
Las faltas de tránsito que casi no se cobran
Tocar bocina en lugares donde está prohibido y no dar paso a los peatones se multan con hasta $ 2000
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Tocar la bocina en lugares donde está prohibido, circular con vidrios tonalizados (que no permiten el paso del 70 por ciento de la luz en el caso de los laterales y del 75% en el del parabrisas), no respetar la prioridad de paso de los peatones o que estos últimos no crucen las calles por las esquinas, son infracciones de tránsito que, rara vez, son sancionadas. Sin embargo, el Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, en su capítulo de tránsito las incluye, con multas que van desde los 50 pesos a los 2000 pesos, según el caso.
En el gobierno porteño explican que esto ocurre muchas veces porque la policía, que es la encargada de los controles, no tiene "internalizadas" esas faltas. "Uno de los problemas es que no tenemos el poder de policía para sancionar estas infracciones. La Ciudad debe hacerlo a través de la Policía Federal que, a veces, no tiene internalizadas estas faltas", aseguró la secretaria de Seguridad Vial porteña, Leticia Piris.
Por el uso indebido de la bocina, por ejemplo, las multas van de 50 a 500 pesos; por no respetar el cartel de "pare" las sanciones van de 100 a 1000 pesos, y por no dar paso a los peatones, las multas pueden llegar hasta los 2000 pesos en el caso de que el infractor sea el conductor de un transporte de cargas.
En la Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad reconocen que esas multas se labran con mucha menos frecuencia. Y explican que se encuentran en el rubro "otras", a las que corresponde el 25 por ciento de las que se cobran en esa cartera.
Cabe recordar que, por año, se realiza un promedio de 593.000 infracciones, por las que ingresan unos 22.000.000 de pesos.
Piris agregó que ayudaría mucho que los cursos y la capacitación para aplicar las normas de tránsito estuvieran a cargo del gobierno, pero aclaró: "Aunque sería bueno que la capacitación la hiciéramos nosotros, reconozco que la relación con la policía está cambiando y es por eso que pensamos adelantar la campaña del uso obligatorio del cinturón de seguridad a los barrios e incluir a las 54 comisarías de Buenos Aires".
Para controlar las calles, la policía cuenta con 3000 efectivos. Cuando se hace algún operativo específico, se contrata policía adicional.
Piris destacó que existe un factor que es determinante a la hora de entender por qué el tránsito porteño es un caos. "El tema es que el control por parte del Estado es visto, muchas veces, como un opresor. La gente cree que sancionar por esas faltas es atentar contra sus libertades individuales. Y no es así, nosotros, al controlar, cuidamos su vida y la de los demás."
La asociación civil Luchemos por la Vida pone el foco en las campañas de educación y prevención. "Tienen que tener una continuidad en el tiempo. Lo que ha pasado es que muchas veces se interrumpen y, después, las conductas no se cambian", dijo Alberto Silveira, presidente de la asociación.
Licencias
En ese sentido, en agosto último se realizó una auditoría en la Dirección General de Educación Vial y Licencias, el organismo que entrega las licencias de conducir. Según las conclusiones de ese informe "la carencia de una estructura organizativa adecuada genera confusión y superposición de roles, que impacta en los objetivos del organismo. [Se determinó que existe] información mal organizada y que se entregan más de 13.000 licencias a personas que no realizan los cursos de información vial".
Néstor Bilancieri, titular de esa dirección, que anualmente entrega más de 30.000 licencias de conducir por año, negó esta situación. "Eso no es verdad. Los cursos de educación vial son obligatorios y los hacen todos los conductores que solicitan un carnet", dijo el funcionario.
Sin embargo, reconoció que la informatización de la información que allí se guarda ayudaría a la celeridad y continuidad de los trámites, especialmente cuando se solicitan las renovaciones.
Según el funcionario, se pidió una partida de 350.000 pesos para cumplir ese objetivo y se evalúa su inclusión en el presupuesto que actualmente está en tratamiento.
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