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Homologados, colegiados y luego suspendidos: el limbo que atraviesan cientos de arquitectos argentinos radicados en España
Tras obtener el reconocimiento oficial de sus títulos, decenas de profesionales argentinos quedaron afectados por recursos administrativos y denuncian perjuicios laborales y económicos
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Cientos de arquitectos argentinos que viven en España enfrentan la suspensión o la anulación de sus homologaciones profesionales. Hace algunos meses, tras atravesar un largo proceso burocrático y lograr el reconocimiento de sus títulos por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades español, muchos de ellos quedaron inmersos en un limbo laboral, a raíz de recursos impulsados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
“Yo empecé a homologar en noviembre de 2023, me otorgaron la homologación en diciembre de 2025 y en enero me colegié. En abril me enteré de manera muy informal, por teléfono, que estaba suspendida”, explicó a LA NACION Agostina Buzzo Zendri, arquitecta graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Y añadió: “No me enviaron la suspensión, no me enviaron el certificado de silencio administrativo del Ministerio, no me enviaron ninguna notificación. Estoy suspendida en el aire”.
La situación se repite entre decenas de profesionales. Javier Alvaro Colomino, de 48 años y graduado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), solicitó la homologación en junio de 2023, la obtuvo en julio de 2025 y se colegió en octubre de ese año. Sin embargo, el 24 de noviembre recibió la suspensión de su homologación y, hace un mes, la anulación definitiva de la credencial otorgada. “Hace siete meses que no puedo trabajar como arquitecto firmando planos. Perdí la posibilidad de tomar trabajos por mi cuenta y no puedo aceptar clientes que quieran hacer una casa o una ampliación”, explicó. Y agregó: “Los días pasan y económicamente te provocan muchísimo perjuicio”.
Al percibir que no eran los únicos en esa situación, decenas de arquitectos argentinos comenzaron a organizarse. La Agrupación de Arquitectxs Graduadxs Argentinxs Homologantes en España (AAGAHE), que originalmente funcionaba como un espacio de acompañamiento para los trámites de homologación, pasó a coordinar también las acciones y reclamos de los afectados.
“La agrupación está conformada por más de 160 personas, pero hoy somos más de 500 arquitectos argentinos afectados. Aproximadamente el 36% de los homologados, unas 45 personas, ya nos habíamos colegiado cuando comenzaron las suspensiones y actualmente casi todos estamos suspendidos”, explicó Buzzo.
Un proceso empantanado
Para ejercer en España, los arquitectos argentinos deben presentar el título, el plan de estudios de su carrera universitaria y el certificado analítico, todos debidamente apostillados, además de abonar una tasa administrativa de 165 euros. Toda la documentación se carga en el portal del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, organismo encargado de otorgar las homologaciones.
Luego interviene la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que analiza los contenidos, las materias y la carga horaria de cada carrera. Desde 2022, el proceso se rige por el Real Decreto 889/2022, que además exige la presentación de pruebas concretas de experiencia profesional en el país de origen, como matrículas profesionales, antecedentes laborales y currículums vitae.
En marzo de 2025, ANECA implementó un mecanismo que agilizó la evaluación de títulos extranjeros y reconoció que los planes de estudio de siete universidades argentinas cumplían los requisitos para acceder a una homologación prácticamente directa al nivel de máster habilitante, equivalente al título de arquitecto superior de España. Las instituciones alcanzadas fueron la Universidad de Buenos Aires (UBA), la UNLP, la UNR, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad de Belgrano, la Universidad de Mendoza (UM) y la Universidad de Tucumán (UNT).
Una vez obtenida la homologación, los profesionales deben colegiarse en el Colegio de Arquitectos de la comunidad autónoma donde residen. Es allí donde comienza el conflicto. Según denuncian los afectados, una vez colegiados en cada localidad, el Colegio de Arquitectos de España interpone recursos administrativos contra las homologaciones ya concedidas por el gobierno español.
“El Ministerio puede homologar basándose únicamente en el informe favorable de Aneca. Sin embargo, cuando uno se colegia, el consejo del Colegio de Arquitectos presenta un recurso administrativo y ahí comienza todo el problema”, explicó, y agregó: “Al producirse el silencio administrativo de un mes, nuestras homologaciones quedan suspendidas cautelarmente. Luego presentamos alegaciones y el Ministerio termina dando la razón al consejo, anulando las homologaciones y retrotrayendo los expedientes a una nueva fase de análisis, además de abrir el plazo para la vía contencioso-administrativa”.
“Falta de motivación”
Según los arquitectos, el organismo fundamenta los recursos en una supuesta ‘falta de motivación’ de las resoluciones que otorgaron las homologaciones. "Es un hecho gravísimo porque están yendo contra un acto firme de gobierno que es una homologación otorgada por un ministerio”, sostuvo Colomino a LA NACION.
Cuando el CSCAE interpone un recurso de reposición, el Ministerio dispone de un mes para responder. En muchos casos eso no ocurre y se genera un silencio administrativo positivo que termina favoreciendo al consejo. “El Ministerio no responde porque no puede analizar cada caso individualmente. Entonces nos suspenden cautelarmente las homologaciones. Eso implica que nos suspenden la colegiatura y no podemos trabajar como arquitectos”, explicó Buzzo.
A partir de la notificación, los arquitectos tienen diez días para presentar alegaciones y defender su formación. Si posteriormente el Ministerio decide anular la homologación y retrotraer el expediente para una nueva evaluación, cuentan con 60 días para iniciar acciones judiciales contra el Estado español. Mientras tanto, la homologación queda suspendida y el arquitecto pierde la posibilidad de ejercer plenamente su profesión.
