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Frenan una designación en un cargo judicial
Cuestionan a una candidata de Macri
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Tres jueces de la ciudad, en igual cantidad de fallos, suspendieron ayer el proceso de designación de la candidata a magistrada del Tribunal Superior de Justicia porteño Daniela Bruna Ugolini, propuesta por el jefe de gobierno local, Mauricio Macri, para el cargo que dejó vacante el juez Julio Maier.
La medida fue dictada por los jueces en lo contencioso administrativo de la ciudad Roberto Gallardo, Elena Liberatori y Guillermo Scheibler, por la falta de información sobre los antecedentes de Ugolini para que los ciudadanos puedan opinar sobre la postulación de la candidata.
El procurador adjunto de la ciudad, Carlos Guaia, calificó los fallos de "lo más parecido a un piquete judicial que uno pueda imaginar" y agregó que los jueces resolvieron con "una clara intencionalidad política e ideológica".
"Los argumentos de los fallos son vacíos y carentes de sentido, y fundamento y trasuntan una clara intencionalidad política e ideológica que se ve confirmada por la circunstancia de que tres magistrados distintos resuelvan lo mismo y, curiosamente, lo hagan el mismo día", dijo Guaia a la agencia de noticias DyN.
Los magistrados Gallardo y Liberatori hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por dos ciudadanos, en tanto Scheibler lo hizo en un amparo de legisladores de Proyecto Sur, que lidera Fernando Solanas.
Los jueces dispusieron la suspensión del procedimiento hasta tanto "se proporcione información completa, veraz y adecuada" sobre los antecedentes de la candidata.
Los fallos de Gallardo y Liberatori, según DyN, señalan que la postulación de Ugolini no cumplió los requisitos que establece el decreto 1620/03 por el cual el Poder Ejecutivo de la ciudad debe publicar información en su página web sobre los antecedentes de los candidatos para que opine la ciudadanía. El decreto establece que se debe dar a publicidad el currículum, la declaración jurada del candidato y de su cónyuge, y las empresas que integró en los últimos ocho años.
Organizaciones civiles y de abogados también impugnaron la candidatura, porque entienden que les faltan "los requisitos de idoneidad y compromisos con los derechos humanos para ocupar el cargo".
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