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Nadie quedó preso por la aduana paralela
El tribunal impuso penas excarcelables y ordenó investigar a la policía.
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Todos los acusados en la causa de la denominada aduana paralela -que selló la enemistad entre el ex ministro Domingo Cavallo y el presidente Carlos Menem a fines de 1996, se fueron a pie a su casa luego de 70 días de juicio oral y público.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1, que hoy, a las 13, dará a conocer los fundamentos del fallo del primer proceso oral que se realiza por esta investigación, impuso sólo penas excarcelables a los seis acusados por asociación ilícita y contrabando agravado.
Los magistrados escucharon a 200 testigos y estudiaron, sin feria judicial, los 200 cuerpos del expediente. Como descubrieron serias irregularidades, ordenaron que se investigue a los policías que intervinieron en la instrucción que llevó adelante el juez Guillermo Tiscornia, que enfrenta un juicio político en el Senado por su actuación en esta y otras pesquisas.
Los camaristas Enrique Schlegel, Susana Castro de Pellet Lastra y Jorge Pisarenco -que el jueves último, el mismo día que terminó el juicio, fue suspendido por el Senado porque enfrenta un juicio político por otra causa-, condenaron a cinco de los seis procesados por Tiscornia a penas de entre tres y un año y medio de prisión.
Fuentes judiciales explicaron que el tribunal oral tuvo por probado que entre agosto y septiembre de 1996, 13 contenedores -12 con camisas de 0,89 pesos en su interior, de los cuales cuatro eran de la firma Angelo Paolo, y otro con cosméticos-, ingresaron como "mercadería en tránsito" en el puerto metropolitano y en la aduana de Ezeiza, para no pagar impuestos, pero luego fueron volcados en el mercado local.
Sin embargo, los jueces consideraron inexistente la supuesta asociación ilícita que mandó a prisión a los procesados.
El ex funcionario de la aduana Roberto Leiva, que llegó acusado de ser el jefe de una banda de contrabandistas y de haber ingresado 29 contenedores en forma ilegal, fue condenado a tres años de prisión por 15 hechos de contrabando.
El ex policía aduanero Haroldo Gómez fue absuelto y su compañero Aldo Díaz fue condenado a dos años de prisión en suspenso.
Las condenas a los hermanos Juan y Julio Arce Cajes, a dos años y seis meses de prisión y un año y medio, respectivamente, y la de Gustavo García, a otros dos años y medio de cárcel, se dieron por cumplidas.
Durante las audiencias del juicio oral quedó en evidencia, tal como publicó La Nación el 1º de marzo último, que el caso tuvo más sustento político que jurídico.
"En la sentencia, que tendrá más de 300 fojas, habrá párrafos especiales por la pésima actuación de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. En un allanamiento a la oficina de uno de los acusados se llevaron hasta el escritorio de madera", adelantó una fuente inobjetable.
El comisario inspector Raúl Machuca y el comisario Orlando Segura, ambos separados hoy de la policía bonaerense, estaban entonces a cargo de los megaoperativos, que tenían amplia cobertura periodística.
Números que no cierran
El valor de la mercadería contrabandeada por los cinco condenados fue estimado en 600.000 pesos por fuentes del tribunal.
Hace tres años, en medio de la pelea entre Menem y Cavallo, el juez Tiscornia estimó en 10.000 millones el monto de la mercadería incautada en esta pesquisa y llegó a decir que los contenedores secuestrados eran 22.000 y llegaban desde el puerto de Buenos Aires hasta la ciudad de Dolores.
"Gran parte de la mercadería incautada se perdió, fue robada o no pudo ser identificada en el depósito aduanero de la calle Zepita, en Barracas, por eso no pudimos ordenar ningún peritaje contable", comentó, con una mezcla de enojo y resignación, una alta fuente del tribunal.
Tiscornia, conforme
Consultado ayer sobre el fallo, Tiscornia dijo estar conforme. Antes de su alegato en el Senado, comentó a La Nación : "Esto legitima lo actuado por el juzgado de instrucción". La fiscal del juicio, Marta Benavente, apelará la sentencia luego de estudiar los fundamentos, adelantaron fuentes del Ministerio Público. Lo mismo harán los querellantes de la Dirección General de Aduanas, Nelson Brunotto y Jorge Ojuela.
El fiscal ante la Cámara de Casación Penal Raúl Plé, designado en 1996 por el ex procurador general Angel Agüero Iturbe para coordinar las investigaciones de todo el país vinculadas con la denominada aduana paralela, ayer prefirió no hacer comentarios sobre la sentencia. Sin embargo, un allegado al fiscal coincidió con Tiscornia en la importancia de que haya habido condenas, aunque sea leves.
El mes próximo, el mismo tribunal oral comenzará con otro de los tres juicios derivados de esta causa: uno será el del ex titular de la Administración Nacional de Aduanas (ADA), Gustavo Parino por contrabando culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario. Los otros dos son contra dos supuestas bandas de contrabandistas, lideradas por los despachantes de aduana Jorge Rivero -a quien se acusa de ingresar ilegalmente un contenedor y medio- y Rubén Ferraro -al que sólo se procesó por asociación ilícita.
Curiosamente, en ninguna de las causas citadas fueron llevados a juicio los empresarios que supuestamente importaban las mercaderías en forma de contrabando.
Por Por Laura Zommer <br/> De la Redacción de <em> La Nación </em>
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