Los abusos en Mendoza: una larga cadena de complicidades

MENDOZA.- ¿Habrá pensado en el jardín del edén el paisajista que diseñó este parque tan esmerado? Aquí, en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo, una escuela católica para chicos sordos, en medio de bosquecitos de cipreses, palmeras, rosas de todos los colores y primorosos jazmines enredados en glorietas de ensueño se guardó hasta hace pocas semanas uno de los secretos más terribles de la provincia.

Alumnos hipoacúsicos o no oyentes, con grandes dificultades para expresarse, fueron abusados sexualmente durante años. Chicos doblemente vulnerables, que no podían denunciar lo que vivían. Hoy están detenidos dos sacerdotes, un monaguillo y dos empleados.

El gran parque cuidado hasta el detalle, las macetas con malvones en flor y hasta la escultura de la Virgen María que parece bendecir con su mirada desde el jardín, todo contrasta con los testimonios que sacuden a la sociedad mendocina y reavivan las críticas contra la Iglesia por los reiterados casos de curas pederastas.

¿Fue en estas rejas del portón interno donde los hoy detenidos ataron a una alumna para turnarse en violarla repetidas veces? ¿Era ésta el área del albergue donde obligaron a ese alumno a forzar sexualmente a sus compañeros? ¿Es ésta la llamada Casita de Dios, suerte de capilla donde se cometían la mayor parte de los abusos? Los detalles surgen de relatos coincidentes entre los más de 23 ex alumnos que le han contado su historia al fiscal Fabricio Sidoti.

Cinco miembros de esta comunidad escolar -los curas Nicola Corradi, de 82 años, y Horacio Corbacho, de 55; el monaguillo José Bordón, y dos empleados, José Luis Ojeda y Armando Gómez- están presos en el penal provincial de Boulogne sur Mer. La magnitud del escándalo llevó al arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, a emitir dos comunicados y a dar una conferencia de prensa en la que difundió medidas para enfrentar el problema que tanto daña la imagen de la Iglesia y en la que expresó el argumento central de su diócesis: el instituto pertenece a la Obra San José; sus autoridades no dependen del arzobispado, sino de la congregación religiosa con sede en Verona, y nada se sabía de los antecedentes de los sacerdotes.

Se entiende la premura en dar explicaciones. Mientras el papa Francisco habla de "tolerancia cero", la causa del Próvolo ya salpicó al arzobispado de La Plata: un ex alumno que declaró en Mendoza denunció abusos sufridos cuando era chico en la sede platense del instituto, donde se desempeñaba Nicola Corradi. El otro cura, Horacio Corbacho, también había cumplido funciones en La Plata de 2007 a 2015. Tras una compulsa librada por la justicia de Mendoza, se abrió una causa en esa ciudad en la que el fiscal Fernando Cartasegna reúne nuevas denuncias.

"Los chicos tenían miedo y vergüenza y necesitaban intérpretes para hacerse entender, pero de a poco empezaron a hablar y cuando vieron que los curas iban presos y la cosa iba en serio se atrevieron más", dice el fiscal Sidoti. Hoy, son 13 los ex alumnos que dieron testimonio oficial, son los pilares de la causa judicial, mientras se espera que más chicos se atrevan a declarar (el fiscal estima en cerca de 60 las víctimas totales) y se usa la cámara Gesell para los testimonios de los que aún son menores. La mayor parte de los casos hasta ahora son de entre 2006 y 2008, pero estarían empezando a aparecer testimonios actuales.

"Se escudan detrás de Dios, pero le clavan un puñal por la espalda a la Iglesia", dice la madre de otro ex alumno que, cree, no fue abusado (aunque no le hizo exámenes clínicos), pero fue víctima de maltratos. "Están matando a la religión y los católicos tendremos que cargar con eso. El arzobispado de Mendoza no podía no saber. Se están lavando las manos, son los Poncio Pilatos de esta época", añade.

Como el resto de la comunidad, los padres -que ya hicieron una marcha el 2 del actual en el centro de esta ciudad para pedir justicia- descubren ahora que Corradi arrastraba denuncias por crímenes sexuales en el Instituto Próvolo de Verona entre 1950 y principios de los 80.

En lugar de sancionarlo, se le facilitó su ingreso en la Argentina en 1984 para seguir trabajando con niños en el Instituto Próvolo de La Plata, desde donde llegó a Mendoza en 1997. Cuando, en 2009, sus víctimas de Verona exigieron que la Santa Sede reconociera el delito (los hechos ya habían prescripto para la justicia), el tema fue ampliamente difundido por los medios. El caso de Corradi nutre desde entonces las estadísticas de BishopAccountability.org, el mayor registro mundial de documentación sobre religiosos pederastas, surgido tras el escándalo con la Iglesia de Massachusetts que motivó promesas de cambio desde el Vaticano.

La institución eclesiástica no es la única cuestionada. En las escalinatas de los tribunales provinciales, sobre la calle Patricias Mendocinas, el procurador general, Alejandro Gullé, y el fiscal Fabricio Sidoti, confirman a LA NACION que la investigación tiene muchas direcciones. "Además de la causa penal -explica el jefe de los fiscales-, investigamos las responsabilidades civiles. Hay un pedido de informes a los fiscales que en 2008 habían recibido una denuncia y no la impulsaron, y pedidos de informes a la Dirección General de Escuelas (DGE) y a las áreas de Salud y Desarrollo Social del gobierno para determinar responsabilidades. También es una posibilidad que el arzobispo Franzini tenga que venir a declarar para explicar qué sabía y qué no sabía el arzobispado."

