La inseguridad, eje de un debate político en Uruguay

Por Hernán Cappiello Enviado especial
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31 de julio de 2005  

PUNTA DEL ESTE.– La residencia se levanta frente a un jardín prolijo, donde sobresale su nombre en un letrero: Calixto. A la izquierda, los ventanales dejan adivinar un living amplio, y a la derecha está el garaje, con una camioneta con patente brasileña. En el medio, el balcón del dormitorio principal. Por allí, de noche, se deslizó un ladrón que mientras dormían la dueña de casa y sus nietas se llevó diamantes y alhajas por 30.000 dólares de esa casa de Florencia y Avenida del Mar, casi en el barrio Marly, al lado de Beverly Hills, zona muy conocida por sus imponentes mansiones.

El robo se dio en medio de un debate político en Uruguay sobre la seguridad pública, luego de que el nuevo gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez realizó reformas que redujeron la posibilidad de hacer detenciones y cambiaron el trato de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. En Punta del Este, el nuevo intendente de Maldonado es Oscar de los Santos, también del Frente Amplio, y la jefatura de policía quedó a cargo de una mujer, la inspectora general Graciela López Machin.

Empresarios, comerciantes y la oposición coinciden en que la suba de los hurtos se dio, entre otros motivos, por el cambio en las leyes, aunque la Liga de Fomento de Punta del Este, el intendente y los ediles oficialistas lo niegan y adjudican el problema a la situación social. De todos modos, casi no hay delitos violentos ni homicidios. Sólo hurtos y arrebatos.

La denuncia del dueño de Calixto, un empresario brasileño, es una de las 490 que se recibieron durante junio en el departamento de Maldonado, que incluye a este balneario. Son 184 denuncias más que las recibidas en junio de 2004.

Los números indican que los hurtos subieron entre marzo y junio de 2005 un 32 por ciento con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. La jefa de policía prefiere destacar la baja del 22 por ciento que se dio entre enero y junio. "Desbaratamos bandas que hurtaban fincas y se recuperó lo robado. Punta del Este es la que tiene menos hurtos. En José Ignacio hubo solo 1 en tres años, en La Barra el problema es mínimo". En la jurisdicción de la comisaría de Punta del Este se dieron en junio 95 hurtos, en La Barra 12 y uno en José Ignacio.

En la Cámara Empresarial de Maldonado y Punta del Este son conscientes del cambio de color político. "Trabajamos para que Punta del Este vuelva a tener los niveles de seguridad de siempre", afirma José Zubillaga, su vicepresidente. "Aunque no pase nada, hay que tomar precauciones", dijo, y señala que el principal problema es el cambio de normativa y los menores.

Uruguay derogó un decreto que permitía detener y luego investigar. Ahora sólo se puede arrestar a alguien si está en flagrante delito o con semiplena prueba de su responsabilidad, con lo que bajaron los arrestos, pero aumentaron los procesamientos.

La ley de protección de jóvenes y adolescentes los responsabiliza desde los 13 años cumplidos y les impone penas alternativas, aunque hay centros de tratamiento donde están privados de su libertad. En Maldonado, en junio, la Justicia intervino en casos de 116 menores, 28 más que hace un año. Fueron internados 32, el doble del año anterior en el mismo mes.

La Cámara de Diputados sancionó una ley que favorece las salidas anticipadas de condenados. La presencia aquí de Juan Carlos Blumberg, descalificado por el ministro del Interior José Díaz, recalentó el debate político.

En los barrios residenciales las casas están vacías, aunque controladas con alarmas y vigiladores. La zona con más complicaciones es el barrio Parque Golf, cerca del asentamiento Kennedy, donde viven unas 2500 familias de escasos recursos.

"Con las nuevas leyes, los menores se sienten más protegidos. Si los perseguimos con un televisor, lo sueltan y nos dicen: «Ahora no nos podés detener». Cuando están presos, ellos salen primero y nosotros esperamos cinco horas para una declaración", se queja Diego Borda, gerente de la empresa de vigilancia privada Punta Systems.

"No hay un incremento del delito, pero sí una sensación térmica", relata Felipe Mercader, director de Máxima Seguridad, otra empresa de alarmas, que registra dos hurtos por mes entre sus clientes. "En Punta del Este hay que ser prevenido." ¿Y el cambio en las leyes? "Si la policía tiene respaldo político puede actuar, pero con una policía mal paga, complicada para cumplir un estatuto diferente, es difícil reprimir el delito."

Onorio -que prefiere no dar su apellido- es contador público y tiene su casa cerca del barrio Marly. No le robaron, pero intentaron hacerlo, por lo que colocó vidrios blindados y tiene dos ovejeros. "Soy precavido. No hay que dejar que se recaliente el problema. En el barrio contratamos un guardia que recorre la zona." Cree que hay un incremento en la sensación de inseguridad. "En parte, por el cambio de gobierno, porque para tener más seguridad hay que invertir".

Enrique Pérez Morad, intendente interino porque De los Santos está visitando Venezuela, señala que están formando una corporación para optimizar la distribución de los recursos que deja el turismo y que a pesar de que la seguridad pública no es un tema comunal, la intendencia aporta dinero para aumentar los patrullajes en la temporada.

"Estamos trabajando sobre las causas del delito, sobre la indigencia, la falta de valores, la marginalidad, el analfabetismo, la drogadicción", señala. "Con el cambio de gobierno, la gente denuncia más y se registran más los delitos, lo que se puede confundir con que ahora haya más ilícitos", afirma.

En la Junta Departamental, el presidente, un gremialista de la construcción que llegó con el nuevo gobierno, tiene otra idea. "Creamos la comisión de seguridad ciudadana. No creo que se agrave el problema de la seguridad; lo que hay es una nueva situación política. Los uruguayos necesitábamos cambiar. Esos cambios que tienen un dejo de revolucionario van a dar resultado", explica Milton Hernández en su despacho.

La otra mitad de los legisladores locales del Partido Nacional prefirió no hablar. Sí lo hizo su referente, el senador nacional Enrique Antía, que fue intendente de Maldonado cinco años hasta que perdió esta elección por el 1 por ciento de los votos. "Hay un cambio en la política de seguridad pública. Ahora es más light. En Maldonado, la policía identificaba a los que les parecían sospechosos y esto se suspendió. Las normas pueden significar que los delincuentes tiene más libertad para operar." Opinó que el otro problema es la minoridad. "Se está aflojando en el tipo de penalizaciones con los menores reincidentes. Están siendo tratados con mucha benevolencia." Claro que, como todos los consultados, no duda en afirmar que la seguridad de Punta del Este para la temporada está garantizada.

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