“No existe el tráfico de órganos en la Argentina”, dijo la presidenta del Incucai

“Argentina es un país libre de tráfico de órganos ”, sentencia María del Carmen Bacqué, presidenta del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), echando por tierra los mitos urbanos y las historias que se entretejen en torno a esta problemática, que afecta a distintos países del mundo.

Según Bacqué, existe “un marco legal muy firme y restrictivo” en nuestro país, con “principios bioéticos muy determinados” que impide el turismo y la comercialización de órganos. Se trata de la ley 26.066, sancionada en 2005, que expresa “el carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario de la donación de órganos y tejidos” y habilita sólo la donación entre personas vivas cuando existe una relación de cosanguinidad de hasta el cuarto grado.

“La ley también requiere que un equipo externo evalúe al donante para que analice si efectivamente no existe ningún condicionamiento ni presión fuera de lo afectivo a la hora de tomar la decisión de donar un órgano”, asegura Bacqué, mientras destaca la importancia de que el Estado promueva acciones para, por un lado, llevar adelante medidas de prevención y, por el otro, aumentar la cantidad de donantes en la Argentina.

“Pobreza, desempleo y la falta de oportunidades socioeconómicas son los factores que hacen a las personas vulnerables al tráfico de órganos, y a los profesionales de trasplante que cometen o son cómplices de estos crímenes deben ser detenidos legalmente”, dice el texto de la Declaración de la Cumbre de la Pontificia Academia de las Ciencias sobre Tráfico de Órganos y Turismo de Trasplante, realizada durante la última Cumbre de Tráfico de Órganos celebrada en febrero en la Ciudad del Vaticano, donde fue invitada Bacqué en representación del INCUCAI.