Kreplak denunció que varios médicos renunciaron al Ministerio de Salud de la Nación y apuntó contra el Gobierno

Este miércoles, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, denunció que varios médicos que se desempeñaban en los programas de VIH, lepra y tuberculosis renunciaron a sus cargos en el Ministerio de Salud por “no poder dar respuesta a obligaciones impuestas por Ley”, debido a los recortes que implementaron desde el Gobierno nacional.

“Es una verdadera tristeza e impotencia ver cómo el trabajo de décadas por muchos y grandes perfiles con vocación sanitaria se está destruyendo en un puñado de meses”, escribió el funcionario en su cuenta de X antes de apuntar contra la administración de Javier Milei: “Reconstruir un sistema de salud que atienda sus responsabilidades, con perfiles técnicos y trabajo al servicio de la salud es un enorme esfuerzo que nos llevará muchísimo tiempo. No estamos dimensionando la magnitud del daño causado por el ajuste”.

La respuesta del Gobierno

Desde el ministerio de Salud de la Nación respondieron a este medio que no hay renuncias masivas ni desmantelamiento de áreas. “Hasta el momento, solo se han confirmado cinco renuncias en una Dirección Nacional que cuenta con 422 empleados. Estas renuncias son de carácter político, no sanitario, y cuatro de las cinco personas que renunciaron son afiliadas a ATE”, remarcaron.

Y añadieron que todo el conflicto se trata de una “operación política impulsada por quienes han permanecido en el Ministerio por más de 20 años, vinculados a la gestión anterior y a fundaciones que formaban parte del último Gobierno”.

“Además, estos profesionales no estaban de acuerdo con la línea de trabajo impulsada por la Nación y entraron en conflicto cuando se les solicitó retomar la presencialidad diaria. El Ministerio de Salud de la Nación reitera que los programas establecidos por ley están garantizados y continúan desarrollándose con normalidad”, aseguraron desde la cartera sanitaria.

Carolina Selent, médica infectóloga y exintegrante de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, renunció recientemente junto con otras tres profesionales del área de vacunas del Ministerio de Salud de la Nación. Su salida, según explicó, respondió a la crisis que atravesaba el sector, marcada por despidos masivos, recortes presupuestarios y la falta de planificación en la compra y distribución de insumos esenciales.

“Renunciamos cuatro médicas en el área de vacunas de siete que habíamos quedado. Originalmente éramos 11″, señaló Selent, y advirtió sobre el impacto que esa reducción tiene en la gestión sanitaria. “Siete personas no podían hacer las actividades de 11, principalmente en el área de vacunas. Ahora solo quedan tres”.

La Dirección de Vacunas es clave dentro del Ministerio de Salud porque se encarga de la elección y compra de vacunas, la distribución en todo el país, el registro de dosis aplicadas, el seguimiento de las coberturas y la capacitación del personal de salud, además del monitoreo de brotes. “Despidieron a dos de las tres personas que se dedicaban a la compra de vacunas. Eran procesos muy complejos y las personas que los realizaban eran muy especializadas. No era tan fácil de reemplazar”, describió.

Según la especialista, la inestabilidad laboral también fue un factor determinante en su decisión. “Antes de esta gestión nos renovaban los contratos anualmente. Con el cambio de Gobierno se volvieron trimestrales”, contó.

Además, mencionó que en diciembre el equipo rindió un examen de idoneidad que aprobaron todos, con la promesa de una renovación anual que finalmente nunca se concretó. “Sufrimos amenazas constantes de motosierra”, agregó.

Incertidumbre

La incertidumbre y la falta de dirección también fueron aspectos críticos, según dijo: “Tuvimos cambio permanente de autoridades, lo que hace muy difícil mantener líneas de trabajo”.

Selent sostiene que, aunque intentaron dialogar con las nuevas autoridades y solicitar la reincorporación de los despedidos, la respuesta fue siempre la misma: “Nos dijeron que todos son reemplazables”.

Más allá de la reducción del personal, la infectóloga alerta sobre las consecuencias que estas decisiones tendrán en la salud pública. “No sé si las autoridades desconocen todo el trabajo que hacemos o si realmente no les interesa que la Dirección quede desmantelada”.

Uno de los puntos más preocupantes es la compra de vacunas, que según Selent, está en riesgo. “Lugones firmó un acuerdo con las provincias para que puedan comprar vacunas del fondo rotatorio. No podés dejar que las provincias hagan lo que quieran con esto”, advierte.

