Multarán a quienes ocupen a ilegales

El proyecto del Poder Ejecutivo que busca reformar la ley de migraciones no apunta sólo a terminar con la inmigración ilegal: castiga también a quienes exploten a los extranjeros sin papeles o faciliten su permanencia en el país.

La iniciativa, en la que la Subsecretaría de Población trabaja desde hace más un año, prevé multas que llegan a los 50.000 pesos para los empresarios que proporcionen ocupación a los extranjeros que residen en el país en forma clandestina.

La Federación de Comercio de Buenos Aires anticipó ayer que está de acuerdo con esa modificación.

Si prospera el proyecto, quienes faciliten el ingreso ilegal de extranjeros o les den alojamiento en forma onerosa podrían ir a prisión. También se prevé que los inmigrantes que reciban condenas superiores a dos años sean expulsados del país.

A pesar de las duras críticas que la oposición hizo a la propuesta, la reforma tiene el visto bueno del ministro del Interior, Carlos Corach, e ingresará en el Congreso por el Senado en los próximos días.

Ayer, en diálogo con La Nación , Corach aclaró: "Este proyecto no es contra los inmigrantes, sino contra los ilegales y las mafias que los explotan y los empujan hacia el delito".

Algunos extranjeros que residen en Buenos Aires, y dijeron ser inmigrantes legales, expresaron a La Nación que temen perder sus empleos.

El diario cordobés La Voz del Interior dejó al descubierto una supuesta mafia que, en organismos públicos de la frontera boliviana, vendía por 300 pesos DNI y actas de nacimiento apócrifos.

Habrá multas para los empresarios

La Federación de Comercio de Buenos Aires anunció que apoyará la modificación de la norma propuesta por el Ejecutivo.

Prisión a quien engañosamente facilite el ingreso ilegal de extranjeros en el país; multas de hasta 50.000 dólares por cada inmigrante para el que les proporcione trabajo u ocupación, y expulsión a aquellos extranjeros condenados a pena privativa de libertad mayor de dos años son los artículos más importantes que se modificarán e incluirán en la ley que pretende controlar el ingreso clandestino de personas de otras nacionalidades.

El proyecto, facilitado a La Nación por un funcionario del Ministerio del Interior que pidió el anonimato, prevé un efectivo control de la inmigración clandestina e intenta, por un lado, "proteger" a los ilegales, pero echarlos del país cuando cometan un delito que supere los dos años de prisión. Una de cal y otra de arena.

Sin embargo, y según dicen en el Gobierno, la modificación de la ley responde más a una interna entre Migraciones y la Subsecretaría de Población, de lo que se informa por separado, que a un proyecto político para frenar el ingreso de ilegales.

La protección a los inmigrantes indocumentados estaría dada en el artículo 113, que no figura en la actual ley, y que dice: "Será reprimido con prisión o reclusión de uno a seis años el que mediante ardid o engaño promoviere, facilitare, cooperase o instigare el ingreso o permanencia ilegal de extranjeros en la República".

"El que mediante la presentación de documentación falsa, sea ésta material o ideológica, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño peticione para sí o para un tercero algún tipo de beneficio migratorio."

Sin embargo, el artículo 95, que modificaría el actual, aconseja la expulsión "cualquiera sea su situación o residencia, cuando resultare condenado por juez o tribunal argentino por delito doloso a pena privativa de libertad mayor a dos años".

La modificación de este artículo no es caprichosa. Muchos de los ilegales ya radicados en la Argentina cometían delitos menores para quedar procesados en el país, en libertad (eran hurtos, estafas, amenazas o lesiones) y llamaban a sus familias, que se afincaban hasta el fin del proceso, dado que el juzgado les impedía la salida.

Con el cambio de la norma les sería imposible a los indocumentados o documentados "truchos" optar por este comportamiento.

En cuanto a las multas, los empresarios deberán cuidarse mucho antes de contratar "en negro" a un inmigrante, a quien no le pagan ninguna carga social ni los beneficios que contempla la ley de empleos. Lejos de esto, aprovechan la precaria situación y los emplean por precios módicos, casi de esclavitud, y por ende le quitan la posibilidad a la mano de obra desocupada del país de ingresar en el circuito laboral.

Severas multas

El artículo 48, que modificaría el que existe, habla de cifras elevadas, como de hasta 100.000 pesos, cuando "se proporcione trabajo u ocupación remunerada a extranjeros no emancipados o menores de 14 años".

También se prevé una multa de hasta 10.000 pesos por cada extranjero "al que se proporcione alojamiento a título oneroso", con lo que los hoteles de la zona de Constitución, Retiro, San Telmo y Monserrat, por nombrar sólo algunos barrios, y que se benefician con los altos precios que les cobran a los ilegales, quedarían automáticamente en infracción.

La posible modificación a la ley ya cosechó algunos apoyos, como el de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que en un parte de prensa firmado por su presidente, Osvaldo Cornide, dice que la iniciativa del Poder Ejecutivo "permitirá un mayor control de la entrada y de la salida de extranjeros y contempla su rápida expulsión ante la comisión de delitos".

Como es obvio, la difusión de la modificación de la norma aterrorizó a los inmigrantes, tanto legales como ilegales. Ayer, ciudadanos de países limítrofes y peruanos se presentaron en masa ante sus respectivos consulados y ante las autoridades migratorias para intentar regularizar su situación.

Mientras las filas se engrosaban en varias reparticiones diplomáticas, la Policía Federal y la bonaerense, con el apoyo de funcionarios de Migraciones, pasaron gran parte de la mañana haciendo razias en villas de emergencia y en casas tomadas.

El procedimiento más importante fue el que se llevó a cabo en la calle Larrea 426. Allí, la policía arrestó a sesenta peruanos, en un operativo realizado en nueve departamentos del edificio. Hubo nueve clausuras (cuatro definitivas y cinco preventivas). Algo similar sucedió en una vivienda de Sarmiento 2985, también en el barrio porteño de Once.

De acuerdo con la información suministrada, los departamentos eran utilizados como alojamiento por la noche y cumplían las veces de comedores durante el día, donde se habría producido una serie de presuntas irregularidades que fueron denunciadas por vecinos del barrio.

La contracara

Pero como toda historia que se precie, ésta también tiene su contracara. Una investigación periodística del diario cordobés La Voz del Interior dejó al descubierto una mafia en organismos públicos de la frontera boliviana que vendían DNI y actas de nacimiento falsos por 300 pesos.

Por Alejandra Rey

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