Lanusse abandonó la causa del oro

"Creo que la mafia no ganó. A pesar de todas las amenazas y las agresiones que sufrió mi familia seguí adelante con el caso hasta que se pidieron las 62 indagatorias y embargos de los imputados en la causa por presunta evasión fiscal con embarques de oro", expresó a LA NACION el ex fiscal federal Pablo Lanusse.

El hombre del Ministerio Público se alejó ayer de la fiscalía federal N° 9 que durante el último año impulsó la investigación por la millonaria defraudación con las exportaciones de oro y desempeñará, en la fiscalía de Instrucción N° 4.

La resolución fue publicada en el boletín oficial el Boletín Oficial y fue tomada por el ministro de Justicia Elías Jassan, a pedido del fiscal.

El fiscal justificó su solicitud de traslado por el "cansancio físico y anímico" que le produjo la instrucción de la causa, cuya actuación le significó ser víctima de amenazas y lesiones junto a otros integrantes de su familia.

Lanusse dijo que mientras intervino en la investigación pudo actuar libremente y sostuvo que para pedir el traslado tuvo en cuenta la "angustia" que a su núcleo familiar le provocaron los hechos intimidatorios de los que fue objeto.

Mafia e intereses riojanos

La llamada causa del oro comenzó a mediados del último año, cuando el juez federal Jorge Ballestero recibió la denuncia por una posible defraudación de entre 17.000.000 y 25.000.000 de pesos en perjuicio de la Dirección General Impositiva.

Después de seis meses el sumario pasó a la fiscalía federal N°10, en la que se desempeñaba Pablo Lanusse, donde se acopió gran cantidad de documentación, se realizaron más de 15 allanamientos a bancos y empresas y se investigaron los movimientos de varias cuentas.

La causa había sido investigada en principio por el juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia, quien trató de averiguar si determinadas empresas importaban barras de oro, que luego eran manufacturadas y recibían reintegros, debido a la existencia de una legislación que promovía esa actividad.

La Argentina nunca fue un país productor ni exportador de grandes volúmenes de oro, pero a partir de 1993 los índices en ese rubro crecieron notablemente. Las operaciones aumentaron de los 59.000.000 de dólares en 1993 a 502.000.000 en 1995, según un informe del Instituto de Desarrollo Industrial.

El procedimiento que llevaban adelante las empresas imputadas era el siguiente: inventaban proveedores ficticios que les proporcionaban facturas apócrifas, por servicios que nunca habían prestado, y que servían para incrementar el valor de las piezas de oro que después importaban. Después se dirigían a la DGI y con esas boletas falsas pedían el reintegro del 15 por ciento que les correspondía por ley.

El fiscal Lanusse advirtió un "obrar mafioso" que intentaba impedir el avance de las investigaciones de las defraudaciones a la DGI vinculadas con las exportaciones de oro. La millonaria estafa parecía ocultar una larga lista de personajes vinculados al gobierno, ya que entre las firmas investigadas había "intereses riojanos".

Los fiscales Lanusse y Miguel Ossorio procuraban investigar esta maniobra desde dos ángulos: para determinar si una de las firmas imputadas había aprovechado un régimen de promoción de exportaciones, obteniendo indebidamente reintegros del IVA y para averiguar si esas operaciones se relacionaban con el lavado de dinero.

Así fue que la causa del oro interesó al gobierno de los Estados Unidos que, mediante su Administración de Aduanas, solicitó información a nuestro país.

A fines de noviembre último, el fiscal Ossorio y un equipo de cinco fiscales coadyuvantes, solicitaron al juez federal Jorge Ballestero que indague a 62 ejecutivos de varias empresas y a funcionarios de la DGI por irregularidades en los reintegros a las exportaciones de oro. Ayer, se supo que las indagatorias se realizarán en febrero próximo.

Una larga lista de intimidaciones

Lanusse debió padecer varias agresiones hacia él y hacia su familia, por estar vinculado a la llamada "causa del oro", investigación de la cuantiosa estafa a la DGI por el cobro de reintegros de exportaciones de oro.

- 5 de febrero de 1996: Un desconocido que manejaba una moto interceptó a Lanusse en plena calle y le cortó la cara y un brazo con una navaja. Días antes había recibido amenazas telefónicas en su domicilio, en su despacho y en la casa de su madre.

- 21 de junio de 1996: Un encapuchado abordó el automóvil de Patricia Lanusse de Rawson, hermana del fiscal, la apuntó con una pistola y la obligó a tomar la ruta 25 en dirección a Moreno.

En un descampado el agresor le marcó el cuello con un alambre de púas y la hirió en la espalda, las manos y las piernas. Luego, mientras la apuntaba, la obligó a escribirse "bien fuerte" la palabra oro en la frente.

Por aquel entonces, la causa tenía más de 1500 fojas y el fiscal estaría a punto de poner al descubierto a una organización delictiva. "Situaciones como las que padezco desde que me hice cargo de la causa y la cobarde agresión contra mi hermana, agravian a la democracia y a la República", expresó Lanusse.

La policía nunca encontró al hombre que atacó a lanusse, a pesar que se difundió un identikit del agresor. Tampoco pudo hallarse al atacante de su hermana.

- 3 de julio de 1996:Pese a la protección policial, un jeep con dos o tres personas apuntaron con escopetas a Rubén Maral, custodio de la Policía Federal que cuidaba de la sobrina de Lanusse, Patricia Ofelia Rawson, hija de la hermana antes atacada.

- 23 de julio de 1996: El fiscal recibió un nuevo golpe: a su hijo de casi tres años le prohibieron la entrada al jardín de infantes al que concurría.

La directora del establecimiento El Principito, Alejandra Malenchini, justificó la medida como una forma de "garantizar la seguridad de todos los chicos". Una falsa amenaza de bomba en el jardín de Tomás fue la causa de esta decisión.

Los padres de los otros niños se solidarizaron con la familia Lanusse y firmaron una declaración titulada "Todos Somos Víctimas". El ombudsman porteño, Antonio Cartañá, calificó de discriminatoria la actitud de la institución educativa.

Las reiteradas intimidaciones y agresiones a Pablo Lanusse y a sus familiares ponen de manifiesto la importancia de los intereses que afecta la investgación que el fiscal llevaba adelante.

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