Desde el Colegio de Arquitectos español explicaron a LA NACION que presentaron diversos recursos administrativos al considerar que algunas homologaciones “podrían no ajustarse plenamente a la ley”. “El objetivo es garantizar la seguridad jurídica de los solicitantes, la protección de la ciudadanía y la adecuada calidad técnica del ejercicio profesional, asegurando que todos los arquitectos habilitados en España dispongan de una formación equivalente en materias esenciales vinculadas a la seguridad y la salud de las personas”, señalaron.
Además, sostuvieron que la homologación debe realizarse mediante “procedimientos transparentes, homogéneos y técnicamente rigurosos” que garanticen tanto la cualificación profesional como la estabilidad jurídica de quienes desean ejercer la arquitectura en España.
El organismo también rechazó que existiera un cuestionamiento a los profesionales extranjeros: “La atracción de talento internacional es un valor incuestionable. Existe un gran número de arquitectos con titulaciones extranjeras plenamente habilitados para ejercer en España”, indicaron. Sin embargo, aseguraron: “Desde hace aproximadamente un año, se ha constatado un cambio relevante en la tramitación y resolución de determinados expedientes de homologación, que dista del procedimiento legalmente previsto en el Real Decreto 889/2022.
Para los arquitectos afectados, la situación es muy distinta a la que presenta el Colegio de Arquitectos español. Yamila Susana González Álvarez, de 40 años, graduada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, recibió su homologación en abril de 2025 y fue colegiada al mes siguiente. En marzo de 2026 recibió la notificación de un recurso presentado por este colegio mediante la cual se retrotraía su expediente a la fase previa a la resolución de homologación, con el argumento de que debía emitirse un nuevo informe “suficientemente motivado”. “Las alegaciones estaban mal formuladas. Eran copia y pega de otros expedientes, con datos de distintos compañeros y antecedentes jurídicos que no correspondían a mi caso”, afirmó.
Según González, los informes no contemplan un análisis individual de cada expediente: “Lo que están haciendo son informes sistemáticos a partir de una copia. No se toman el trabajo de revisar los contenidos académicos específicos de cada graduado argentino. Hay errores metodológicos en la conversión de créditos académicos y horas presenciales, además de numerosas inconsistencias administrativas. En el informe reconocen mis más de 4.000 horas de cursada y después sostienen que no alcanzo las 3600 horas necesarias para homologar”.
Buzzo también cuestionó los criterios utilizados. “En mi caso, en la Universidad Nacional de La Plata tengo acreditadas 960 horas de prácticas preprofesionales y más de 4.800 horas de presencialidad, mientras que la carrera en España exige unas 3.600”, señaló.
Y añadió: “Ni siquiera han leído nuestras alegaciones. Nos llaman por nombres equivocados y llegan a mencionar materias que nunca existieron en nuestros planes de estudio. No hay una evaluación individual de los casos”.
Mientras esperan una resolución definitiva, la incertidumbre condiciona sus vidas. “Estoy a pocas semanas de que venza el plazo para iniciar una demanda contra el Ministerio y mientras tanto tengo que seguir rechazando trabajos y planificando mi economía sin saber qué va a pasar. No puedo asumir compromisos laborales ni avanzar con proyectos propios. Es una pérdida de identidad profesional muy fuerte, además del perjuicio que genera en nuestras carreras y currículums”, contó González.
Por su parte, Buzzo ya tuvo que rechazar dos proyectos de vivienda y una oferta laboral en un estudio de arquitectura: “Soy cabeza de familia y esto afecta muchísimo. Uno no puede trabajar de lo que estudió durante tantos años y empieza a no alcanzarle el dinero para vivir. En España no tener la homologación es, en los hechos, no tener el título”.
“Las reglas cambian constantemente”
Frente a la incertidumbre, los afectados iniciaron una estrategia conjunta de recursos administrativos y reclamos legales. “Estamos tratando de construir una estrategia común. Hicimos consultas ante el Congreso de los Diputados para conocer cuántos recursos fueron presentados y qué medidas piensa adoptar la administración. También encargamos un dictamen jurídico sobre todo el proceso de homologación”, explicó González.
El informe fue elaborado por el abogado argentino especializado en derecho administrativo Beltrán Gambier. “Financiamos entre todos un dictamen de unas 85 páginas en el que se explica por qué nuestras homologaciones son válidas y por qué deberían restituirse. Toda esa documentación fue incorporada a nuestras alegaciones ante el Ministerio y también la hemos remitido a la Embajada Argentina en España”, dijo Colomino.
Aunque todavía no fue confirmado oficialmente, España trabaja en un nuevo real decreto sobre homologaciones profesionales. “La propuesta parece otorgar más garantías a los profesionales extranjeros, y dar una mayor participación a los consejos profesionales. Sin embargo, el problema es que las reglas cambian constantemente y quienes quedan en el medio de esos cambios terminan siendo los afectados”, afirmó Buzzo.
Hasta que ese nuevo real decreto se realice y sus efectos se traduzcan en cambios concretos para los profesionales afectados, muchos arquitectos argentinos deberán sostener sus reclamos. “Estamos defendiendo nuestro título, nuestro tiempo, nuestras familias, nuestra profesión y nuestras universidades”, concluyó Buzzo.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no respondió a las consultas realizadas por LA NACION.
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