestos que el proyecto pretende agravar, pero no todas las jurisdicciones pudieron desagregar por tipo de conflicto porque el sistema de gestión no lo permitía y, en algunas de lo que lo hicieron, la desagregación es parcial. “Esto evidencia un déficit de información –no un fenómeno de escala– y refuerza la necesidad de invertir en registro, no en penas”, consideraron.
No incluyó tampoco desagregación por sexo del denunciante ni del denunciado, un dato central para analizar esta problemática, porque no está disponible a nivel sistémico. Tampoco pudo verificarse con los datos disponibles la hipotésis de la litigación estratégica, utilizar las falas denuncias como una táctica defensiva en disputas familiares, ni el impacto en otros procesos, si modificaron o suspendieron medidas cautelares en los casos en que se realizaron. Son puntos que suelen esbozar quienes están a favor de aumentar las penas.
Por promover este proyecto, Losada fue denunciada por un grupo de referentes de Derechos Humanos encabezado por el exjuez y actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), Carlos Rozanski. Se la acusa de los delitos de coacciones, encubrimiento agravado y apología del crimen. También por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“No hay en la Argentina denuncias falsas por abuso sexual contra las infancias. No hay ni una. Por eso, la senadora no mostró ni exhibió ninguna denuncia falsa de abusos contra infancias. Lo que hizo fue mostrar pedófilos que fueron sobreseídos porque las pruebas no alcanzaron. Son dos cosas completamente distintas”, dijo Rozanski en declaraciones periodísticas.
“Buscan callarme, amedrentarme a mí y al resto de los legisladores. Es la segunda denuncia que me hacen. Es increíble que se denuncie a una legisladora por legislar. Los proyectos te gustan, o no, pero eso se dirime en el Congreso. Inédito en democracia”, señaló Losada.
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