La verdadera historia de un juez con amistades que lo comprometen

Hoy, hace exactamente una semana, se desató el flamante escándalo que conmueve a la Justicia y preocupa al Gobierno. Pero el origen del affaire se remonta a un mes y medio, cuando apareció tirado en la ruta, cerca de Zárate, un hombre ensangrentado.

El domingo último, La Nación informó que el juez federal Norberto Oyarbide había sido denunciado por amenazas por Zineddine Rachem, recepcionista del restaurante El Mirasol de la Recova, un sitio frecuentado por empresarios y políticos del menemismo, donde el magistrado en apuros iba a comer casi todas las noches.

En siete días, Oyarbide cosechó dos pedidos de juicio político por mal desempeño en sus funciones y la posible comisión de delitos, y un sumario administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Las inclinaciones sexuales del magistrado fueron temas de discusión en radio y TV. Algo nunca visto.

Mañana, Oyarbide se presentará ante los diputados que pueden poner punto final a su carrera judicial, iniciada en 1976, y tendrán en sus manos -como lo advirtió el legislador porteño Aníbal Ibarra- un caso que pueda echar luz sobre las promiscuas relaciones que se plantean, en algunos casos, entre jueces y policías.

El lugar tiene un antecedente luctuoso, fue el escenario de la última cena del empresario de la noche Leopoldo "Poli" Armentano, antes de que lo asesinaran en la vereda de su casa, en Palermo, el 20 de abril de 1994. Allí trabaja Zineddine Rachem, argelino, ingeniero, soltero que, pese a su formación universitaria, se dedica a abrir la puerta a los comensales de El Mirasol de la Recova, en Posadas 1032.

Hace tres años, Zineddine y Oyarbide se conocieron en la parrilla, pero la amistad se rompió hace tres meses. Según dijo el recepcionista en la Justicia, el motivo de la ruptura fue una propuesta del magistrado para mantener relaciones íntimas que él rechazó.

El sábado 25 de abril último, Oyarbide, pasadas las 22, entró en el restaurante y se dirigió a una mesa en la que estaban sentadas tres personas, una de las cuales sería un ex funcionario del Ministerio de Defensa. Lo saludó y fue hasta el mostrador, donde le dio un beso al cajero.

Luego, ofuscado, se plantó frente a Zineddine Rachem y, mientras agitaba el dedo índice frente a su nariz, le dijo: "Te quedan 48 horas de vida, sos un hombre muerto". Repitió la frase en dos oportunidades.

Muy enojado, se fue al restaurante situado en la acera de en frente, Jan Toky, donde cenó comida vasca con un empresario y tres mujeres.

El argelino no se tomó la intimidación a la ligera. Relacionó la amenaza con el ataque sufrido por Luciano Garbellano en Zárate, el 24 de marzo último, a quien conoció hace dos años, también en El Mirasol, luego de que se lo presentara el propio Oyarbide.

Al día siguiente conversó con un abogado de su comunidad, que le aconsejó que buscara protección en la Justicia.

-Acá te mando a alguien que no sé si llega vivo-, le dijo el letrado a su cuñado, el fiscal José María Campagnoli.

Minutos después de las 16, Zineddine Rachem subió por ascensor los nueve pisos del edificio situado en Cerrito 536 y se presentó en la Fiscalía de Instrucción Nº 33, a cargo de Campagnoli. Con la presencia del secretario Ignacio Rodríguez Varela, comenzó a contar su historia, pero aclaró que no quería hacer una denuncia formal.

Ya era tarde. No se trataba de una charla con amigos. Los hechos que había relatado durante tres horas eran de enorme gravedad y abarcaban una amplia gama de posibles delitos de acción pública, que no podían ser ignorados por los dos funcionarios del Ministerio Público.

Las imputaciones contra Oyarbide que surgían de sus dichos eran:

• La amenaza de muerte en su contra, relacionada con el conocimiento de que Zineddine Rachem tendría sucesos de la vida privada del magistrado que habían quedado registrados en un video.
• Haber actuado como instigador del secuestro y las lesiones con armas de fuego que habría sufrido Garbellano, supuesto autor de la filmación, empresario del sexo y conocido de ambos.
• La participación en dos locales en los que se ejercía el comercio carnal.
• La evidencia de un nivel de vida, gastos y bienes que no guardarían relación con sus ingresos como juez.

Asimismo, la presunta víctima de la amenaza había deslizado que el magistrado podría haber sido víctima de un chantaje, a partir del conocimiento que terceros tendrían de actos de su vida íntima, registrados en la cinta supuestamente filmada en el club para hombres Spartacus, situado en Agüero 1916 y regenteado por Garbellano.

Eran las 20.24. Zineddine ya se había demorado más de los que pensaba. Y cuando llegó tarde a su trabajo no lo hizo solo. Un efectivo de la Prefectura Naval tenía a su cargo cuidar al hombre que acababa de comprometer a un juez federal porteño, conocido por sus excelentes vínculos con la Policía Federal y el Ministerio del Interior. Esa misma noche comenzaron a desfilar por la fiscalía los compañeros de trabajo de Zineddine, que habían sido testigos de la intempestiva visita de Oyarbide -47 años, soltero, vive con su madre- a su parrilla predilecta.

Ariel Alejandro Noya, Marcos Avila, Aníbal Duarte, Pablo Cabrera y Hernán Méndez Bressan ratificaron -palabras más, palabras menos-, lo que había dicho el recepcionista.

