La Corte provincial ordenó la captura de tres secuestradores
Revocaron el fallo de la Cámara de Morón que los liberó; ya detuvieron a uno Los dos complices que están prófugos también son buscados por Interpol Hubo varios allanamientos La víctima fue asesinada en mayo de 1996
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LA PLATA.- La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires anuló ayer el fallo de la Cámara de Apelaciones de Morón, que dejó en libertad a tres condenados a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del empresario metalúrgico Pedro Peralta, en mayo de 1996.
Pese a esa resolución judicial, ayer sólo uno de los tres condenados pudo ser detenido por la policía bonaerense. Los otros dos, anoche, se encontraban prófugos de la Justicia y eran intensamente buscados por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón.
En su revocatoria, la Corte provincial resolvió que "el único acto jurisdiccional válido que conserva vigor es el dictado por la Cámara de Apelaciones de Morón, con fecha 15 de mayo de 2000".
En aquel fallo, la Sala I del tribunal de Morón, integrada por los jueces Fermín Parera, Mario Raúl Moldes y Jorge Bourdieu, había condenado a reclusión perpetua a Carlos Pedro Pagés -un ex militar-, Eduardo Ramón Cortiletti y Dante Rafael Tartaglini, por los delitos de robo agravado, homicidio triplemente calificado por el concurso premeditado de más de dos personas, alevosía y tentativa de extorsión.
Pero la defensa de los tres secuestradores había apelado la sentencia. Dicho reclamo se fundó en la aplicación del principio que impide interrumpir la libertad lograda por el cese de la prisión preventiva mientras la sentencia condenatoria no estuviera firme.
Entre los argumentos para formular tal pedido, los abogados defensores sostuvieron que la sentencia condenatoria carece de firmeza, pues aún es susceptible de eventuales recursos que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Fue entonces que el Tribunal de Casación decidió remitir el expediente a la Cámara y le ordenó que tengan en cuenta las distintos casos en donde se sienta jurisprudencia sobre la cuestión.
Así, la Cámara de Morón, el jueves último, ordenó liberar a los asesinos de Peralta.
No obstante, el fiscal general, Federico Nievas Woodgate, presentó un recurso para que queden sin efecto las libertades. Y el fiscal ante la Cámara de Casación, Carlos Altube, formuló un recurso de apelación.
Finalmente, ayer, luego de conocerse la revocatoria de la Corte, el tribunal de Morón elevó una orden a la Jefatura Departamental y a la DDI de esa ciudad para que detuviesen a los tres imputados.
Captura internacional
Los efectivos realizaron una serie de allanamientos en varios domicilios y en uno de ellos, una vivienda situada en Uruguay 363, encontraron y detuvieron a Tartaglini.
Los otros procedimientos no tuvieron éxito. Entonces, la Cámara de Apelaciones de Morón solicitó la captura nacional e internacional de Pagés y Cortiletti.
Anoche, Nievas Woodgate dijo: "El fallo de la Cámara de Apelaciones de Morón deberá ser girado nuevamente a Casación para que ese tribunal decida sobre la condena de los tres imputados".
LA NACION se comunicó con el camarista Horacio Piombo, que aseguró: "Ahora que la causa estará en Casación podremos resolver el tema. Nuestra resolución se conocerá en los próximos 10 días".
Pedro Peralta había sido secuestrado el 10 de mayo de 1996 en Caseros, al noroeste del Gran Buenos Aires. Y su cadáver fue encontrado 21 días después en el interior de un tanque de combustible cubierto con cal viva y oculto en la casa de uno de sus presuntos homicidas.
El día del crimen, Peralta, que por entonces tenía 49 años y dos hijos de 15 y 20 años, había ido al taller de tornería de Cortiletti, situado en El Palomar.
Allí fue sorprendido por la banda de delincuentes que, a punta de pistola, lo secuestró.
Los peritajes determinaron que el industrial fue golpeado y luego introducido, aún con vida, en un tambor lleno de cal.
A las pocas horas, a pesar de que el empresario metalúrgico estaba muerto, los secuestradores llamaron a la familia y pidieron un rescate.
Entonces, la familia presentó una denuncia ante la policía. El caso quedó en manos de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de General Sarmiento, que comenzaron a rastrear las llamadas que recibían los familiares de Peralta.
Así, por sugerencia de los detectives, la familia acordó un lugar y hora para realizar el pago del rescate, a pesar de que los secuestradores se negaban a entregar la prueba de vida que solicitaban los familiares de la víctima.
Los asesinos de Peralta fueron detenidos cuando intentaban cobrar el dinero.
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