Quién es el cura de San Isidro condenado por el Vaticano

El Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede ratificó la culpabilidad de Damián Rodríguez Alcobendas por abuso sexual contra un menor. La decisión eclesiástica cerró el proceso administrativo penal contra el antiguo párroco de Nordelta tras rechazar su apelación definitiva. El cura de San Isidro enfrenta ahora la prohibición perpetua para el ejercicio de cualquier oficio o función directiva en instituciones de la Iglesia.

Rodríguez Alcobendas, a quien los fieles conocían como padre Damián, ejerció el sacerdocio durante décadas en la zona norte bonaerense. Su tarea principal radicó en la Parroquia Sagrada Familia y también coordinó actividades como capellán en instituciones educativas del área. La Santa Sede lo encontró culpable de un delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor. El caso llegó a las máximas autoridades de la Iglesia Católica tras una serie de denuncias por abusos sexuales.

El tribunal eclesiástico analizó las pruebas durante un extenso proceso que incluyó diversas instancias de apelación. El documento oficial del obispado detalló el fallo: “El Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede ha comunicado al obispo diocesano, monseñor Guillermo Caride, la decisión sobre la apelación presentada por el presbítero Damián Rodríguez Alcobendas en el proceso administrativo penal canónico que se le había iniciado. Este organismo rechazó la apelación y confirmó la culpabilidad del sacerdote en el delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”.

El presbítero alcanzó notoriedad pública en abril de 2020, cuando en Semana Santa, el religioso recorrió los barrios privados en una camioneta 4x4. El cura bendijo a los feligreses desde el vehículo en un contexto de aislamiento social. El párroco solicitó el envío de limosnas mediante transferencias bancarias ante la imposibilidad de asistir a las misas presenciales. Esta acción generó una fuerte exposición mediática del sacerdote en aquel momento.

Las denuncias por abuso sexual aparecieron años después de aquel episodio y el obispado retiró a Rodríguez Alcobendas de su cargo en la parroquia del complejo urbanístico y fue trasladado al convento de Pacheco, donde cumplió funciones como capellán de la Congregación de las Hermanas Siervas de María. Los delitos de abuso sexual no prosperaron en los tribunales penales ordinarios. La justicia civil determinó que las acciones denunciadas prescribieron por el paso del tiempo. El proceso canónico continuó su curso en las oficinas de la Santa Sede hasta la resolución actual.

El Vaticano fijó sanciones de carácter irreversible para el clérigo. El documento oficial precisó: “Asimismo, (el tribunal eclesiástico) confirmó la pena de prohibición perpetua para el ejercicio de todo oficio eclesiástico y de cualquier función directiva o administrativa en ámbitos parroquiales, seminarios e institutos vinculados a los mismos. Tampoco podrá desempeñar oficios dependientes de autoridades eclesiásticas ni ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Del mismo modo se le prohíbe recibir encargos de tutorías o asesoramiento de menores de edad en cualquier ámbito”.

La Santa Sede sumó una restricción temporal específica para su actividad religiosa. El organismo interviniente estableció la pena de prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal. El comunicado aclaró: “Se le ha impuesto un precepto penal disponiendo que, en caso de incumplimiento de la pena aplicada, se lo sancionará con la dimisión del estado clerical”. Esta última sanción implicaría la pérdida definitiva de su condición de sacerdote.

La diócesis de San Isidro manifestó su postura institucional tras conocer el fallo de Roma. El obispo Guillermo Caride dispuso que el comunicado se publique en las redes sociales del Obispado. La institución buscó dar una respuesta clara a la comunidad tras años de investigación interna. El escrito oficial expresó: “El Obispado de San Isidro expresa su cercanía con la víctima de este delito grave. Le pedimos perdón por el dolor y la herida que ha padecido, y le aseguramos nuestro compromiso y oración por su vida”.

La autoridad diocesana cerró el documento con un compromiso público: “Extendemos esta cercanía a todas las víctimas de abuso, reafirmando nuestra disposición permanente a escuchar, acompañar y actuar con responsabilidad y respeto, trabajando con firmeza para que prevalezca el cuidado de cada persona en nuestra diócesis”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Evangelina Himitian.