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La otra final de García Furfaro: en 2022 abrió la casa de Maradona para palpitar el título, hoy está preso por el fentanilo
El empresario compró el histórico chalet donde vivió el astro en Devoto para evitar su demolición e invitó a los hinchas; cuatro años después su nombre está ligado a uno de los mayores expedientes sanitarios del país
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El 18 de diciembre de 2022 la casa de José Luis Cantilo al 4500, en Villa Devoto, parecía haber vuelto a los años en los que Diego Armando Maradona todavía cruzaba el jardín para abrazarse con su familia. Desde temprano, el olor a la parrilla encendida, los mates, las medialunas, las banderas argentinas y los globos celestes y blancos empezaron a ocupar cada ambiente del chalet de tres plantas donde el capitán de la selección vivió durante la década de 1980. La invitación era inusual: cualquier persona podía entrar para ver la final del Mundial entre la Argentina y Francia en la casa que había pertenecido al ídolo.
El anfitrión era Ariel García Furfaro. Apenas un mes antes había comprado la propiedad junto con sus hermanos Diego y Damián por US$900.000, después de enterarse de que el inmueble podía ser demolido. Según contó entonces a LA NACION, llamó al empresario inmobiliario Adrián Mercado apenas leyó la noticia y decidió avanzar con la operación porque consideraba que tirar abajo esa casa sería “una injusticia más en el mundo Maradona”.
Para recibir a los hinchas organizó un operativo poco habitual. Compró unos 200 kilos de carne, agua y gaseosas, contrató personal de seguridad y limpieza y fijó una sola condición: que nadie ingresara con bebidas alcohólicas. La idea, repetía una y otra vez mientras recorría los ambientes señalando cuál había sido la habitación de Diego y cuál la de sus padres, era que la casa pudiera ser disfrutada por todos. “Es lo que haría Diego. Tiene que ser un lugar para todo el que quiera venir”, afirmaba ese mediodía.
La jornada terminó convertida en una fiesta inolvidable. Hubo espuma, humo celeste y blanco, chapuzones en la pileta, bombos, canciones mundialistas y abrazos interminables cuando Gonzalo Montiel convirtió el penal que le dio a la selección de Lionel Scaloni el tercer título mundial. Entre los presentes había familias completas, vecinos, hinchas llegados desde distintos puntos del conurbano y curiosos que nunca imaginaron que verían una final del mundo dentro de la casa de Maradona. García Furfaro caminaba entre ellos convencido de que aquel inmueble debía transformarse en un espacio abierto para mantener vivo el recuerdo del astro.
Casi cuatro años después, esa escena quedó congelada como una postal de otro tiempo. Mientras la Argentina se prepara para enfrentar a España este domingo, desde las 16, en el New York/New Jersey Stadium por la final del Mundial 2026, el hombre que organizó aquella celebración multitudinaria ya no podrá volver a abrir las puertas de la histórica casa de Villa Devoto. Ariel García Furfaro permanece detenido en el penal federal de Marcos Paz, acusado de integrar la estructura detrás de la fabricación y comercialización del fentanilo contaminado que la Justicia investiga por más de un centenar de muertes.
De anfitrión a centro de una investigación judicial
La historia de García Furfaro cambió de manera drástica menos de tres años después de aquella celebración. El empresario pasó de ocupar las páginas de Sociedad por haber evitado la demolición de la casa donde vivió Maradona a convertirse en uno de los principales acusados en la investigación por el fentanilo contaminado elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, una causa que hoy es considerada uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente del país.
Según la investigación que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, la causa ya analiza la muerte de 111 pacientes y otros 49 casos no fatales presuntamente vinculados con la administración de ampollas de fentanilo contaminadas. El expediente reconstruye historias clínicas, pericias microbiológicas y testimonios de familiares que sostienen que sus seres queridos ingresaron a distintos hospitales por patologías ajenas y terminaron muriendo después de recibir el medicamento elaborado por las empresas bajo investigación.
Entre los casos incorporados al expediente figura el de Renato Nicolini, de 18 años, quien había ingresado al Hospital Italiano de La Plata tras sufrir un accidente de moto. Su evolución era favorable hasta que desarrolló un cuadro infeccioso que derivó en su muerte cerebral. También aparecen las historias de Luis Rossetti, exjuez de línea de la AFA; Miguel Maino, internado para una cirugía programada en Rosario; Daniel Sebastián Oviedo, paciente del Hospital Italiano de La Plata, y Héctor Vilches, entre decenas de víctimas cuyas familias comenzaron a vincular sus fallecimientos con el uso del fentanilo investigado.
Con el avance de la investigación, las pericias realizadas por el Instituto Malbrán concluyeron que las bacterias detectadas en las ampollas pertenecientes a los lotes cuestionados eran genéticamente idénticas a las encontradas en pacientes internados. Para la Justicia, la contaminación se produjo durante el proceso de fabricación y estuvo asociada a múltiples incumplimientos de las normas de producción, higiene y control de calidad.
La resolución judicial sostiene que las plantas operaban con graves deficiencias. Entre otras irregularidades, menciona la falta de limpieza entre lotes, fallas en los controles de esterilidad, documentación presuntamente adulterada, reactivos almacenados en condiciones inadecuadas y un sistema de producción que, según el magistrado, evidenciaba una “indiferencia deliberada” frente a los riesgos sanitarios. El expediente también incorporó conversaciones extraídas de teléfonos celulares en las que directivos hablaban de “dibujar” registros y, cuando el escándalo ya había estallado, de borrar información almacenada en los servidores de la empresa.
