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Ibarra anuló el contrato de la autopista Arturo Illia
La administrará la empresa estatal Autopistas Urbanas
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Tal como adelantó LA NACION en forma exclusiva el sábado último, el jefe del Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, firmó la nulidad absoluta del decreto 3235 de 1998, que autorizaba a la empresa Covimet a explotar, hacer obras y cobrar 28 millones de dólares más por la concesión de la autopista Arturo Illia, la más cara de la ciudad y una de las más onerosas del país.
Ibarra, adelantó además a LA NACION que la autovía será administrada por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que costará $ 0,50 y que volverá a manos de la Ciudad "en forma inminente".
-¿Mañana quién cobra peaje?
-Por la mañana, todavía Covimet. Por la noche, no sé.
-¿No pensó en hacerla gratuita?
-Sí, pero tenemos que hacer las obras que Covimet no hizo, por eso la rebajamos a la mitad. Es muy probable que hasta que nosotros tomemos la autovía e instalemos al personal, no se pague peaje. Pero será por unos pocos días.
Ibarra dijo, además, que tomó la decisión sobre la base de un informe del Centro Argentino de Ingenieros y de la Procuración General de la Ciudad que, según sus propias palabras, fue "lapidario y hasta habla de manejos fraudulentos".
Defensa de la empresa
En tanto, la firma Covimet, emitió un comunicado en el que expresa su punto de vista y rechazó la decisión de Ibarra.
"Covimet manifiesta su enérgico rechazo a la medida y los argumentos esgrimidos como justificación de la decisión gubernamental. Desde la asunción de las actuales autoridades hasta la fecha, el Gobierno de la Ciudad no ha efectuado ninguna denuncia de incumplimiento ni ha elevado intimidación alguna hacia Covimet, por lo que no ha dado lugar al ejercicio del derecho a la legítima defensa por parte de la compañía", sostuvo la empresa.
Además, advirtió que "la empresa está siendo víctima de una fuerte campaña de corte político, orquestada por los funcionarios del Gobierno de la Ciudad en el marco de la campaña electoral de la ciudad y del debate ideológico sobre las privatizaciones y que tiene como objetivo declarado ceder la administración y la caja de la concesionaria a AUSA".
La empresa, en su larga explicación, dice que el informe del centro Argentino de Ingenieros "certifica que la inversión en obra realizada es de 147 millones y respecto del costo de obra, el informe menciona que analizados los ítem relevantes de los valores certificados y su evolución en el tiempo se consideran a los mismos razonables".
Para Ibarra, "la Ciudad toma el control de la autopista porque el decreto firmado por Fernando de la Rúa (entonces jefe del Gobierno de la Ciudad) y por (Nicolás) Gallo (secretario de Infraestructura) fue un decreto inexistente: no está el original, no se publicó en el Boletín Oficial y no se envió a la Legislatura, donde debía refrendarse. No hay copia firmada por Gallo y lo que ellos dicen que tienen es, en realidad, una copia firmada por un funcionario de segunda línea autorizando el cobro del canon para hacer obras que nunca se hicieron", dijo el jefe de gobierno.
Ibarra aseguró que, a través de ese decreto, se le entregaron a Covimet hectáreas para la construcción de un obrador a costo cero, la concesión de una estación de servicio sin autorización, entre otras cosas.
En cuanto a la causa penal, en la que están citados a declarar tanto De la Rúa como Gallo, "sigue su curso y se resolverá en Tribunales. Mientras tanto, yo tengo que garantizar que en esa autopista se hagan las obras correspondientes, como la bajada hacia Pueyrredón", finalizó.
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