Denuncias cruzadas

La crisis no afecta solo al área de inmunoprevenibles, según el testimonio de Selent. En el sector de VIH, señala, “quedaron solo dos médicos, no se compran preservativos ni reactivos”. En el Instituto Nacional del Cáncer, en tanto, denunció problemas en la compra de morfina y en el Programa Remediar también hubo complicaciones.

Al respecto, la semana LA NACION publicó las denuncias cruzadas que hubo sobre el funcionamiento del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Un posteo “desde adentro” del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en redes sociales había denunciado el desmantelamiento del programa nacional que, entre sus funciones por ley, debe garantizar el acceso a los opioides para el alivio del dolor de los pacientes oncológicos.

Horas después de que la semana pasada se viralizara ese mensaje, el Ministerio de Salud salió a cruzar la versión: la atribuyó a una “gestión ineficiente” con superposición de funciones y compras sin planificación que terminaron por causar pérdidas millonarias por el vencimiento de fármacos adquiridos “de más”.

Para Selent, la lógica detrás de estas decisiones es errónea. “Creen que es un ahorro, pero en realidad es un gasto a futuro muchísimo mayor”, advierte. Y agrega que la reducción de presupuesto y la falta de planificación tienen consecuencias concretas, y actualmente el país atraviesa un brote de sarampión que podría agravarse.

Finalmente, la especialista resume el sentimiento de quienes decidieron dar un paso al costado: “Hacíamos este trabajo por amor y porque creemos en la importancia de la salud pública, pero en este contexto no creemos que se puedan garantizar las condiciones”.

El reclamo de los especialistas y organizaciones

El pasado jueves 27 de febrero, cientos de personas se movilizaron a Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, denunciando el deterioro del sistema sanitario en Argentina. Allí, especialistas y referentes de organizaciones señalaron el impacto de la descentralización y desregulación impulsada por el Gobierno, advirtiendo sobre despidos masivos, falta de insumos y medicamentos, y la precarización laboral en hospitales y centros de salud.

La concentración comenzó a las 15 en las inmediaciones del Ministerio de Salud y se extendió hasta la Casa Rosada. Entre los participantes se encontraban trabajadores de hospitales como el Posadas, el Laura Bonaparte y el Sommer, así como sectores sindicales y políticos. Sin embargo, la CGT, UPCN y la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) decidieron no adherir.

Desde el Frente en Defensa de la Salud Pública advirtieron sobre “el vaciamiento del sistema de salud”, alertando que el desfinanciamiento ya está dejando a miles de personas sin tratamientos esenciales. “El deterioro del Plan Nacional de Vacunación y la falta de medicamentos están poniendo en riesgo la vida de la gente”, expresaron los organizadores.

“Consideramos que el sistema de salud, en los distintos subsectores que lo integran, está desfinanciado, las condiciones de trabajo son precarias y el honorario de los médicos está deteriorado. No es un tema de ahora, este es el mismo reclamo gremial que venimos haciendo desde hace tiempo”, dijo Jorge Iapichino, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra). En la previa a una marcha federal, el médico agregó ante la consulta de LA NACION: “No queremos mezclarlo con cuestiones políticas, pero sí nos quejamos de la falta de diálogo”. En la Comra no había decisión de adherir a la protesta.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de G.M., una paciente con artritis reumatoidea que prefirió resguardar su nombre, quien debió enfrentar tres semanas de incertidumbre porque su obra social y su prepaga se pasaban la responsabilidad de su tratamiento sin darle una respuesta clara. “Tuve que exigir por escrito que me dijeran quién debía cubrir mis medicamentos. No sabían qué responderme”, contó.

En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, defendió las reformas del Gobierno, asegurando que “reordenar el sistema de salud era una necesidad imperiosa”, y acusó a algunos sectores de desinformar con fines políticos. Sin embargo, Jorge Iapichino, presidente de Comra, puso el foco en la crisis estructural del sector: “No queremos mezclarlo con cuestiones políticas, pero el sistema está desfinanciado y los médicos trabajan en condiciones precarias”.

La marcha se dio en un contexto de fuerte ajuste en el área de salud, con la eliminación de intermediarios en la derivación de aportes y la posible salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras el Gobierno impulsa una mayor descentralización de la salud pública, las provincias reclaman fondos para poder sostener los hospitales y la provisión de insumos esenciales.

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