Nadie quedó preso por el robo del siglo

Sonrientes y sin sus muñecas esposadas todos abandonaron anoche el Palacio de Tribunales. Los nueve acusados de participar del llamado robo del siglo, en el que se llevaron 18.183.766 pesos sin disparar un solo tiro, quedaron en libertad.

Del botín que los ladrones obtuvieron el 20 de diciembre de 1996 en la sede de la empresa de caudales Firme SA, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, se recuperaron 4 millones, que fueron devueltos a la firma damnificada. El resto nunca apareció.

Fue un final previsible para un caso controvertido. El año último, los miembros de mismo tribunal oral absolvieron al supuesto cerebro de la banda, el pai umbanda Ides Betancurt Martínez, y pidieron el juicio político del juez Pablo Bruno, que instruyó la causa, por haber tolerado que la policía torturara a un detenido -hoy muerto- para que dijera dónde estaba el dinero.

Sólo se leyó ayer la parte dispositiva del fallo. Habrá que esperar una semana para conocer los fundamentos de los jueces que ayer absolvieron a cuatro de los procesados, condenaron a otros tantos por encubrimiento -por guardar o gastar dinero robado- y responsabilizaron a uno solo por el asalto.

Cristián Capuano, un joven de 24 años que ya tiene otras dos condenas, fue el único condenado como partícipe del atraco por el Tribunal Oral Nº 9. Como la pena impuesta fue de cuatro años de prisión y el condenado ya estuvo en la cárcel más de tres años, fue excarcelado.

Cuando el presidente del tribunal, Luis García, comunicó que el acusado saldría en libertad, su madre, Rosa Capuano, lo abrazó y lloró en silencio.

Ella y su pareja, Jorge Lema, tampoco volverán a cárcel: fueron condenados por encubrimiento a tres años de prisión en suspenso.

Según consta en el expediente, cinco días después del hecho los procesados adquirieron una casona en Adrogué, una camioneta, un automóvil, cinco televisores -dos de ellos, de 56 pulgadas- y muchos otros electrodomésticos.

En la casa donde vivía Cristian Capuano la policía encontró un millón de pesos, en fajos precintados por Firme, escondidos en una valija debajo de una cama. El dijo que un amigo se los había dado para que los guardara.

Norma Pérez, otra de las cuatro mujeres juzgadas desde hace tres semanas, recibió la pena de 2 años y seis meses. Ella también compró, luego del atraco, bienes cuyo origen no pudo explicar, según constancias judiciales.

Su marido, Marcelo Lencinas, falleció de SIDA en prisión hace 15 días. El había confesado su participación en el robo y los jueces lo habían condenado a siete años de cárcel por el delito de robo calificado.

Ramón Pérez, hermano de Norma, fue condenado por encubrimiento. Los magistrados le dieron dos años y tampoco irá a la cárcel. "¡Nos vamos! ¡Nos vamos todos!", se jactó el acusado al dejar el recinto.

Cuatro absoluciones

Ramón Blanco -que estaba preso y con un pedido de seis años de prisión del fiscal-, Liliana Luna de Pérez, Mirta Broglia y Osvaldo Murgan fueron absueltos por los jueces García, Luis Cabral y Fernando Ramírez.

El abogado de la empresa asaltada, Lisardo Maure, había pedido penas de entre dos y siete años de cárcel para los acusados. Y todos, menos Murgan, habían sido acusados también por el fiscal Diego Nicholson.

El representante del Ministerio Público, en su alegato, señaló a Broglia como a una de las entregadoras y solicitó para ella cinco años de cárcel.

La mujer trabajaba en Firme como ensobradora y asistía al templo del pai Betancurt Martínez. Sus hijas, sentadas en la cuarta fila de una sala de audiencias repleta de periodistas y policías, lloraron y se emocionaron con el fallo. "Yo era una simple empleada, nada más. Me involucraron por una llamada", dijo antes de subirse a un taxi.

Demanda civil

En el veredicto, los jueces hicieron lugar a tres de las cuatro demandas civiles que Firme entabló contra los acusados.

Sin embargo, fijaron indemnizaciones muy inferiores a la reclamadas por la empresa. Norma Pérez deberá pagar 89.113 pesos -la empresa había pedido 700.000-, y Rosa Capuano y Lema deberán afrontar conjuntamente 226.836 pesos.

El fiscal Nicholson y Maure, el abogado de la empresa de caudales, no hicieron comentarios ayer porque esperan los fundamentos de la sentencia para opinar.

Fuentes allegadas a la firma criticaron las penas impuestas pero rescataron el desempeño del tribunal: "No se puede cuestionar a estos jueces. En todo caso, el culpable es quien hizo mal la investigación en el inicio".

Todavía no se sabe si los jueces absolvieron a cuatro de los acusados por duda o por errores procesales.

El desempeño del juez Bruno en esta causa es analizado actualmente por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

En el juzgado de Bruno dijeron ayer estar conformes con el fallo. "Es un éxito. Hubo más condenas que absoluciones y, como en pocos casos, se devolvió a sus dueños parte del dinero robado", dijo a La Nación una alta fuente judicial.

En el expediente se acreditó que el dinero robado estaba destinado a pagar sueldos en las municipalidades de Lomas de Zamora y La Matanza.

Se dio por cierto que había habido algún o algunos entregadores. El ex policía y custodio de Firme que apareció ahorcado en la cárcel de Caseros en mayo de 1997, Carlos Trillo, presuntamente era uno de ellos y por eso la policía lo habría torturado para que delatara a sus compañeros.

Se probó también que fueron cuatro los hombres que ingresaron en la empresa de caudales situada en Brasil 1331. La Justicia, hasta ahora, sólo conoció la identidad de Lencinas, que confesó y está muerto.

Por Por Laura Zommer <br/> De la Redacción de <i> La Nación </i>

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