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Fue excarcelado el escribano Gómez
La detención no fue avalada por el fiscal
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Tras 50 horas de detención, fue liberado ayer Jorge Ernesto Gómez, ex titular de la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad acusado de haber pedido coimas para habilitar una fábrica. También recuperó su libertad la gestora María López, quien desvinculó a Gómez de los hechos por los que se lo investiga.
El juez Héctor Yrimia concedió la excarcelación bajo caución y Gómez quedó en libertad desde del Departamento Central de Policía.
El fiscal Alejandro Esmoris no se opuso a que los detenidos fueran liberados y, según una alta fuente tribunalicia, cree que la detención del funcionario fue "equivocada".
Alejandro Gómez, hermano del ex funcionario, sostuvo que la denuncia es una infamia y que había sido orquestada por funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
En tanto, el gobierno porteño inició acciones para demostrar que está resuelto a evitar hechos de corrupción y decidió la unificación de todos los organismos de la administración comunal que cuenten con cuerpos de inspectores.
Excarcelaron al escribano Gómez
Anoche fue puesto en libertad, al igual que la gestora María López; el fiscal Esmoris cuestiona la detención y se negó a presenciar las indagatorias; la causa sigue y el juez Yrimia tiene diez días para resolver si los procesa por exacciones
Jorge Gómez recuperó ayer su libertad después de permanecer 50 horas detenido. Respetó el silencio que le aconsejó su abogado. Regresó a su casa del barrio de Belgrano sin entender todavía cómo sus correligionarios habían decidido expulsarlo del Gobierno de la Ciudad mientras estaba preso.
El fiscal Alejandro Esmoris no se opuso a que quedara libre y, según dijeron fuentes inobjetables, cree que la detención del funcionario fue equivocada. Por eso, no estuvo presente ni ayer ni anteayer en las diligencias que ordenó el juez de instrucción Héctor Yrimia.
El magistrado concedió la excarcelación bajo caución juratoria -bajo palabra- del ex escribano general porteño y de la gestora María López, luego de que la mujer negara los cargos durante su indagatoria y desvinculara a Gómez de los hechos que se investigan desde hace algo más de un mes.
No hizo falta el careo que el juez planeaba realizar porque los imputados no se contradijeron y coincidieron en declararse inocentes. Ambos están acusados de haberle pedido una coima de 90.000 pesos al empresario Emanuel Fumarola para habilitar una fábrica de conductores eléctricos en Villa Devoto.
"Quedaron libres pero la causa sigue intensamente", indicó a La Nación una alta fuente judicial, que reconoció que "por el momento no hay más funcionarios imputados o sospechados en la causa".
Precisamente, para interiorizarse sobre este punto, el secretario de Gobierno porteño, Enrique Mathov, estuvo ayer por la mañana en el despacho de Yrimia.
Aunque fuentes judiciales criticaron luego la actitud del magistrado y del funcionario, y ambos negaron haber dialogado sobre pormenores del expediente, estuvieron reunidos durante un buen rato.
El delito que se les imputa a Gómez y a López es el de exacciones ilegales y prevé una pena de entre dos y seis años de prisión, dijeron fuentes judiciales. El Código Procesal Penal dispone que un juez sólo puede ordenar la detención de una persona si la encuentra in fraganti o si está seguro de que por el delito que le imputa le dictará la prisión preventiva en caso de procesarlo. Ninguno de los supuestos se dieron en este caso.
"El fiscal no está de acuerdo con la detención y no piensa convalidar este acto. Más allá de la inocencia o culpabilidad de Gómez, lo cierto es que en la causa no hay pruebas que respalden el arresto. Tampoco se explica el apuro del juez por llamarlo a prestar declaración indagatoria", dijo a La Nación una importante fuente judicial.
"Esto es una interna entre radicales y se creen que nosotros somos tontos", dijo ayer uno de los investigadores del caso, que minutos antes había confiado: "No entiendo por qué lo entregaron tan fácil si es un alto funcionario del radicalismo".
Las pruebas
Un video en el que están filmados López y Fumarola. Una agenda de Gómez en la que figura el teléfono de un hombre de apellido Fumarola. Una grabación entre Gómez y la esposa de ese mismo Fumarola. Un dictamen del procurador general porteño en el expediente de habilitación de la fábrica de Emanuel Fumarola, con acotaciones de puño y letra de Gómez. Unos recibos firmados por López, secuestrados en la escribanía particular de Gómez.
Estas son, según dijeron fuentes judiciales, las pruebas que llevaron a prisión al ex escribano general y a la gestora López, que declaró no ser secretaria de Gómez -aunque reconoció conocerlo- y que llevaba algunos asuntos de su escribanía, al igual que otras siete personas.
Nicolás Fumarola, de 68 años, estuvo ayer toda la tarde en el pasillo del tercer piso del Palacio de Tribunales. No es pariente del denunciate sino amigo de Gómez.
Dijo a La Nación que es su número el que figura en la agenda del ex funcionario radical y explicó que en los últimos meses, desde que se jubiló como director general del Concejo Deliberante, él y su esposa hablaban seguido con Gómez. Su testimonio es uno de los propuestos por los abogados del escribano, Adrián Maloney y Julio Virgolini.
El juez Yrimia tiene 10 días para resolver si procesa o no a Gómez y a López. Mientras, el gobierno comunal, por orden del propio Fernando de la Rúa, anuncia haber iniciado una embestida anticorrupción.
Por Laura Zommer
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