Investigan al juez que liberó al asesino

El Consejo de la Magistratura, la Cámara de Casación Penal y un juez de instrucción investigan al juez de ejecución penal Néstor Narizzano por haber liberado, por un supuesto error judicial, a Carlos García, un preso condenado a 25 años de reclusión por el asesinato de un policía que era custodio del senador nacional Eduardo Menem (PJ).

Los integrantes del Consejo Eduardo Orio, de la comisión de selección del Consejo, y el diputado nacional Jorge Casanovas, de la comisión de acusación, quieren averiguar si el juez cometió mal desempeño de sus funciones, dijeron a LA NACION. Por su parte, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, constituyó un tribunal de superintendencia, integrado por los camaristas Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Alfredo Bisordi, Raúl Madueño, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos. Ese tribunal ya pidió al Servicio Penitenciario Federal que le explique qué le dijo a Narizzano sobre la situación de García, como para que el juez decidiera liberarlo, señalaron a LA NACION fuentes de ese tribunal.

García había sido condenado el 13 de octubre de 1999 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 a 25 años de reclusión por haber asesinado al cabo Aníbal Sopeña, tras asaltar el chalet del senador en Núñez, en 1996. Además, los mismos jueces, Carlos Acerbi, Carlos Currais y Gustavo Anadón, lo habían sentenciado el 5 de marzo de 1999 a una pena unificada de once años de prisión por robo calificado, encubrimiento y lesiones.

A pesar de ese prontuario, García quedó libre el 22 de enero último, tras estar cinco años y medio preso. Hoy lo buscan efectivos de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal.

Denuncia judicial

Apenas se descubrió el error, se presentó una denuncia para que se investigara si falsearon los informes que le elevaron el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Reincidencias, sobre los que decidió. Esa causa está en manos del juez Alberto Baños.

En la ciudad de Buenos Aires hay tres juzgados de ejecución penal y en ellos, sólo dos jueces, porque uno falleció. Ellos deben decidir sobre todas las libertades condicionales, las salidas transitorias de presos, la condición de alojamiento de los sentenciados por los tribunales porteños, la inimputabilidad, y controlan el cumplimiento de las penas alternativas impuestas mediante la "probation". Son miles de expedientes que terminan en ese embudo.

Narizzano es uno de estos dos jueces. El otro es Adalberto Polti. El legajo de la condena a 25 años lo tenía Narizzano y Polti, el de la condena a 11 años. En la feria judicial de enero de 2002 Narizzano concentró los 6000 expedientes de ambos tribunales.

El preso, a través de la defensora oficial María Florencia Tenconi, le pidió al juez de ejecución Narizzano la libertad condicional por la aplicación del dos por uno, lo que era posible si sólo hubiera tenido la condena de 11 años. Pero García tenía otra sentencia pendiente.

Buena conducta

Según surge de la causa que tramita en el juzgado de Baños, delegada ante la fiscalía N° 33 de José María Campagnolli, antes de disponer la libertad, el juez pidió informes al Servicio Penitenciario Federal, que le dijo que por su buena conducta y el tiempo transcurrido en prisión podía quedar libre en la causa por la condena a 11 años. Nada le dijo respecto de la otra sentencia.

El Registro Nacional de Reincidencias, a cargo de Horacio Tarelli, tampoco le informó al juez que tenía otras condenas pendientes. Fuentes del Ministerio de Justicia reconocieron anoche a LA NACION que el Registro Nacional de Reincidencias no tenía cargada la condena a 25 años. Lo explicaron al sostener que el 7 de diciembre de 2001 el Tribunal Oral 16 le envió la información de la sentencia, "pero con un número de legajo inexistente y sin las fichas dactilares".

Por eso, cuando el 10 de enero Narizzano le pidió informes, le dijeron que no tenía otros antecedentes. Al explicar al juez Baños por qué se cometió el error, el Registro de Reincidencias sostuvo que estaba desbordado por huelgas de personal, por los incidentes producidos el 20 de diciembre, y que ese informe se había traspapelado. Además, le dijo que como la información les había llegado incompleta debieron procesarla manualmente, lo que demoró su ingreso al sistema, donde figuraban 197 presos llamados Carlos García.

El Tribunal Oral 16, no obstante, informó de la sentencia a la secretaría electoral -pues un condenado no puede votar- a la Policía Federal, y el 11 de diciembre de 2001, al juez Narizzano.

En el Ministerio de Justicia responsabilizaron al Tribunal Oral por informar erróneamente y no unificar las condenas. No obstante, Narizzano tenía los dos expedientes en su poder durante la feria judicial: el legajo por la condena a 11 años de cárcel y el de la sentencia a 25 años.

Cuando el preso quedó libre y regresó el juez Polti de vacaciones, presentó la denuncia ante Baños y se pidió de nuevo la captura de García.

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que hay dos opciones: "O se trató de un error o García se valió de funcionarios venales en la Justicia o en Reincidencias para lograr su libertad. Una mano negra pudo haber traspapelado los antecedentes. Además, cuando salió libre, García sabía que no le correspondía".

El abogado de la familia Menem, Marcelo Rocchetti, dijo a LA NACION: "Estos no son los errores que pueden cometerse en la Justicia. Estoy confiado en la investigación que encararon el juez Baños y el fiscal Campagnolli. Ambos son una garantía. Antes de pedir un juicio político esperamos que la Justicia se pronuncie".

Narizzano dijo que actuó bien

"Actué de acuerdo con la ley. No había ningún informe en el expediente de Carlos Alberto García que me indicara que tenía una condena de 25 años de reclusión por el homicidio de un policía." Así explicó el juez de Ejecución Penal Néstor Narizzano por qué dejó en libertad a uno de los dos condenados por el asesinato del sargento de la Policía Federal Aníbal Sopeña.

Ayer al mediodía, LA NACION intentó hablar con el magistrado. Sin embargo, en la mesa de entradas de su juzgado, por intermedio de su secretario, el magistrado se disculpó y dijo que estaba muy ocupado.

"García había cumplido con los dos tercios de la condena de once años que había recibido por un asalto. Así que, objetivamente, por la cantidad de años cumplidos, y subjetivamente, por su buena conducta, según informó el Servicio Penitenciario Federal, estaba en condiciones de ser excarcelado en el legajo 4037, que se impulsaba en otro juzgado", dijo Narizzano por la noche, en una conversación telefónica que mantuvo con Jorge Lanata en el programa de éste en América TV.

En sus declaraciones, indirectamente, Narizzano habría responsabilizado al Tribunal Oral N° 16, que condenó a García y a Mauricio Rolón y no unificó las condenas.

No obstante, Narizzano no pudo explicar por qué no se unificaron las dos causas en la que constaban las dos condenas. El expediente 4037, por la primera condena de García, estaba en el juzgado del magistrado Adalberto Polti.

Pero en su juzgado se instruía el expediente con la pena de 25 años de reclusión por el homicidio, hecho que Narizzano no habría advertido. Así, otorgó la libertad a un preso condenado por el homicidio de Sopeña, cuya pena debía supervisar.

"La causa García constituyó uno de los seis mil expedientes que se tramitaron en mi juzgado durante la última feria judicial", concluyó Narizzano.

Por Gustavo Carabajal

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