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Las notificaciones judiciales, por correo
Reemplazarían a los oficiales notificadores por carteros; los gremios se oponen
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LA PLATA.- La eventualidad de que las tareas de los oficiales de Justicia queden en manos de empleados de una empresa privada de comunicaciones encrespó los ánimos en esta capital y, por lo que se sabe, en todo el ámbito judicial de la provincia.
El titular del Colegio de Abogados de La Plata, Carlos Andreucci, presidió un inquieto plenario en el que se puso sobre el tapete la oferta de Correo Argentino a la Suprema Corte de Justicia de la provincia para reemplazar la actual Oficina de Mandamientos y Notificaciones por los servicios de una subconcesionaria.
El gremio Asociación Judicial Bonaerense reclamó desde un volante: "Los notificadores judiciales serán reemplazados por carteros". En la Corte se intentó restar dramatismo al tema: "Correo Argentino tiene un vínculo con el Poder Judicial, ya que está a cargo de toda la correspondencia ajena al tráfico jurídico."
Algunos letrados, sin pelos en la lengua, sostuvieron que se está "ante un sostenido lobby que sólo será bueno para Franco Macri" (el concesionario con Encotesa de la función postal estatal). Se destacó que la oficina cuestionada "no anda bien desde hace tiempo y tiene cada vez más trabajo, porque ahora los jueces mandan notificar todo y más de una vez".
Las primeras conclusiones fueron:
- Correo Argentino tiene, por ley nacional, el exclusivo poder de comunicación fehaciente que tenía el servicio oficial.
- El sistema de notificaciones judiciales y las actuaciones de los oficiales de Justicia son cuestiones de resorte procesal, un derecho que sólo la provincia puede ejercer.
- En último grado, habría que modificar el Código Procesal Civil de la provincia, tarea que compete al Poder Legislativo y no a la Corte.
- La comparación económica entre el trabajo de la oficina y el de la agencia de correo (que se ofrece a razón de entre 4 y 6 pesos por diligencia, todo incluido) es peligrosa para la seguridad de los actos jurídicos.
La conclusión general: sería absurdo medir el sistema por sus costos económicos y debe haber una diferencia sensible entre una prestación pública y el Servicio de Justicia.
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