1
La madre de Corbalán acusa a la Gendarmería de ocultar pruebas
La mujer asegura que la fuerza encubrió las verdaderas razones de la muerte de su hijo.
1 minuto de lectura'
La madre de Ricardo Corbalán, el gendarme que murió en condiciones dudosas en abril de 1992 en el Centro Atómico Constituyentes, acusó a la fuerza de seguridad de montar una estrategia de encubrimiento para ocultar las verdaderas razones de la muerte.
Desde la cúpula de la Gendarmería Nacional, sin embargo, afirmaron que el hecho ocurrió tal como establece la instrucción que realizó personal de la fuerza.
Según los gendarmes, Ricardo Corbalán se habría suicidado el 16 de abril de 1992 mientras hacía guardia en la entrada principal del Centro Atómico Constituyentes.
Pero su madre, Erminda Corbalán, indicó que su hijo habría muerto por la intervención de un tercero durante la madrugada del día siguiente, y que el hecho se habría producido porque su hijo habría visto algo que no debía.
Los encargados de la investigación, que en ocho años no arrojó luz sobre este hecho, dijeron que aunque no hay elementos para decir que hubo intención de encubrir, las actuaciones del personal de la Gendarmería en las primeras cuatro horas luego de la muerte se demoraron más de lo habitual.
Nueve suicidios
"A una madre es muy difícil conformarla, sobre todo cuando se trata de la vida de su hijo", afirmó el comandante mayor Carlos Colombetti, secretario general de la Gendarmería, en un esfuerzo por comprender la tesonera pelea de la señora de Corbalán por conocer las verdaderas razones de la muerte de su hijo.
El año 1992 resultó particularmente fatídico en la fuerza, que actualmente integran cerca de 18.000 efectivos. Aunque habitualmente se producen suicidios, ese año ocurrieron nueve.
Oficialmente se informó que en 1991 tres hombres se quitaron la vida. En 1993, fueron cinco quienes tomaron esa drástica decisión.
Según explicó Colombetti, la soledad de los destinos alejados, de difícil llegada y con escasa comunicación con el exterior, es un motivo que favorece este tipo de situaciones.
Para el militar, la muerte de Corbalán, que tuvo un escenario distinto, podría explicarse por otras razones: "El suicidio no tiene explicación científica", dijo y agregó que de los nueve que ocurrieron en 1992, "en el 50 por ciento se determinó que fueron por causas familiares".
Erminda Corbalán aseguró que su hijo no presentaba ninguno de los síntomas típicos de un suicida en los momentos previos a la fatal decisión. "No estaba en la hondonada de una depresión, tenía novia y para la noche del 17 -que era el viernes de la Semana Santa de ese año- había programado una reunión con amigos", contó.
"Yo también pegué"
También recordó que tres meses antes de su deceso, a comienzos de enero de 1992, Ricardo, que entonces estaba en el escuadrón de seguridad de Ezeiza, había vuelto a su casa con una herida en la cabeza.
"No te preocupes que yo también pegué" le dijo a su madre entonces y luego, de un modo difuso, le confió que la herida fue fruto de una pelea con un superior porque él, mientras estaba en su puesto de guardia no había dejado ingresar a un grupo de personas que le resultó extraño.
Luego lo sancionaron "y lo mandaron una semana a casa", recordó la madre del gendarme muerto, que se preguntó: "¿Qué sanción es esa?"
Poco después, Ricardo pidió el traslado. "Por consejo de otro gendarme", dijo la señora Corbalán y explicó que ese compañero, en estado de ebriedad, le habría advertido que había "muchos gendarmes que habían desaparecido" y que era "riesgoso" para él quedarse.
Exactamente 40 días antes de su fallecimiento, el 8 de marzo de 1992, se produjo el traslado de Corbalán de Ezeiza al Centro Atómico Constituyentes.
Para la Gendarmería Nacional, la muerte de Corbalán es un tema que está casi cerrado: "Las actuaciones correspondientes han finalizado", indicaron voceros oficiales de la fuerza.
Tan es así, que a las primeras consultas de La Nación , se respondió que "el juzgado dictó el sobreseimiento acerca de la vinculación de cualquier otra persona con el hecho" y que ese fallo fue ratificado por la Cámara Federal de San Martín, pese a que la causa, en el Juzgado Federal N° 1 de Morón, no está cerrada.
El expediente ya estuvo en manos de tres jueces: Gerardo Larrambebere, Jorge Rabassani y, desde 1994, Raquel Morris Dloogatz. Esta última fue removida a mediados del año último y tiene un pedido de juicio político. Desde entonces, el juzgado está acéfalo y de las causas se encargan alternativamente los jueces Mario Rodríguez y Alberto Criscuolo.
Alejandro Váttimo, titular de la Secretaría N°4, que tiene a su cargo el caso, aseguró que ahora la causa "está a la vista del fiscal para que apruebe una ampliación de pruebas" pedida por la querella, es decir, los familiares del gendarme muerto.
Uno de los puntos por revisar sería la falta de coincidencia entre la versión de la Gendarmería y los registros en los libros de guardia.
Hasta 1994 el expediente tenía sólo dos cuerpos y dos sobreseimientos provisionales. El que dispuso Larrambebere -que entonces era profesor en la Gendarmería- fue primero ratificado por la Cámara Federal y luego revocado.
El siguiente lo dispuso Rabassani y fue rechazado: en su fallo, el alto tribunal aconsejó "escuchar a la querella". Quizá a la primera de estas medidas se referían en la Gendarmería. Durante la gestión de la hoy cuestionada Raquel Morris Dloogatz, el expediente creció hasta alcanzar 5 cuerpos.
La madre del gendarme muerto, sin embargo, cree que "no se investigó" debidamente y que los jueces mostraron una actitud dilatoria, "cuando no favorecieron a la Gendarmería", sugirió, en obvia referencia a Larrambebere y Rabassani.
En el juzgado negaron que haya habido presiones de la fuerza de seguridad para forzar el rumbo de la investigación. Váttimo dijo que inclusive la Gendarmería "se desentendió" del hecho una vez que se entregaron sus actuaciones.
Desde la fuerza, Colombetti dijo que la intervención está sujeta a revisión si la Justicia determina que que sucedió otra cosa: "Mientras tanto, nuestras actuaciones dan que fue un suicidio. Pero somos los más interesados en que esto se aclare", concluyó.
En 1998 el caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se reclamó por "retardo injustificado de justicia".
Últimas Noticias
"No tendrán nuestro silencio". Fuerte reclamo por los femicidios y contra el Gobierno en la movilización por el 8M
Ciudad. En pocos meses, cuatro fachadas fotografiadas para un libro sobre arquitectura desaparecieron o enfrentan su final
