La inseguridad obliga a mayor gasto privado

Los porteños gastan en la prevención de delitos casi la misma suma de la que dispone la Policía Federal para combatir la inseguridad. Son alrededor de 580 millones de pesos, que engloban tanto los gastos hogareños en seguridad como aquellos que en perjuicio económico les provoca la delincuencia, contra 638 millones del presupuesto policial.

El estudio, denominado Observatorio Urbano, fue realizado por un equipo interdisciplinario de asesores del bloque de legisladores porteños de Nueva Dirigencia y establece que cada hogar ciudadano, del total de 1.023.464, gasta en promedio unos 233 pesos por año en alarmas, seguros contra robo e incendio, guardianes privados o rejas.

Respecto de los perjuicios que han sufrido los porteños, el informe asegura que en cada vivienda se registró en 1997 una pérdida en promedio de 333 pesos, como resultado de los hechos delictivos sufridos.

La sensación de inseguridad, algo que el termómetro de la intuición registra mejor que las frías estadísticas, se instala en cada rincón de Buenos Aires. Uno de cada cuatro encuestados reconoce haber sido víctima de un asalto o de otros delitos en el año último, pero menos de la mitad de los damnificados hizo la denuncia correspondiente en la policía.

Los políticos consultados, si bien aseguran conocer que la falta de seguridad es una sensación que flota en el aire rioplatense, critican la inclusión en los cálculos de las pólizas de seguros contra robo de automotores y de las viviendas.

Los números de la inseguridad

Los porteños gastan por año, en protegerse, casi una cifra similar al presupuesto que tiene la Policía Federal Argentina.

Para sentirse más seguros, para combatir domésticamente la ola de delitos que asuelan la ciudad, los habitantes de Buenos Aires gastan anualmente en alarmas, seguros, guardianes privados o rejas, para nombrar sólo algunos de los item, prácticamente la misma cantidad de dinero que tiene la Policía Federal como presupuesto anual.

El dato se desprende de un estudio realizado por el Observatorio Urbano, un equipo interdisciplinario que asesora al bloque legislativo porteño de Nueva Dirigencia, liderado por el ex ministro del Interior de Carlos Menem Gustavo Beliz.

Según el trabajo, la inseguridad genera para los habitantes de la ciudad "un impuesto negro de 580 millones de pesos, cifra que engloba los gastos extras que cada hogar porteño realiza en tareas de prevención del delito así como los perjuicios económicos por haber sido víctima de algún hecho criminal".

Las cifras, según el pormenorizado informe, surgen de contar que, de 1.023.464 hogares, cada uno gasta un promedio de 233 pesos anuales en prevenir delitos, esto es, 239 millones de pesos por año.

Además, "cada hogar sufrió en el último año un perjuicio económico promedio de 333 pesos, producto de haber sido víctima de algún hecho delictivo", dice la encuesta. Esto da una cifra final de 341 millones de pesos.

Sumados los números citados, se llega a los 580 millones de pesos anuales, lo que resulta prácticamente igual a todo el presupuesto que maneja en forma anual la Policía Federal Argentina: 638 millones.

¿Y la policía?

El informe hace un especial "aparte" con el ranking de las mejores y de las peores comisarías de la ciudad.

"Sobre un ideal de 10 puntos -dicen las conclusiones- sólo 7 de las 52 dependencias fueron calificadas por los propios vecinos con más de cinco puntos y solamente una pasa los seis puntos en preferencia." Del resto, 15 comisarías recibieron una calificación por debajo de los cuatro puntos.

De acuerdo con ese ranking, las mejores comisarías, según el voto de los vecinos -basado en el equipamiento, la coordinación de las policías Federal y de la provincia, la honestidad de los comisarios y el número de patrulleros, entre otras cosas-, son la 42a (Mataderos), la 15a (Retiro), la 34a (Pompeya), la 14a (San Telmo) y la 26a (La Boca).

Las peor conceptuadas son la 30a (La Boca), la 3a (Balvanera), la 43a (Floresta), la 27a (Villa Crespo), la 48a (Lugano) y la 25a (Palermo Viejo).

"Estos números -puntualiza el informe- arrojan una primera conclusión significativa: la creciente sensación de inseguridad (con su consiguiente exigencia de medidas de acción pública para prevenir el delito), radicada en barrios de la ciudad que hasta hace poco podían considerarse tradicionalmente seguros (ubicados en la zona norte de la Capital)."

Números poco halagüeños

En rigor, las anteriores no son las únicas malas noticias que contiene el informe de Observatorio Urbano y que padecen los vecinos de la Capital.

Por ejemplo:

• Más de siete de cada 10 porteños aseguran sentirse poco o nada seguros en la Capital.
• Los vecinos de Buenos Aires consideran que su policía es mejor que la bonaerense. En números se traduce así: el 30,3% de los porteños tiene una imagen positiva de la Policía Federal, mientras que sólo el 5% la tiene de la policía de la provincia de Buenos Aires.
• En cuanto a las herramientas básicas necesarias para el buen funcionamiento de una política de seguridad, los vecinos subrayaron el correcto funcionamiento de la Justicia, la honestidad, la adecuada formación académica de los policías y la eficaz persecución al tráfico de drogas.
• El 71% de los porteños conoce el número de comisarías de su barrio. El 60% sabe la dirección de la misma, pero apenas el 0,6% sabe el nombre del comisario.
• Según la encuesta, el 45% de los porteños estaría de acuerdo con que un interventor civil se hiciera cargo de la Policía Federal, mientras que el 37% se manifestó "poco o nada" de acuerdo con esta posibilidad.
• El 25,7% de los entrevistados reconoció haber sido víctima de un delito en el último año, y alrededor de la mitad de los damnificados (el 46,8%) prefirió no denunciarlos.
• Finalmente, nueve de cada diez delincuentes que cometió un delito en la ciudad de Buenos Aires (el 89,8%) tiene menos de 35 años. Las edades se distribuyen del siguiente modo: menores de 20 años (21,9%), entre 20 y 24 años (el 32%), entre 25 y 30 años (el 14,1%) y entre 30 y 35 años (el 21,9%).

El 50,8% de los vecinos no está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte, mientras que el 41,6% la apoya. La respuesta está dividida por status social: los niveles más bajos de la escala quieren la pena de muerte. Esta preferencia decrece en forma directamente proporcional con el poder adquisitivo.

"En cuanto al aumento de las penas como medio eficaz para combatir el delito -finaliza el informe-, el porcentaje que aprueba la medida para todos los delitos es del 70,4%, y sólo para algunos delitos es el 11,5%, mientras que otro 11,5% se manifestó en forma contraria a esta posibilidad", concluye.

Por Alejandra Rey

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