Los Gallardo, el grupo criminal que se hizo fuerte fuera del territorio de Los Monos

ROSARIO.- Héctor Gallardo, conocido como el Patrón, dominó durante más de una década la distribución de cocaína y marihuana desde el pequeño pueblo de Frontera, en el límite de Córdoba y Santa Fe, hacia varias provincias de la Argentina y Chile. Durante ese tiempo a Gallardo nadie parecía verlo. Era un fantasma para las fuerzas de seguridad y en la soledad de la cuenca lechera santafesina logró fortalecerse como distribuidor de drogas con la complicidad de la policía de Santa Fe.

Por fuera de Rosario, donde persiste uno de los mayores problemas con la violencia derramada del narcotráfico , Gallardo se había convertido en un jugador de peso en la geografía narco, dominada en el sur por Los Monos y ahora por el prófugo Esteban Alvarado.

Como lo hicieron los Cantero en Rosario, Gallardo construyó una hegemonía en el tráfico de cocaína y marihuana hacia distintos puntos del país y el exterior, a través de una compleja red que incluía sicarios que a sangre y fuego mantenían el negocio activo, a pesar de que el Patrón estaba preso. Ahora su grupo fue procesado.

El 28 de enero de 2015LA NACION describió cómo funcionaba esa organización narco, que había copado ese pueblo de 12.000 habitantes, donde Gallardo tenía un grupo de colombianos que cocinaban cocaína y pasaban la droga a estado líquido para enviarla al exterior.

Luego se sucedieron una serie de crímenes con sicarios, que causaron gran conmoción en la zona, y provocaron que la Justicia Federal pusiera la lupa sobre esa red que sostenía un negocio millonario manejado desde la cárcel cordobesa de Bouwer por Gallardo, que en diciembre de 2017 fue condenado por otra causa por narcotráfico en Córdoba a 14 años de prisión.

Gallardo, el jefe máximo de esta banda, fue detenido el 18 de diciembre de 2013 en Orán, Salta, luego de que la Justicia Federal de Córdoba detectara que este narco había dado la orden a un sicario llamado Juan Ignacio Figueroa de matar a un miembro de la organización que pretendía vender drogas por su cuenta en Misiones, donde este clan tenía una de sus bases de operaciones y negocios en el rubro de las concesionarias de autos.

La cocaína venía de Bolivia y Perú, y según la declaración de un testigo protegido, se procesaba en un laboratorio de Villa Josefina, un pequeño pueblo vecino a Frontera. Allí trabajaban los colombianos Luis Marulanda García, que vivía en una casa de Gallardo, y Luisa Castaño, que residía en el Hotel El Gringo, también propiedad del Patrón.

La investigación sobre el entorno de Gallardo siguió en la Justicia Federal de Rafaela. Tras una extensa pesquisa de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y del fiscal federal Federico Grimm, el juez federal de Rafaela Miguel Abásolo dictó la prisión preventiva y el procesamiento de nueve miembros de esta banda.

La investigación judicial comenzó hace cuatro años y se determinó que Gallardo dirigía el negocio narco desde la cárcel de Bouwer. Más de 30 meses después se realizaron allanamientos en las localidades de Frontera y San Francisco, y se detuvo a siete personas. También quedaron presos otros dos hombres vinculados con el clan.

Árbitro y sicario

La Justicia determinó que la organización no solo se limitaba al tráfico de estupefacientes, sino que también tuvo participación en el doble crimen de Frontera, ocurrido el 19 de enero de 2015. Germán Losada y Martín Chamorro, que integraban la Banda de los Santafesinos, fueron asesinados para eliminar la competencia que representaban en el comercio de droga.

Por ese hecho fue imputado Franco Figueroa, quien era árbitro de fútbol y sicario. Impartía justicia en las canchas de las ligas regionales de Córdoba y Santa Fe, y a su vez era un asesino a sueldo del clan Gallardo.

El clan Gallardo perpetró también el homicidio de Luis Mariano Peralta, quien falleció el 6 de mayo de 2017, tras recibir dos disparos el 12 de abril de ese año. A todo eso se suman distintas investigaciones por extorsión, amenazas, lesiones y robo.

El juez federal Abásolo consideró que los nueve imputados desempeñaban "roles" en la organización narcocriminal, que tenía un fuerte predominio territorial en las localidades de Frontera, Josefina y San Francisco.

A dos de los procesados, identificados como Marcos Cortez y su hijo Ezequiel, el juez los consideró jefes de una asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes y les trabó embargos sobre sus bienes hasta alcanzar las sumas $2.000.000 y $1.500.000, respectivamente. Otros siete imputados fueron procesados como miembros de la asociación ilícita, y comercio y distribución de estupefacientes.