El tema ha tenido tal impacto político en la provincia que en la entrevista con la Dirección General de Escuelas, en el primer piso de la Casa de Gobierno, nos espera el gabinete completo del director Jaime Correas. Nadie puede dar respuesta a la pregunta más obvia -¿cómo se les pudo escapar algo así?, ¿qué pasó con las supervisiones?-, y la mera pregunta hiere susceptibilidades. Pero se entiende que la complejidad administrativa del instituto requerirá más tiempo para dar respuestas. Mientras comenzó el sumario interno y se han tomado medidas, volvió a abrirse la escuela para dar un cierre ordenado al ciclo lectivo y se dispuso la instalación de una sede de supervisión y control en el establecimiento, para que los padres puedan acercarse con más facilidad, y de un equipo de psicólogos e intérpretes, para dar contención a alumnos y familias.

La justicia provincial tampoco quedó en un lugar muy cómodo desde que se conoció que, en 2008, Cintia Martínez, madre de un entonces alumno de la institución, había hecho una denuncia en la que anticipaba las líneas principales de la tragedia. Por teléfono desde su casa, porque no quiere fotos ni dar el nombre de su hijo ni hacer nada que vuelva a exponerlo después de lo que sufrió, cuenta que cuando, a los 10 años, su hijo pasó al régimen de albergue en el instituto empezó con comportamientos extraños, se flagelaba, se lastimaba para no ir a la escuela y tenía imprevisibles ataques de ira.

En el lenguaje de señas que ella lo alentó a aprender (aunque en el instituto no lo aprobaban), su hijo le contó lo que pasaba. Bordón los obligaba a practicar sexo oral entre ellos y hacía que otro compañero lo sometiera. Un día trajo a su casa un dibujo obsceno que terminó de despejar las dudas. La madre habló con las autoridades del colegio, habló en reuniones de padres, se presentó ante la DGE, fue a la fiscalía. Nadie le dio curso a su denuncia (¿temor, indolencia burocrática, algún prejuicio social que puso en duda la palabra de una madre tan joven y humilde?) y ella se limitó entonces a proteger a su hijo: lo retiró de la escuela. Pero no puede dejar de pensar en cuántos chicos podrían haberse salvado. Las fojas de ese expediente anémico que nunca avanzó fueron incorporadas a la causa principal que dirige Sidoti, y la apatía de la fiscal Claudia Ríos es motivo de una investigación interna.

El muro de silencio empezó a resquebrajarse hace apenas tres semanas. Que hoy sí los abusadores estén entre rejas y el entramado de responsabilidades bajo sospecha se debe a un hecho casi fortuito, un movimiento aleatorio que, esta vez, encontró una decidida voluntad política de investigar.

El 18 de noviembre, durante un acto en la Legislatura provincial, Luis Battistelli, del Movimiento de Sordos de Mendoza, se acercó a la senadora Daniela García y le transmitió -como podía, con señas, con dificultad- que sabía de algo oscuro sobre el Próvolo. Alerta, la senadora le pidió que se acercara a Nancy Cortés, intérprete oficial de la Legislatura. Buscaron a la vicegobernadora Laura Montero, que se comunicó de inmediato con el procurador Gullé. No querían cometer errores que derivaran en nulidades procesales. Había que avanzar rápido para evitar filtraciones y para proteger a los niños que estaban todavía en la escuela.

Al viernes siguiente, a primera hora de la mañana, todos ellos acompañaron hasta la fiscalía a quien hoy es la pequeña gran heroína de esta historia, que aceptó dar su testimonio en calidad de testigo de identidad reservada y a condición de que sus padres nunca se enteren. Gracias a su valentía se abrió la causa judicial, se hicieron detenciones y allanamientos, se amplificaron los ecos de las denuncias y se desencadenó la catarata de testimonios que sacude a la opinión pública.

Las familias tienen hoy el respaldo que les faltó antes (aunque algunos abogados aseguran que no se da la asistencia suficiente) . Un equipo de psicólogos e intérpretes convocados por ellas dan contención a las víctimas, a quienes se les ofrecen también asesoramiento legal y traslados para ir y venir a declarar. Un ejemplo virtuoso de funcionamiento estatal, si se lo compara con el anterior festival de negligencias. Con que un solo hombre de la Iglesia o un solo funcionario del Estado o cualquier docente o ciudadano que supo algo y prefirió callar hubiera hecho las cosas bien, estos chicos no estarían testimoniando sus heridas tantos años después.

En Primera plana (Spotlight, en el original), la película que narra la historia del equipo de periodistas del Boston Globe que destapó los casos de pederastia de curas católicos en Massachusetts, ocultados por la arquidiócesis de Boston, se dice una frase que explica en toda su dimensión los estragos que causa el silencio de la tribu: "Hace falta un pueblo entero para criar a un niño y hace falta un pueblo entero para que se pueda abusar de él".

Por Carolina Arenes

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