Guillermo Luque se quedó sin coartada

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA (De nuestros enviados especiales).- La estrategia sobre la que se basaba la defensa de Guillermo Luque estalló ayer en pedazos: el preceptor de la Universidad John Kennedy, quien debía decir que aquél estuvo en Buenos Aires en el momento del crimen de María Soledad Morales, no lo respaldó y agravó aún más su complicada situación procesal.

Quien ayer hundió las pretensiones de inocencia del principal imputado por el asesinato de María Soledad fue Gustavo Garzón Torres, un ex celador de la Facultad de Derecho de la citada universidad, donde cursaba Luque en 1990.

Lejos de corroborar el argumento sobre el que se basa la defensa de aquél -probar que no estuvo en Catamarca cuando fue cometido el crimen- Garzón Torres reveló ante el tribunal que el acusado le pidió que alterara las planillas de asistencia del viernes 7 de septiembre para hacerlo figurar como presente.

La de ayer fue una jornada nuevamente adversa para Luque, ya que se completó con la declaración de su profesor de Ciencias Políticas Antonio Culjak quien firmó una nota que certificaba la presencia del primero ese día en la facultad, aunque rápidamente aclaró: "No recuerdo si este joven estuvo presente. La nota me la trajeron dos preceptores y firmé porque ellos habían constatado su presencia", se atajó.

Del total de eventuales testigos favorables a Luque citados para estos días, sólo un 20 por ciento se había presentado hasta ayer, lo que provocó un evidente malestar entre sus dos defensores, Víctor Pinto y Angel Vega Aciar.

Anoche, ambos se reunieron con Luque para obligarlo a declarar en estos días como forma de salir al cruce de su grave situación.

Se agrava la situación de Guillermo Luque

Un ex preceptor universitario reveló que mintiera para mejorar su situación procesal

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- A Guillermo Luque le pegaron ayer otro duro golpe en la mandíbula: los testigos que debían asegurar que él estuvo en Buenos Aires la madrugada del crimen sostienen lo contrario, con lo que se acentúan las sospechas sobre que sí estuvo en Catamarca y vinculado con el asesinato de María Soledad.

Las nuevas desventuras del principal imputado. Por un lado, su coartada fue puesta en jaque por un ex celador de la facultad a la que el acusado dice haber asistido el viernes que habrían matado a María Soledad Morales.

Por el otro, la exposición de dos testigos de descargo que llegaron de la mano de su defensa colaboraron para hacer temblar la estrategia.

Esta semana iba a ser en los papeles favorable a Luque, pero arrancó mal. Es que Javier Garzón Torres(27), que en 1990 trabajaba como preceptor en la Universidad Jhon Kennedy, donde el acusado estudiaba Derecho, dijo al tribunal que Luque lo citó en un bar frente a la facultad para pedirle que "atestiguara en su favor".

Memorias de un preceptor

Este testigo, el único de la lista que podría derrumbar la coartada de Luque -que estuvo en Buenos Aires cuando mataron a la joven-, no ahorró detalles. Mantuvo siempre el mismo tono, respondió con soltura y no se dejó confundir por los defensores del primero, que intentaron inducirlo a que se contradijera.

Garzón Torres admitió que si bien encontró que en las planillas de asistencia de la semana previa al crimen (del 1° al 7 de septiembre de 1990) Luque figuraba como presente, sostuvo que no lo vio en la facultad.

El punto de máxima tensión llegó cuando el joven preceptor relató el encuentro con Luque, el 19 de septiembre de 1990.

"A pedido de Roberto Loioco me encontré con Guillermo en el bar de enfrente. Estaba totalmente cambiado, tenía el pelo corto y se había rasurado, ya que siempre lucía barba de unos diez días. Se veía impecable, con traje y corbata", detalló.

El ex celador recordó que Luque le confió que en Catamarca querían involucrarlo en un crimen. "Es una cuestión política que tiene que ver con mi papá... Yo estuve acá esos días, necesito que testifiques para mí", recordó garzón que le pidió Luque, al tiempo que le sugirió que adulterara las planillas de asistencia.

La supuesta intención del hijo del ex diputado era que el preceptor lo hiciera figurar como presente en la clase del 7 de septiembre, cuando en realidad aquél no concurrió.

Garzón Torres se negó. "Yo no te tomé lista ese día. No te puede ayudar", se había excusado.

Y fue más allá: "Los casilleros de la planilla de asistencia del 7 fueron llenados después". Ayer, cuando le fueron exhibidas las copias de las listas, Garzón Torres no reconoció las letras "P" (que indican el presente) como propias.

El presidente del tribunal, el Santiago Olmedo de Arzuaga, formuló una pregunta que abrió nuevas dudas:

-¿Por qué y cuando dejó de trabajar en la universidad?

-Unos días después de aquel encuentro, en octubre, cuando me enteré que le habían extendido certificado de asistencia.

Para Luque el mal trago venía desde bien temprano, cuando se supo que sólo habría tres testigos y que quienes debían venir desde Buenos Aires para apoyar su coartada eran inahallables.

A eso se le sumó la declaración de Jorge Bonapace, director de la Universidad Kennedy, quien finalmente admitió que habría irregularidades en la planilla de la semana previa al crimen.

