La burocracia impide que la policía use 1500 armas

LA PLATA.- Mil quinientas ametralladoras UZI con sus respectivos lotes de repuestos y 3.600.000 balas 9mm permanecen embaladas desde hace dos años en una dependencia del Ministerio de Seguridad bonaerense sin que se las pueda entregar al personal policial. Trabas burocráticas impiden que el material quede habilitado para ser usado por la policía bonaerense, según reconoció Luis Genoud, titular de esa cartera.

Las armas y los proyectiles -explicó el ministro- están bajo resguardo aduanero y "aún no fueron declaradas por los ministerios del Interior, de Defensa y de Economía de la Nación como material de defensa. Hasta que eso no ocurra, no podremos utilizarlos. Este tipo de demoras no pueden ocurrir, cuando lo que está en juego no es otra cosa que la seguridad de la población".

Los sorprendente es que desde que se inició el trámite de compra del armamento, ocho ministros pasaron por el área de seguridad provincial.

Genoud aclaró que la demora no es imputable a las actuales autoridades de las mencionadas carteras nacionales, porque "asumieron hace muy poco tiempo".

El expediente para la compra se inició el 28 de junio de 1999, cuando León Arslanian era titular de la cartera.

Arslanian renunció a su cargo en agosto y fue reemplazado por el ex juez Osvaldo Lorenzo, que siguió con los trámites. Tras la masacre de Ramallo, Carlos Soria se hizo cargo del ministerio.

El 3 de diciembre de ese mismo año -según los datos aportados por la cartera- el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y Soria refrendaron el decreto para que se concretara la operación.

El 4 de enero de 2000 se libró la orden de compra. Carlos Ruckauf ya había asumido como gobernador de la provincia y había nombrado ministro de Seguridad a Aldo Rico. Este estuvo en el cargo hasta que fue reemplazado por Ramón Verón, el 31 de marzo.

En mayo de 2000, Verón envió notas a los ministerios del Interior y de Defensa para que se autorizara la importación y se pudieran utilizar las ametralladoras y los proyectiles. Las armas llegaron, pero quedaron embaladas en un depósito. Y siguen allí.

La gestión de Verón fue la última, dijeron los voceros. Y agregaron que las carteras nacionales nunca respondieron las cartas.

Genoud consideró luego que "este tipo de demoras provocadas por la burocracia perjudican notoriamente el trabajo de la policía, y resultan incomprensibles en este contexto de inseguridad. Siempre se dice, por ejemplo, que los efectivos no cuentan con suficientes proyectiles para los trabajos de capacitación. Y allí están los 3.600.000 proyectiles, que no pueden usarse".

Anteayer -añadió-, un equipo de peritos de la policía y personal de Aduana acudieron al lugar donde está depositado el armamento, que no fue revelado por cuestiones de seguridad, y abrieron tres cajas de municiones para estudiar su estado.

Aunque los resultados de los peritajes estarán en los próximos días, se cree que las balas están en buenas condiciones.

El ministro aseguró que ayer envió nuevas notas a los ministerios del Interior, de Defensa, y de Economía de la Nación para resolver la cuestión, a la que definió como inaceptable.

"Uno de los mayores problemas en el funcionamiento de la policía son las trabas burocráticas. Lo que es más grave, esto repercute en la sociedad, que demanda mayores medidas de seguridad. La labor de la policía no puede ser lesionada porque alguien no firma papeles. Esperemos que las nuevas autoridades nacionales actúen con celeridad. Por nuestra parte, continuaremos enviando notas hasta que liberen el material del resguardo aduanero", dijo Genoud.

Por su parte, voceros del Ministerio del Interior dijeron, en diálogo telefónico con LA NACION, que esa cartera ahora está afectada a resolver los problemas que enfrentan varias provincias debido a la crisis socioeconómica y que del asunto de las ametralladoras y los proyectiles se encargará la Secretaría de Seguridad Interior, a cargo de Juan José Alvarez.

Se consultó, pues, a fuentes de esta repartición: aclararon que no le corresponde a Alvarez autorizar el uso de armamento de defensa para la fuerza de seguridad provincial. De todas formas, Genoud se contactó con el funcionario nacional y afirmó que éste se comprometió a iniciar gestiones para encontrar una solución rápidamente.

Mientras continúa el debate sobre qué organismo es el que debe aprobar el uso de las 1500 ametralladoras UZI y los 3.600.000 proyectiles como material de defensa, la policía bonaerense continúa sin contar con suficientes balas para practicar tiro al blanco.

Por Ramiro Sagasti

---

Conforme a