9 minutos de lectura'
Más de 30 oradores fueron convocados ayer a la segunda reunión plenaria en el Senado para tratar la reforma de la ley de salud mental. Internaciones, rol del psiquiatra, la intervención de los jueces, el riesgo grave y las fallas en la implementación de la norma vigente hace 15 años fueron los puntos sobre los que debatieron profesionales, abogados, representantes de ONG y funcionarios provinciales y exfuncionarios ante los legisladores. En uno surgió un acuerdo parcial: la ley necesita una actualización.
Las exposiciones se sucedieron, desde pasadas las 14, en el Salón Azul de un Congreso vallado y fuertemente custodiado por la llegada de las columnas que se iban uniendo a la marcha universitaria. En grupos de a cinco, los invitados presentaron sus puntos de vista sobre los cambios propuestos por el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta y los resultados de la ley N° 26.657 sancionada en 2010. Los senadores de las comisiones de Salud y Legislación General siguieron los argumentos e indagaron sobre incumbencias profesionales, financiamiento y disponibilidad de profesionales, entre tantos otros.
La lista la abrió Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y jefe de Docencia e Investigación del Hospital Borda. Estimó, a partir de la carga de los distintos diagnósticos estimada, en entre 3.000.000 y 4.000.000 de personas en el país –entre chicos, adolescentes y adultos– con algún trastorno grave. Señaló que el principal problema sigue siendo el acceso a la atención oportuna y lo que denominó “antipsiquiatría”, a diferencia del resto de las especialidades médicas.
El proyecto oficialista propone volver a jerarquizar el rol del psiquiatra en los equipos interdisciplinarios. Relativizó el peso de las internaciones con respecto a la demanda ambulatoria al citar datos del Borda en la ciudad de Buenos Aires, donde se reciben unas 120.000 consultas por año y se internan unos 1.000 pacientes anualmente.
“Tenemos 13 pedidos de derivación para internar de los hospitales generales de la ciudad”, refirió frente al argumento de que la atención debe darse solo en centros polivalentes, donde la demanda a diario y la ocupación de camas es por una infinidad de otras causas. “Eso sería una mala utilización de los recursos, con doble gasto para el sistema de salud”, dijo Corral.
Marcelo Clingo, presidente de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina (Fepra), expresó la preocupación de sus colegas por “el retroceso sanitario y jurídico” que implican los cambios propuestos por el gobierno nacional porque “vulnera el marco normativo que rige el ejercicio profesional” de su campo de trabajo e impone, con la relevancia que otorga a la intervención de los psiquiatras, como médicos especialistas en salud mental, en la decisión de las internaciones involuntarias, la definición de tratamientos y la relación con la Justicia.
Por el faltante de esos especialistas, sobre todo en el interior del país, el titular de la Fepra consideró que el proyecto, de aprobarse, terminará por restringir el acceso de la población a la atención.
La perspectiva de las familias apareció cuando llegó el turno de Marina Charpentier, fundadora de Grupo Familia Esperanza, y Juan Roza Alconada, hermano del hombre con esquizofrenia paranoide que mató al policía Juan Carlos Roldán frente al Museo Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), sobre la avenida Figueroa Alcorta. “En el fondo, no son tantas las diferencias que tenemos”, comenzó Charpentier, madre del músico Chano, líder de Tan Biónica.
“En un país en el que la grieta nos atraviesa en todos los temas, es importante pensar que la salud no puede tenerla: no se enferman los de derecha o de izquierda –continuó–. Corremos el riesgo de tener una ley, como la actual, teñida por una ideología y de tener una ley modificada por otra. No podemos cambiar las leyes cada cuatro años. Los enfermos y los familiares no podemos esperar. No puede ser que la política interfiera en esta discusión.”
Para Roza Alconada, director de la asociación civil Icona, el cierre de los hospitales de especialidad (monovalentes) de la norma actual “es un gran error” que debe modificarse, como así también la definición de riesgo cierto e inminente y la intervención priorizada de los psiquiatras en el equipo interdisciplinario, modificaciones que introduce el proyecto bajo análisis.
Luciano Grasso, exdirector nacional de Salud Mental y docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, criticó las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo al calificarlas de “un retroceso” y atribuyó las deficiencias en los servicios de salud mental disponibles a la “desorganización del sistema”. Afirmó que la propuesta de resaltar el rol del psiquiatra “es arqueológico” porque la ley vigente permite que se capaciten otros profesionales de la salud para afrontar la demanda actual, sobre todo en el interior del país. “Un 70-80% de las personas que requieren tratamiento no están accediendo”, dijo.