"Se pudo borrar el nombre del celador por razones delictivas o porque no había personal fijo para pasar lista", sostuvo Bonapace, el encargado de hacer el certificado de asistencia que Luque presentó como prueba en el juicio.

Un profesor distraído

Antonio Culjak, profesor de la cátedra de Ciencia Política, tampoco le dio una gran mano. "No recuerdo si este joven estuvo ausente o presente", dijo, y recordó: "Fue una clase atípica, se juntaron tres comisiones".

Como contrapartida y a pesar de no haberlo visto, Culjak admitió haber firmado un papel que certificaba la presencia de Luque en aquella clase, de la que recordó que se había proyectado un video sobre los regímenes dictatoriales a través de la historia.

Culjak aseguró, respecto de la certificación de qué alumnos habían estado presentes: "Me la trajeron dos preceptores. Firmé porque habían constatado su presencia", se justificó.

Como corolario de una jornada más que gris para Luque, el tribunal rechazó que se pudieran leer por medio de la secretaría los testimonios vertidos en la fase de instrucción por los testigos que ayer no se habían hecho presentes.

"En este juicio donde todos mienten no se puede hacer valer una declaración de hace siete años", confió a La Nación una alta fuente de la fiscalía.

Separarían a los policías encubridores

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- El gobierno de Catamarca ya tomó la decisión política: los policías que cometieron irregularidades en la investigación del caso Morales o que encubrieron el crimen serán denunciados ante la Justicia y se iniciarán sumarios administrativos para separarlos de la fuerza.

"Vamos a esperar a que avance el juicio e iniciar las actuaciones penales y administrativas que correspondan con respecto al accionar policial", afirmó durante una entrevista con La Nación el ministro de Gobierno y Justicia de esta provincia, Raúl Póliche.

En su despacho de la Casa de Gobierno, el funcionario sigue de cerca las alternativas del juicio pero, como todo el gabinete -incluido el gobernador Arnoldo Castillo-, trata de mantenerse prescindente del proceso contra Guillermo Luque y Luis Tula.

El funcionario destacó la prudencia en las declaraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo con respecto al juicio "para que se desarrolle en un ámbito de tranquilidad, en el poder donde debe estar".

"En mi opinión hay evidentes irregularidades en la investigación de este caso, pero será la Justicia la que determine si constituyen el delito de encubrimiento o no", indicó el funcionario, quien fue justamente fiscal de la Cámara Penal N°2, la misma que lleva adelante el debate.

Comiéndose las uñas de ansiedad por saber qué pasa en el recinto, pero enterándose por los diarios de los avances del proceso, Póliche recordó que ya se hicieron investigaciones administrativas y penales sobre la actuación policial, pero no se encontraron anomalías. "Eran otras épocas", indicó en obvia referencia al gobierno de Ramón Saadi.

Las investigaciones penales, que con su denuncia iniciaría el gobierno independientemente de las que impulse el tribunal a cargo del juicio, alcanzarían inclusive a los policías ya retirados. A los que aún están en actividad, les cabría además un sumario administrativo que puede desembocar en su baja.

Las denuncias comenzarían no al final del proceso, sino una vez que terminen de declarar todos los policías citados. En unos diez días habría novedades.

Visiones encontradas

No obstante, el abogado de Luque, Víctor Pinto, consultado por La Nación , consideró que "se trata de una medida inapropiada, fuera de contexto, que se hace para tener una injerencia o presión sobre los testigos.

"Sólo una vez que termine el proceso, y si se descubren irregularidades, están en libertad de acción para iniciar un nuevo proceso", sugirió el letrado.

Pero Póliche replicó: "Esto no es una amenaza. Soy un funcionario público que advierte posibles irregularidades y no puedo mirar para otro lado. Soy el ministro de Justicia de la provincia", afirmó.

Negó que esta decisión estuviera relacionada con la posible ampliación de su testimonio de los seis policías que custodiaron Puerta de Hierro, quienes dijeron que Guillermo Luque no estuvo en Catamarca entre el 7 y el 10 septiembre de 1990, cuando murió María Soledad Morales.

Fuentes del tribunal explicaron a La Nación anteayer que es probable que esos testigos vuelvan a comparecer, y el fiscal Gustavo Taranto no pierde la esperanza de que cambien su declaración.

"Se está tratando de politizar un tema que no es político, este es un tema esencialmente judicial", insistió Póliche, haciendo abstracción de que el crimen de la estudiante provocó el derrocamiento de la dinastía de los Saadi en esta provincia.

Disyuntiva

El fiscal Marcelo Furner decidirá hoy si pide la detención de Angel Luque para ser indagado por el intento de homicidio de Luis Tula, mientras estuvo en prisión en 1990.

También pedirá que se indague al ex jefe del penal, Juan Carlos Añauque, quien le dio al cabo enfermero Carlos Díaz dos pastillas para envenenar a Tula, según declaró el suboficial.

Con respecto a Angel Luque se debate entre dos alternativas: si solicita su indagatoria como sospechoso de participar en el hecho, lo que implica su arresto, o si pide que declare sin ir a prisión .

---

Conforme a