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Los jefes del motín de Sierra Chica están en una cárcel menos severa
Se habían quejado de las condiciones de su detención
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LA NACIONRamiro Sagasti
LA PLATA.- Marcelo "Popó" Brandán y Víctor "El Cabezón" Esquivel son sujetos duros. Capaces de matar y descuartizar e incinerar a sus víctimas. Por eso estaban alojados en la cárcel más segura de la provincia. Pero hace pocos días fueron trasladados a otra donde las condiciones no son tan severas.
Esa fama se la ganaron después del motín en la cárcel de Sierra Chica, durante la Semana Santa de 1996. En esa revuelta, hubo ocho homicidios y 17 rehénes; entre éstos, la jueza María de las Mercedes Malere.
A partir de entonces, los amotinados fueron llamados "Los doce apóstoles de la muerte". Brandán era el cabecilla de esta banda; Esquivel, uno de sus lugartenientes.
A principios de 2000 "Los doce apostoles" fueron juzgados junto con otros doce presos, por los crímenes cometidos durante aquella Semana Santa. Brandán y Esquivel fueron condenados a reclusión perpetua.
Se los juzgó en la Unidad 29, en Melchor Romero. El penal más seguro de la provincia. Allí estuvieron hasta hace pocos días, cuando fueron trasladados a la Unidad 9, también en esta ciudad, donde las condiciones de detención no son tan severas.
Los traslados fueron ordenados por los jueces Raúl Borrino y Celia Margarita Vázquez, de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de San Isidro, que hicieron lugar a un hábeas corpus que presentaron los presos por "agravamiento en las condiciones de detención".
Vale una aclaración: en las fiscalías de La Plata figuran por lo menos catorce denuncias de presos por malos tratos. Acusaron que recibieron severas golpizas, baños con agua helada e impactos de balas de goma por parte de guardias de la Unidas 29. Las denuncias, además, son coincidentes.
Polémica
En el Servicio Penitenciario bonaerense temen que los líderes del motín de Sierra Chica inicien revueltas, maten a algún interno o intenten fugarse. Ambos participaron en motines ocurridos en distintas cárceles de la provincia y cometieron homicidios. O sea: son pesos pesados.
El ministro de Justicia provincial, Antonio Arcuri, dijo que los traslados de los condenados mencionados genera una "sensación de intranquilidad y mayor zozobra en la sociedad".
Y aclaró que la Ley de Ejecución Penal dice que "corresponde al servicio Penitenciario el movimiento de los condenados y procesados".
El fallo de los camaristas de San Isidro, además de inquietar al Servicio Penitenciario, provocó la reacción del fiscal de ejecución penal platense, Marcelo Romero.
En diálogo con LA NACION, Romero opinó que Brandán y Esquivel no pueden estar alojados en una cárcel común, porque ponen en riesgo sus vidas, las de los otros presos y la del personal penitenciario.
El fiscal hizo dos presentaciones. La primera, ante la jueza de Ejecución Penal N° 1, Claudia Marengo, para que los reclusos sean alojados nuevamente en la Unidad 29.
La segunda, ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense y su procurador General, Eduardo de la Cruz, porque, según consideró el fiscal, "existe un problema de competencia y los camaristas, en sus fallos, no tuvieron en cuenta a la autoridad de ejecución".
Está claro: son peligrosos los reclusos alojados en la cárcel de Melchor Romero. Pero la violencia, al parecer, no sería aquí sólo propiedad de los presos.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), existen numerosos informes y resoluciones de autoridades judiciales en las que se informa sobre "las denigrantes condiciones a que son sometidas las personas allí alojadas".
Son muchos, según el CELS, los internos que denunciaron la aplicación sistemática de tormentos por parte de los uniformados penitenciarios.
Y los testimonios de los reclusos coinciden en varios aspectos: que las golpizas denunciadas tendrían lugar en el sector de Sanidad del penal; que mientras son agredidos, los internos están esposados; que luego son sometidos a baños con agua helada.
El CELS agregó que algunos presos, según las denuncias, fueron agredidos con armas cargadas con balas de goma, y que otros fueron incitados "para actuar como informantes del Servicio Penitenciario".
Ya el el 14 de julio de 2000 la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, señaló que en la Unidad 29 "se visualiza un régimen de violencia no establecido en ningún reglamento penitenciario para el tratamiento de los allí internados...".
Más: dos defensores oficiales denunciaron que un jefe de ese penal había tenido expresiones amenazantes hacia ellos, según el CELS.
Por Ramiro Sagasti
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