En nombre de los prestadores privados, Emilio De Fazio, presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina, destacó que uno de los cambios propuestos sea dejar por escrito la intervención de equipos multidisciplinarios en las atenciones, la reducción de los plazos en los casos que deben judicializarse, como las internaciones involuntarias y la redefinición del concepto de riesgo cierto e inminente por el de daño grave para la persona y terceros. “Esto no modifica el fondo de la ley”, dijo.
Hubo 15 provincias que, a través de los senadores, expresaron su desacuerdo con los cambios que respalda el Ministerio de Salud de la Nación. Así, también, los expresaron los funcionarios de provincias como Buenos Aires, La Pampa o Jujuy.
Julieta Camels, subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud bonaerense, mencionó que las internaciones en el sistema de salud provincial subieron un 72%, con casi un 100% en menores de 18, junto con las consultas en hospitales en lo que describió como una “megacrisis” en salud mental y adicciones. Con 633 psiquiatras en el sistema público de la provincia con más psiquiatras, según refirió, no se podrá cubrir la demanda.
“Es inaplicable –dijo Camels–. La crisis en salud mental actual exige más profesionales formados e infraestructura sanitaria y garantizar la provisión de psicofármacos.” Dijo que el Ministerio de Salud provincial destina el 7% de su presupuesta a la atención de la salud mental.
Con Martín Malgá, subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, y Agustín Yecora, secretario de Salud Mental de Jujuy, coincidieron en que la ley se puede mejorar con normativa y protocolos complementarios que corrijan los problemas de implementación.
En el país hay 6.984 psiquiatras, de acuerdo con el sistema nacional de registro de los recursos humanos en salud. A propósito de los datos proporcionados por Camels, tomó la palabra Corral para señalar que, solo en el hospital Borda, de la ciudad, ocho de cada 10 pacientes que consultan y el 50% de las internaciones provienen de la provincia de Buenos Aires.
Stella Maurig, psicoeducadora y fundadora de la ONG La Madre Marcha, detalló los inconvenientes que tienen familias en distintas provincias por el cierre de instituciones. “Celebro la modificación de esta ley. Perdí un hijo y no quiero que otras familias los pierdan”, indicó.
Marcelo López Mesa, abogado especialista en derecho civil, exjuez de cámara y miembro correspondiente la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, explicó la importancia de que los jueces conserven “el rol preponderante” en la determinación de la capacidad e incapacidad de las personas y que los psiquiatras recuperen “cierta importancia que se les quitó” en la ley vigente. “Hay que ser muy prudentes con esta materia y ponderar derechos en juego. La norma actual es más una ley de derechos humanos para las personas afectadas que una ley de salud mental”, explicó.
María Graciela Iglesias, exjueza de Familia y titular del Órgano de Revisión, un cuerpo de abogados creado por la ley de salud mental para supervisar su cumplimiento, señaló que lo que preocupa a los órganos de revisión en las provincias es que “se diluya” el marco legal que da el Código Civil y Comercial. “Tengan en cuenta los senadores que estamos en estado de derecho y tenemos una regulación jurídica que respetar”, dijo a propósito de los cambios que el proyecto oficial introduce no solo en artículos de la ley salud mental, sino también a otras normas, como son el Código Civil y Comercial y la ley de prevención de las torturas.
La lista de oradores todavía seguía en el plenario que conducían las senadoras Ivanna Arrascaeta, que preside la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, al frente de la Comisión de Legislación General. Darío Sanguineto, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantojuvenil; Alberto Trímboli, expresidente de la Asociación Argentina de Salud Mental; Alicia Stolkiner, titular de la cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA; León Morra, especialista en psiquiatría al frente de un centro con más de 6.000 consultas por año en Córdoba; Gustavo Palmieri, comisionado nacional para la Prevención de la Tortura; Alejandro Argañaras, pastor, psicólogo social y presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas Bautistas de Entre Ríos. El listado continuaba.
La mayoría coincidó en la necesidad de actualizar la ley vigente y que el Estado nacional y las provincias garanticen el presupuesto necesario para la atención y el seguimiento de los pacientes con problemas de salud mental y adicciones.
“Dijeron que no hay estadísticas”, planteó Norma Galeano, integrante de Madres Territoriales Línea Fundadora. Enseguida, citó nombres de menores que se quitaron la vida. “¿Saben lo que es llegar a un hospital y que te digan que, con una crisis, no tienen criterios de internación? A nosotras qué nos van a contar. Las familias están rotas. No podemos más. Es una realidad de nuestro país. Esta ley se llevó a muchos chicos. Por favor les pido que la próxima vez que convoquen, llamen a las madres y las personas que caminan el territorio porque no mentimos. Si quieren estadísticas, busquen en los cementerios. Ahí están a quienes les dijeron que no tenían criterio de internación”, culminó Galeano.
