La cifra más alta de la década: en el país, 32.000 personas debieron dejar sus hogares en un año por causas naturales
Inundaciones en Buenos Aires e incendios en la Patagonia forzaron a miles a abandonar sus viviendas; varios tardaron meses en regresar
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El año pasado fue el de mayor cantidad de desplazamientos internos de la última década, y la principal razón fueron los eventos climáticos extremos. Así lo registró la organización internacional Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) en su último reporte mundial. Como “desplazamiento”, este centro se refiere a todos los movimientos que las personas víctimas de violencia o desastres naturales realizan desde un punto de origen hacia un sitio seguro. Pero, en la búsqueda de esa seguridad, puede haber varios movimientos y puede pasar mucho tiempo.
A diferencia de otros países de la región y del mundo, la Argentina no registró niveles de violencia suficientes como para que su población se viera forzada a abandonar sus hogares. Distinto fue el caso de los eventos climáticos extremos. En números absolutos, hubo 76 eventos que provocaron 32.000 desplazamientos, de los cuales casi 30.000 se dieron por una combinación de tormentas e inundaciones. El resto ocurrió por incendios forestales.

Aunque hubo desplazamientos en varias provincias, el grueso se concentró en dos: la provincia de Buenos Aires y Chubut. El primero de los eventos climáticos, y el que más movimientos provocó, fue la tormenta que cayó entre el 16 y el 19 de mayo y derivó en graves inundaciones en Zárate y Campana. En ese momento, Defensa Civil había reportado 7000 evacuados.
Esa lluvia fue la más intensa de la historia reciente en esa zona. En esos municipios los registros marcaron 400 milímetros de lluvia, muy por encima de lo que en 2024 inundó Porto Alegre, en Brasil. Los 130.000 habitantes de la cabecera municipal de Zárate pasaron la noche del 17 de mayo sitiados por el agua, con los principales accesos anegados y casi sin poder salir de sus casas. Pero, una vez pasada la emergencia, de acuerdo con la información del organismo internacional, mucha gente se vio forzada a moverse de un sitio a otro.
IDMC reportó 22.000 desplazamientos solo por este episodio. No hay cifras claras sobre cuántas de las personas detrás de esos números lograron regresar a sus puntos de origen. LA NACION se contactó con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para conocer cifras oficiales y, si bien no tenían números precisos, afirmaron que los registros que manejan son menores. Además, aclararon que la mayor parte de los desplazados regresó a sus hogares.