Todos coincidieron en que Oyarbide tenía una mesa reservada, ya que iba a comer allí casi todas las noches y que hasta hace un mes y medio tenía una relación de afecto con Zineddine Rachem. Recordaron que un joven de unos 30 años llamado Luciano (Garbellano), lo acompañó varias veces en su mesa.

Algunos de ellos señalaron que el juez había comentado en alguna ocasión que "estos dos me quieren extorsionar", en tácita referencia a Luciano y a Zineddine. Pero que no pensaron que esto pudiera llegar a concretarse debido a que se trataba de un juez.

Para quienes se encargaban de atenderlo a diario no pasaba inadvertido que Oyarbide exhibiera ostentosamente un reloj y varias pulseras de oro.

Después de haber recibido los testimonios, disponer la custodia del denunciante y pedir informes a Zárate, Campagnoli presentó las actuaciones en la Cámara del Crimen.

El sorteo determinó que fuera el juez de instrucción Fernando Rodríguez Lubary -un hombre de bajo perfil, formado en la vieja escuela judicial- el responsable de investigar a su colega.

Después de leer la veintena de fojas del recién nacido sumario, Rodríguez Lubary se declaró incompetente con el argumento de que se trataba de un funcionario público y, en consecuencia, debía investigarlo la justicia federal.

Por la apelación de la fiscal Graciela Bugeiro, la causa llegó a la Sala IV de la Cámara del Crimen, donde todavía está a la espera de una resolución de los jueces Carlos Gerome, Eduardo Valdovinos y Alfredo Barbarosch.

Todo pasó muy rápido. La Nación publicó la denuncia contra Oyarbide y las reacciones fueron inmediatas.

El ministro del Interior, Carlos Corach, se distanció del juez e intentó relativizar la gravedad de la denuncia. El titular de la cartera de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, en cambio, llevó la discusión al plano de las preferencias sexuales de los funcionarios. Y, adrede o no, dijo una frase que mereció el rechazo inmediato de casi todos: "Yo no votaría a un homosexual como juez".

Mientras tanto, el episodio dividía a los colegas de Oyarbide: algunos aseguraban que debía renunciar y, otros, que sus contactos en el Gobierno harían lo necesario para mantenerlo en el cargo. También había quienes sostenían que la cuestión no debía ser siquiera discutida porque hacía a un asunto de su vida privada.

Dos días después, cuando los funcionarios se llamaron a silencio, el juez enfrentó a los cronistas y vio como se convertía en rutina que cada mañana lo esperaran en la puerta de su casa, situada en Rodríguez Peña 1978, a sólo tres cuadras del escenario de la supuesta amenaza.

Ese mismo día, la versión conspirativa comenzó a recorrer pasillos de la Casa Rosada, el Congreso y los Tribunales. Se señalaba al abogado Mariano Cúneo Libarona (h.) como el mentor de la maniobra.

El jueves último quedó plasmada en una denuncia por extorsión que Oyarbide presentó ante la Cámara Federal, y por sorteo quedó en manos de su colega, el juez federal Carlos Liporaci (ver nota aparte).

El año último, el letrado había estado dos meses detenido por orden de Oyarbide a raíz de la sustracción de un video en el que se veía al juez federal Juan José Galeano dialogando con el reducidor de autos Carlos Alberto Telleldín. Se hablaba allí sobre el pago de un anticipo sobre la extraña publicación de un libro que escribiría el primer detenido por el atentado contra la AMIA.

Quienes suscriben esta teoría quizás desconocen que el fiscal de Cámara Norberto Quantín, superior de Campagnoli e impulsor de esta pesquisa, tuvo que ver con el final de la carrera judicial del hermano menor de Cúneo Libarona (h.).

El joven letrado, Rafael Cúneo Libarona, renunció a su cargo en el Juzgado de Instrucción N° 30, a cargo de Héctor Yrimia, luego de que Quantín pidiera su cesantía por la supuesta pérdida de pruebas en una causa en la que se investigaba por estafa a la empresa Lo Jack, que tiene un contrato con la Policía Federal para recuperar autos.

A pesar de los reiterados intentos de La Nación por entrevistar al fiscal Campagnoli, durante la última semana sólo se le pudo sacar una frase: "Pensar en una conspiración es un disparate; en todo caso, la conspiración era el silencio".

En lo más alto del Poder Judicial parecían estar desorientados. "No vamos a hacer nada porque es un caso mediático", dijo a La Nación un vocero de la Corte Suprema el lunes último.

Sólo cuando se le recordó que desde hacía seis días existía una denuncia judicial contra Oyarbide, el presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno, reaccionó y ordenó la apertura de un sumario administrativo contra el juez.

Tal vez más sensibles al estupor generalizado que había desatado el caso en la sociedad, los diputados de la oposición actuaron con celeridad y presentaron dos pedidos de juicio político contra el magistrado, el martes último.

Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Alfredo Bravo, de la Alianza, y Guillermo Francos, de Acción por la República, consideraron que Oyarbide debía rendir cuentas para mantener sus fueros. Mañana, el juez tendrá la oportunidad de explicar en el Congreso cómo se convirtió en el protagonista del escándalo judicial de 1998.

Por Rafael Saralegui (h.) <br/> Con la colaboración de Laura Zommer

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