La lógica indica que algo no funciona bien en el actual sistema

Según el reporte mundial de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC en su sigla en inglés), para 2015 existían 183 millones de personas usuarias de cannabis en el mundo, Colombia y Paraguay, seguidos por Jamaica, eran los principales productores: 6000 toneladas de hierba de cannabis y 1300 toneladas de resina de cannabis eran interceptadas anualmente. Y sin embargo, el consumo crecía en ese momento y aún se mantiene en ascenso.

A diferencia de jurisdicciones como Inglaterra y Gales, donde el consumo desciende marcadamente, en Argentina la ratio de incremento de los secuestros de cannabis que hacen las fuerzas de seguridad bajo la dirección de los magistrados, seguidas por la variable pública y notoria de que cada vez es más fácil conseguir, y consumir, cannabis en lugares públicos, dan indicios razonables de que el fenómeno crece sostenidamente en vez de retroceder.

La falta de estudios estadísticos serios y confiables de consumo amplios en la Argentina también conspira para valorar el alcance del fenómeno y ponderar relativamente su impacto.

Por su parte, para la ley argentina la siembra o cultivo de semillas de cannabis y su comercialización se encuentran penados con entre 4 y 15 años de prisión, disminuyendo la pena a un 1 mes a 2 años si por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal (ley 23.737 artículo 5 y decreto 772/15 y modificatorios). Más allá de los reiterados cambios de doctrina que la Corte Suprema ha ido teniendo en la materia (referidos en los fallos Bazterrica, Capalbo, Montalvo, Arriola, este último que determinó la inconstitucionalidad de penar la tenencia de drogas ilícitas para consumo personal, y los vaivenes que seguramente vendrán), la lógica indica que algo no funciona bien en el actual sistema.

Para comprenderlo de manera holística: si la pena media para la producción de cannabis equivale en términos de condena a la pena mínima por homicidio (8 años) y tanto la cantidad de secuestros de cannabis cuanto el precio de venta al consumidor se incrementa sostenidamente conforme los propios informes gubernamentales, resulta un choque con la realidad poder comprobar diariamente que el uso abierto y público de cannabis en las ciudades está ampliamente permitido. Algo no cierra en la visión sistemática del fenómeno.

Un reciente artículo de TheWashington Post nos puso al tanto que Colombia busca posicionarse como el mayor proveedor mundial de cannabis legal. Una lógica comercial apoyada por las modificaciones normativas pertinentes, en orden a una coherente política con relación al cannabis.

A veces las respuestas son difíciles, y debemos conformarnos con encontrar las preguntas adecuadas; ¿está siendo coherente el gobierno de Argentina en su política con relación al cannabis? ¿Los consumidores sociales de cannabis que compran constantemente y alimentan al cruel fenómeno del narcotráfico, saben que lo están haciendo?

Se necesita una visión estratégica en el correcto sentido de la palabra y la decisión de una política clara de Estado en la materia, ambos aspectos que en nuestro país requieren todavía un mayor desarrollo.

El autor fue subsecretario de lucha contra el narcotráfico y fue consultor de la ONU sobre tráfico de armas

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