Para los investigadores, Ariel García Furfaro no era un actor secundario dentro de esa estructura. La Justicia lo identifica como el propietario real del conglomerado integrado por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y la droguería Alfarma, desde donde —según la acusación— se controlaban la producción, distribución y comercialización del medicamento. El expediente también sostiene que el grupo utilizaba distintas sociedades y personas de confianza para administrar los negocios y distribuir responsabilidades.
Con el avance de la causa comenzaron las detenciones, los allanamientos y los embargos millonarios. Además del expediente por el fentanilo contaminado, García Furfaro también quedó procesado en otra investigación por presunto contrabando agravado, vinculada con la importación de maquinaria para el laboratorio mediante una supuesta maniobra de sobrefacturación. Según la acusación, las máquinas fueron compradas en China por unos 500.000 dólares, pero habrían sido declaradas ante la Aduana argentina por más de cinco millones para acceder al mercado oficial de cambios durante las restricciones cambiarias.
El empresario siempre rechazó las acusaciones. En una declaración indagatoria que se extendió durante casi seis horas, aseguró que él se ocupaba principalmente de la actividad comercial del grupo, responsabilizó a excolaboradores por el funcionamiento interno de la empresa, cuestionó el accionar de la Anmat y afirmó que también quería saber qué había ocurrido con las víctimas. “Si algún empleado mío hizo una maldad, yo me hago responsable, pero son gente de trabajo”, declaró ante el juez.
Los procesamientos, la prisión y una causa que sigue creciendo
El avance de la investigación modificó por completo el escenario judicial de García Furfaro. A medida que se incorporaron pericias, análisis bacteriológicos, historias clínicas y documentación secuestrada durante los allanamientos, el expediente comenzó a sumar imputaciones y nuevas medidas contra los responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
En septiembre de 2025, el juez federal Ernesto Kreplak procesó a 17 personas por la causa del fentanilo contaminado. Entre ellas estuvieron Ariel García Furfaro, su hermano Diego y parte de la conducción técnica de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La resolución sostuvo que la adulteración del medicamento había sido determinante o, en otros casos, había agravado de manera decisiva el cuadro de los pacientes fallecidos. Además, el magistrado dispuso embargos por alrededor de un billón de pesos y recordó que, de prosperar las acusaciones, las penas podrían alcanzar los 25 años de prisión.
Con el avance de la investigación, la situación de los integrantes de la familia García Furfaro quedó diferenciada. Ariel y Diego continúan detenidos, mientras que Damián obtuvo la falta de mérito y recuperó la libertad, aunque sigue imputado en la causa, con prohibición de salir del país. Su madre, Nilda Furfaro, también fue procesada con prisión preventiva, pero cumple detención domiciliaria. Para los investigadores, la organización mantuvo durante años un entramado societario destinado a administrar los laboratorios, la droguería y otras compañías vinculadas al grupo económico.
En abril de este año, el expediente volvió a tomar impulso cuando el juez convocó a 14 imputados para ampliar sus declaraciones indagatorias. Entre ellos se encontraba Ariel García Furfaro, cuya audiencia fue postergada a pedido de su defensa y reprogramada para el 23 de abril. Para entonces, la investigación ya analizaba la posible relación entre el fentanilo contaminado y 111 muertes, además de otros 49 casos no fatales.
En paralelo, LA NACION reconstruyó el recorrido del medicamento y el avance de la investigación en el documental Fentanilo Mortal, que repasó cómo una alerta microbiológica detectada en el Hospital Italiano de La Plata derivó en una investigación que terminó exponiendo presuntas irregularidades en la fabricación del opioide, fallas de control, relaciones empresariales y una estructura que, según la Justicia, funcionó con un desprecio deliberado por las normas de seguridad sanitaria.
Mientras tanto, García Furfaro mantuvo públicamente su postura. Negó haber tenido responsabilidad directa en la contaminación del medicamento, responsabilizó a excolaboradores, cuestionó el accionar de la Anmat y sostuvo que todavía era necesario determinar cómo se habían contaminado únicamente dos de los lotes elaborados durante esa campaña de producción. También afirmó que quería conocer qué había ocurrido con las víctimas y defendió el trabajo de los empleados de sus empresas.
Del Mundial de Qatar a la final de 2026
La imagen de diciembre de 2022 quedó muy lejos de ese presente. Entonces, García Furfaro caminaba por la casa de Maradona explicando cuáles habían sido las habitaciones de Diego y de sus padres, repartía comida entre los invitados y hablaba de convertir el inmueble en un espacio abierto para los hinchas. Decía que había comprado la propiedad para impedir que desapareciera un lugar con valor histórico para el fútbol argentino y repetía que abrirla al público era “lo que haría Diego”.
Este domingo, cuando la Argentina vuelva a disputar una final del Mundial frente a España en el New York/New Jersey Stadium de Estados Unidos, esa escena ya no podrá repetirse. La casa de Villa Devoto permanece como uno de los lugares más emblemáticos de la vida de Maradona, pero quien organizó allí la multitudinaria celebración de Qatar 2022 seguirá el partido desde una realidad completamente distinta: detenido en el penal federal de Marcos Paz mientras avanza una investigación judicial que ya lo tiene procesado y que la Justicia vincula con una de las mayores tragedias sanitarias de la historia reciente del país.
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