Jujuy: polémica por una cesárea a una niña de 12 años que fue víctima de violación

La chica había pedido la interrupción legal del embarazo; sin embargo, según el gobierno local, excedía el tiempo de gestación que fija el protocolo de la provincia
La chica había pedido la interrupción legal del embarazo; sin embargo, según el gobierno local, excedía el tiempo de gestación que fija el protocolo de la provincia
Andrés Krom
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18 de enero de 2019  • 16:14

Luego de una semana de tensión que incluyó enfrentamientos entre organizaciones provida y grupos que promueven la legalización del aborto, escraches en las redes sociales y la intervención constante del poder político provincial, los profesionales del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy le practicaron hoy una cesárea a la chica de 12 años que fue víctima de una violación. Junto a su familia, había pedido la interrupción legal de su embarazo.

El procedimiento fue realizado a las 8.30. Como resultado, nació una beba que pesó apenas 700 gramos y fue internada en el área de neonatología del establecimiento. "Al momento del nacimiento no hizo falta reanimarla, pero por su baja edad y peso tendremos que esperar el paso de los días", dijo a LA NACION el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Alejandro Bouhid. El funcionario destacó que, una vez que se recupere, se aplicará un mecanismo hospitalario interno para darla en adopción.

Según Bouhid, la decisión de practicarle la cesárea en lugar de un aborto farmacológico fue consensuada con la chica y su familia porque el embarazo llevaba 24 semanas y media de gestación y el límite establecido en el protocolo jujeño para el aborto no punible es de 22 semanas. A pesar de que el Código Penal determina desde 1921 que el aborto no es penable en caso de violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, la práctica genera controversia. La obligación de crear un protocolo que garantice el acceso a esta práctica surgió a partir de 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo FAL.

Debate sobre aborto legal

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La chica descubrió que estaba embarazada el 11 pasado, cuando se acercó hasta el Hospital Dr. Guillermo C. Paterson de San Pedro con un fuerte dolor abdominal. Solo después reveló que había sido abusada por un vecino de 58 años, que la había amenazado con lastimar a su familia si contaba lo ocurrido. Los padres radicaron una denuncia contra el hombre, que fue detenido por la policía el sábado pasado e imputado por el delito de abuso sexual contra una menor con acceso carnal.

Una vez que se dio intervención a la Justicia, la chica solicitó, junto a su madre, la interrupción legal de su embarazo por escrito. Según el gobierno jujeño, en vista de su escasa edad y del avanzado proceso de gestación, fue derivada a San Salvador el lunes. Sin embargo, debieron pasar otros cuatro días antes de que finalmente se concretara la cesárea. Mientras tanto, el ingreso a la maternidad se convirtió en un nuevo escenario para el enfrentamiento entre los grupos provida y las organizaciones feministas. Este tipo de cruces ya había marcado el debate parlamentario por el proyecto de ley para la interrupción legal del embarazo (ILE), a mediados del año pasado.

La policía estableció un vallado en la puerta del hospital
La policía estableció un vallado en la puerta del hospital Crédito: Javier Corbalán

Fueron los manifestantes provida quienes se mostraron más activos, con publicaciones en Facebook contra los miembros de la clínica que estaban a favor de realizar la interrupción. El obispo jujeño, César Fernández, envió una carta desde el Vaticano en la que pidió que "el caso se resuelva de la mejor manera [...] salvando las dos vidas". El jefe de la maternidad donde se realizó la cesárea, Marcelo Briones, en tanto, pidió que se cumplan los plazos del embarazo para que "el bebé nazca vivo y tenga una buena calidad de vida".

En este contexto, los abogados Roberto Alemán y Fernando Bóveda presentaron, en nombre de la ONG Más Vida, un recurso de amparo para intentar detener la interrupción con el argumento de que había matrimonios dispuestos a adoptar a la beba. Isidoro Cruz, el juez interviniente durante la feria judicial, lo descartó antenoche.

Un plan

A los ojos de las organizaciones feministas, todas estas acciones formaron parte de un plan coordinado por los sectores provida y el propio Bouhid para postergar un hipotético aborto no punible. Para la médica Elena Meyer, integrante del Equipo de Consejerías en Salud Sexual Integral del Ministerio de Salud y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, tanto el ministro como parte del área de ginecología del hospital retrasaron el proceso para forzar el nacimiento de la beba. "Derivarla a la capital fue la primera dilación, ya que el aborto se podría haber resuelto en San Pedro. El martes tuvieron una reunión, el miércoles otra y ahí generaron la ventana para que se presente el habeas corpus".

Soledad Deza es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el colectivo de abogadas feministas que asesoró a la familia de la chica violada. "Lo más significativo acá es mostrar cómo un evento obstétrico adverso en la vida de una niña de 12 años y el curso de una alternativa terapéutica lícita como el aborto se transforma en territorio de disputa de sectores fundamentalistas por la violación de la confidencialidad médico-paciente del mismo ministro", señaló.

La diputada jujeña por la UCR, Gabriela Burgos, que el miércoles acompañó a los grupos provida en el hospital, negó cualquier maniobra. "Acá no se dilató nada, no bien se descubrió que estaba embarazada, se puso en funcionamiento todo el protocolo", señaló la legisladora a este diario. "Lo más importante es que nació una niña, que se llama Esperanza -añadió-. No se trató de una guerra entre dos posturas".

Bouhid negó las críticas: "Acá se ha dado garantía a los derechos de la chica, se ha procedido a la interrupción del embarazo. Hoy tenemos dos vidas".

La guía para la interrupción del embarazo

Cómo fue la evolución del protocolo sanitario

2007

Aborto no punible

El Ministerio de Salud de la Nación difunde una segunda edición de la Guía para el mejoramiento de la atención posparto de 2005 como Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. Las cifras del sistema público de salud indican que el 28% de las muertes maternas son por aborto.

2010

Código Penal

El Ministerio actualiza de nuevo el documento con el nombre Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. Incorpora la jurisprudencia que despenaliza la interrupción del embarazo en los casos que indica el Código Penal, como la violación.

2012

Corte Suprema de Justicia

En lo que se conoce como el "Fallo F.A.L", la Corte Suprema de Justicia ratifica que no son punibles los abortos en casos de violación. Lo hace al expedirse sobre el caso de una chica de 15 años de Chubut, víctima de violación, que se había sometido a una intervención. Para acceder a la práctica, la mujer solo necesitará firmar una declaración jurada que deje constancia del delito que fue víctima. La Corte también exhorta en el fallo a que los poderes ejecutivos de la Nación y de las provincias implementen protocolos hospitalarios.

2015

El protocolo

En junio, el Ministerio cumple con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el "Fallo F.A.L." y presenta el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Así, se establece que no se necesita denuncia judicial ni penal para acceder a la práctica en el caso de violación; la asistencia a las víctimas de violencia sexual debe ser inmediata y expeditiva, entre otros. Un año después, el Ministerio vuelve a actualizar la guía.

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