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Niegan el registro profesional a quienes tengan antecedentes penales
Lo decidió el gobierno porteño a través de un decreto
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Las personas que hayan sido condenadas por abuso sexual, violación, homicidio, lesiones graves y gravísimas, robo con armas y delitos con automotores no podrán obtener licencia de conductor profesional en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
El decreto 331, publicado en el Boletín Oficial porteño, establece esta prohibición para aquellas personas con antecedentes penales que quieran conducir camiones, taxis y transportes de pasajeros, ya que para los micros escolares ya regía esta normativa en la ciudad por aplicación de una ley nacional.
La Procuradora General de la ciudad, Alejandra Tadei, explicó que "antes de este decreto, ya el gobierno porteño restringía el otorgamiento de licencias profesionales a personas que habían cometido los delitos mencionados, aplicando la ley nacional 24.449".
"Pero como justamente esa ley no estaba reglamentada por el ejecutivo porteño, los afectados interponían recursos de amparo y la justicia terminaba obligándonos a otorgarles la licencia para conducir por no haber cumplido con el paso de la reglamentación", indicó Tadei.
La ley de tránsito 24.449 ya establecía este impedimiento a las personas con antecedentes penales firmes pero mencionaba únicamente la prohibicion sobre los micros de transporte escolar.
Indicaba además que cada jurisdicción deterninaría que otros transportes iban a estar incluidos en la prohibición y en la ciudad de Buenos Aires no estaba especificado.
"La falta de reglamentación en la ciudad de Buenos Aires provocaba que una persona que tenga sentencia firme por violación, por ejemplo, ahora con libertad condicional, sea chofer de un micro de transporte escolar", indicó Hugo Fernández, del Instituto de Seguridad Vial (ISEV).
Puntualizó además que ahora "se especifica el tipo de transporte y la clase de delitos que una persona, al cometerlos y tener sentencia firme, no está habilitada a tener una licencia de conducir profesional".
En la actualidad, el gobierno porteño consultaba a la Procuraduría General de la ciudad de Buenos Aires sobre la conveniencia o no de otorgar una licencia a estas personas y se incluía a los que cometían delitos de orden económico, como evasión de impuestos o aquel que libraba un cheque sin fondos.
Fuente: Télam
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