La herencia de la AU3

Hay un punto de inflexión en la postergada recuperación de la ex AU3. Se produjo en la concurrida audiencia pública de marzo de 1999, cuando se aprobó en segunda lectura la ley 324, que logró apaciguar los ánimos caldeados de los vecinos propietarios (frentistas) y los ocupantes (beneficiarios) de la traza. Además de expresarse cierta desconfianza mutua, ambos sectores tuvieron la sospecha de que sus representantes no los tenían en cuenta. La sancionada ley contemplaba un plan de recuperación patrimonial de la traza, la constitución de una Unidad Ejecutora, y las soluciones habitacionales, que permitirían a casi mil familias, censadas hasta ese momento, el acceso a una vivienda definitiva.

El hecho marcó el avance más importante y significativo de la demorada recuperación de la traza. A partir de entonces, siguieron innumerables reuniones en el Centro de Gestión y Participación N° 12, en la Comisión de Seguimiento de la Legislatura porteña, en la Unidad Ejecutora, en la que vecinos frentistas y beneficiarios, así como la mayoría de las entidades vecinales comprometidas en la búsqueda de una solución al problema, mostraron un alto grado de tolerancia y una madurez organizativa que evitó que las reuniones terminaran copadas por punteros políticos y asambleístas que se adjudicaban una representatividad, por lo menos, dudosa.

Los casi 10 años transcurridos desde la sancionada ley mostraron el escaso compromiso para delinear un proyecto urbanístico consensuado y nula voluntad política para resolver el problema. Sara Inés Lottigier, vecina de Echeverría al 4200, se cansó de enviar cartas a los diputados, sin lograr respuesta: "Conformamos un grupo de 40 vecinos de San Patricio –dice Lottigier–; por nuestra cercanía con la parroquia armamos una especie de cooperativa para instalar una garita de seguridad en Echeverría y Estomba, frente a la necesidad de generar una sensación de mayor seguridad en un sector del barrio que se ha ido degradando y por las noches se parece a una ciudad oculta. Ahora se han cercado varios terrenos, pero hemos visto que algunos han vuelto a ser intrusados".

Esta tarea y el desalojo de locales comerciales no autorizados en la traza parecen las únicas medidas tomadas hasta ahora por el actual gobierno porteño (las inquietudes transmitidas por LA NACION no fueron atendidas). "Mayores avances no hay –dice Alfredo Yornet, integrante de la Comisión de Seguimiento–. Se alambró para evitar nuevas ocupaciones y empezaron a recuperar locales comerciales en Donado al 1600, y en Donado y Virrey del Pino, un ex campo de deportes; se siguió con el desalojo de un taller de cuadros, Donado entre Virrey del Pino y La Pampa, y se espera que ocurra lo mismo con los 1000 m2 de una heladería sobre Holmberg. Lo prioritario es continuar con la desocupación de la traza, la reubicación de la gente, y activar la entrega de los créditos."

La cicatriz urbana nació en 1978, cuando Osvaldo Cacciatore, en ese entonces intendente de la Capital, proyectó la Autopista Central 3, que uniría el norte y sur de la ciudad. Después de las expropiaciones, el proyecto fue postergado y, con el tiempo, comenzaron las usurpaciones y los conflictos.

Un recorrido realizado el sábado último por el sector 5 de la traza, entre Congreso y avenida de los Incas, permitió corroborar los cercos perimetrales en Sucre y Donado; en Sucre, Donado y La Pampa; en la esquina de Echeverría y Holmberg, y en tres terrenos en Virrey del Pino, Sucre y Echeverría, entre Holmberg y Donado. Allí sólo dos operarios trabajaban removiendo las veredas, tarea que se cumple en cada uno de los terrenos cercados. En Holmberg y Olazábal también se alambró para la ampliación de la red pluvial. En todos se colocaron carteles con la dirección de la Unidad Ejecutora, con sede en Córdoba 5656.

La preocupación de los vecinos se basa en la falta de definiciones en la primera de las reuniones de la Comisión de Seguimiento, el 17 de junio último, y que por ley debe convocarse cada 60 días. "No nos dieron mayor información sobre el programa y nos dijeron que están discutiendo el proyecto de recuperación urbana, pero nos preguntamos con quién, si no convocaron a los vecinos ni a los legisladores ni a las organizaciones vecinales. Además, los funcionarios que están en la Unidad Ejecutora, tampoco han sido confirmados en sus cargos. Las obras de autoconstrucción están paradas y aún no se han escriturado las viviendas de Giribone 840 y 1330, y de Estomba 1148", dice Alberto Lacuesta, de la Asociación Sembrar Conciencia.

En febrero último, hubo un intento de ocupación en Holmberg y Blanco Encalada, pero la rápida actuación de los vecinos beneficiarios y residentes (se acercaron también miembros de la Sociedad de Fomento de Belgrano R), que alertaron sobre la situación a la comisaría 37a., evitó el asentamiento de unas 20 familias. Esta aceitada comunicación parece marchar a contrapelo de la escasa información que brindan legisladores y el gobierno porteño. De los legisladores consultados, sólo respondió el diputado Alvaro González (PRO), impulsor de un proyecto que coincide con el de la Asociación Vecinos por la Re-Urbanización de la Ex AU3 (AVRE), que propone la renovación integral de un parque público, un paseo peatonal y una avenida con bulevar, y asegura la identidad futura de la traza.

Más optimista, la arquitecta Beatriz Loria, en representación de la asociación AVRE, indica: "La solución definitiva se hace esperar, pero confiamos en pequeños avances, como la colocación del alambrado perimetral. Solicitamos estudios del tránsito con la reapertura de barreras y la posible construcción de viaductos –hasta tanto se defina el proyecto de bulevar–, y como medida a mediano plazo propusimos un rediseño morfológico del área por parte de Planeamiento, para evitar la confrontación de distritos de distinta densidad, que provocan enfrentamientos, o la vecindad contigua de casas bajas con edificios altos".

Todo parece indicar que la solución definitiva de la ex AU3 sigue sin estar, en lo inmediato, en la agenda pública. Hasta ahora todos los años se ha votado la prórroga de la ley 324, y el largo peregrinar de los vecinos por oficinas y pasillos de centros de gestión, Unidad Ejecutora y Legislatura es una clara demostración del compromiso asumido. Pero falta que las autoridades también den señales más claras, como esta gran deuda urbana y social exige.

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