La Pampa: absolvieron al juez de Faltas y a otras dos personas acusados de trata de personas

(Télam).- Un juez de Faltas de General Acha, La Pampa, y otras dos personas fueron absueltos hoy al cabo de un juicio oral en el que habían sido acusados de haber efectuado un aporte "esencial" en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual de al menos siete mujeres en situación de vulnerabilidad en un prostíbulo local.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el Tribunal Oral de Santa Rosa dictó la absolución del juez Sebastián Sancho (40); de la dueña del local "El Delfín", Marta Silva (45), y de su hijo, Carlos Silva (25), para quienes el fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía General Leonel Gómez Barbella había reclamado 10, 12 y 11 años de cárcel, respectivamente.

Durante la audiencia, que se desarrolló este mediodía, los magistrados dieron a conocer el veredicto absolutorio a los acusados -que llegaron libres al debate- y anunciaron que los fundamentos serán dados a conocer el 4 de mayo próximo.

La causa se inició en 2011 y el 11 de noviembre de ese año, tras un allanamiento que constató la presencia de mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución, la fiscal Marta Odessa ordenó la clausura preventiva del local, ubicado sobre la ruta 152, kilómetro 27,5 de General Acha.

De acuerdo a la acusación fiscal, Sancho, en su carácter de juez regional de Faltas desde 2006, "dispuso en tiempo récord y sin tomar el mínimo recaudo legal el levantamiento de la clausura, lo que permitió que continuara el desarrollo de la actividad delictiva que allí tenía lugar".

En función de ello, Gómez Barbella hizo referencia a las obligaciones que tiene el Estado argentino en los hechos de corrupción de un funcionario público al haber adherido a instrumentos como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de la ONU .

Luego, requirió que sea condenado por su "participación necesaria" en los hechos a la pena de diez años de prisión, ya que sin su "esencial" aporte, el local "El Delfín" no podría haber continuado con la conducta delictiva.

Con respecto a los Silva, el funcionario judicial había expresado en su alegato que fueron coautores de corrupción agravada por el empleo de amenazas en concurso ideal con trata de personas en modalidad de traslado, recepción y acogimiento.

En la misma causa hubo dos funcionarios públicos investigados: María Elena García y Luis Javier Bassa, quienes se desempeñaban como intendenta de General Acha y exsecretario de Gobierno del municipio, respectivamente, pero ambos fueron sobreseídos.

Esta decisión fue apelada por la fiscalía, pero en 2015 la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida y en 2016 se declaró extinguida la acción penal por prescripción de los delitos.