Desde la gobernación bonaerense señalaron que el margen de acción está condicionado por la situación financiera. “Es difícil el margen de acción con una situación tan recortada como la actual. Desde la Nación todavía falta transferir fondos a brigadistas que luchan contra incendios. Hay muchas cosas que son parte de una coordinación entre varias administraciones”, describió Fabián García, director general de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. El funcionario agregó que, en ese territorio, el principal riesgo son las tormentas y que su comportamiento es episódico.
En ese contexto, explicó que la Provincia trabaja en sistemas de alerta temprana y en el fortalecimiento de capacidades locales. “Tanto en inundaciones como en incendios hemos trabajado en los sistemas de alerta temprana. Hacemos seguimiento de los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y tenemos un programa con Defensa Civil. Reforzamos y aumentamos capacidades locales. Solamente en Bahía Blanca se hicieron alrededor de 1000 rescates”, detalló. Además, aseguró que no registraron desplazamientos permanentes derivados de los eventos del año pasado. “No tenemos ningún desplazado registrado”, afirmó.
En su momento, expertos nacionales e internacionales señalaron que tormentas como las ocurridas, intensas y cortas, forman parte de una “nueva normalidad”, y que las ciudades y municipios argentinos no están preparados para afrontarlas. Nunca se planificó la edificación en función de los ríos ni de las lluvias. Carlos Paoli, miembro de la comisión directiva del Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IAHR), experto en inundaciones e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, planteó: “La base del problema es la falta de ordenamiento territorial, sobre todo en las zonas urbanizadas. No se consideran los factores de riesgo y se construye en cualquier lado”.
Paoli agregó que desde el IAHR llevan décadas advirtiendo sobre la necesidad de medidas estructurales –obras hidráulicas– y no estructurales –sistemas de alerta, comunicación y educación– para mitigar los efectos de las tormentas intensas, cada vez más frecuentes. Este escenario también se reflejó en la tragedia de Bahía Blanca e Ingeniero White, ocurrida poco más de dos meses antes de la tormenta en el norte de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con el reporte de IDMC, ese evento provocó 1800 desplazamientos internos, una cifra sustancialmente menor a la del norte bonaerense, aunque en este caso dejó 18 muertes. El desastre quedó en la memoria colectiva como uno de los más graves de la historia reciente y aceleró medidas de adaptación que todavía siguen en curso.
En 2024, el gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó el Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades, que contempla el desembolso de $1,5 billones en obras de infraestructura destinadas a aliviar, contener, encauzar o evitar el bloqueo de ríos y afluentes, con el objetivo de mitigar anegaciones e inundaciones. Ninguna de las iniciativas contempla a Zárate, Arrecifes, Rojas, Baradero, Chacabuco o Suipacha, distritos fuertemente golpeados por esas inundaciones. En el caso de Bahía Blanca, se ejecuta el Plan de Reconstrucción Integral, que incluye la refuncionalización del sistema hidráulico y el ensanchamiento del canal Maldonado.
Los incendios
Si bien fueron decenas los eventos que causaron daños en el país, dos de los que tuvieron mayor visibilidad fueron los incendios de Epuyén y El Bolsón durante el verano. La estación cálida terminó, pero en esa región el fuego sigue presente en la memoria. De acuerdo con el informe internacional, entre ambos episodios hubo poco más de 2000 desplazamientos. Según detallaron, a diferencia de lo que ocurría años atrás, los incendios arrasaron sobre todo zonas de interfase.

De acuerdo con Leandro Romairone, responsable de Protección Civil de El Bolsón, provincia de Río Negro, en toda la Comarca Andina el punto de inflexión en la forma de ver los incendios fue 2019.
Estos sitios son áreas donde las urbanizaciones y la naturaleza confluyen. Muchas veces están alejados de los núcleos urbanos o son de difícil acceso. En las últimas décadas creció la construcción en estos lugares, lo que también los volvió más vulnerables. Más de 200 casas se perdieron en esos incendios, construcciones que no se recuperan rápidamente.
Si bien la mayoría de las personas desplazadas regresó a su lugar de origen, de acuerdo con el reporte internacional, al finalizar el año todavía había 820 personas desplazadas, todas por fenómenos climáticos extremos.
Según el último informe síntesis del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, tanto Buenos Aires como Chubut son zonas vulnerables a los efectos de esta crisis. En el primer caso, si continúan en alza las emisiones de gases de efecto invernadero, aumenta la probabilidad de tormentas severas en toda la cuenca del Río de la Plata.
En cuanto a Chubut y gran parte de la región cordillerana, se prevé un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Estos factores pueden favorecer la propagación de incendios, aunque no necesariamente los generan. Para que ocurra un desastre, suele ser necesaria una chispa que, según cifras oficiales, en el 95% de los casos es de origen humano.
Pero la reacción ante estos eventos y las estrategias para mitigar las pérdidas son heterogéneas en la Comarca Andina.
No fue hasta el año pasado que en El Bolsón tomaron dimensión de que estos incendios llegaron para quedarse. El año pasado, según cifras oficiales, solo en esa localidad 179 viviendas se vieron afectadas, de las cuales 169 se perdieron por completo. “El año pasado esas personas que perdieron todo recibieron $30 millones. A quienes alquilaban o tuvieron daños parciales se les otorgaron entre 3 y 15 millones”, señaló Romairone.
Explicó que hubo miles de desplazados, pero que en su mayoría regresaron a sus hogares. “Son más o menos 10 familias las que decidieron no volver a vivir cerca del bosque”, dijo.
LA NACION consultó con autoridades de Chubut sobre los hechos pasados y las previsiones para el futuro en la provincia, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.
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