“No heredé una casa, sino un problema”: la lucha de una mujer para recuperar la vivienda familiar ocupada por años en Flores
La enfermedad y muerte de su padre coincidieron con el avance de una usurpación que derivó en subalquileres, actividad comercial y talleres clandestinos
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Patricia Castro todavía recuerda el mensaje que recibió la mañana del 26 de mayo pasado. Después de años de reclamos, denuncias, amenazas y una batalla judicial interminable por recuperar la casa de su familia en Flores, leyó en su teléfono una frase que le cambió la vida: “Hola Patricia, ¿cómo estás? Estamos adentro”. Junto al texto había una foto de un bombero dentro de la propiedad. “Me tembló el cuerpo y lloré. Llamé a los gritos a mi marido, mandé mensajes a mis hijas, a mi hermano, a los abogados y, por último, a mi mamá. No podía contener lo que sentía. Era una mezcla de paz, alivio, justicia y reivindicación”, relató a LA NACION.
La vivienda, ubicada en la zona comercial de la avenida Avellaneda, permaneció durante años ocupada por quienes habían ingresado originalmente como inquilinos. Con el tiempo, la familia descubrió que en el inmueble se desarrollaban actividades que excedían ampliamente el uso habitacional para el que había sido alquilado. Denuncias, inspecciones y allanamientos posteriores permitieron reconstruir un escenario que incluía subalquiler de habitaciones, depósitos de mercadería y el funcionamiento de talleres textiles. Recuperar la propiedad implicó para Patricia y su familia un largo recorrido administrativo y judicial, que comenzó en medio de la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre.
La historia de esa casa se remonta a 1968. Ese mismo año nació Patricia y sus abuelos paternos, inmigrantes españoles, compraron la propiedad. En aquella época funcionaba como una pensión de señoritas. La familia habitaba la planta baja mientras alquilaba habitaciones en los pisos superiores.
“Era la fuente de trabajo de mis abuelos. Mi abuelo fue mozo y lechero a carro; mi abuela era costurera y mi bisabuela atendía las habitaciones. Los domingos nos reuníamos todos en una habitación del frente. Era un petit hotel muy cuidado y muy lindo”, recordó.
Tras la muerte de su abuela, la administración quedó en manos de su padre, José Castro Rodríguez. Con el paso de los años, las exigencias para mantener habilitado el funcionamiento como hotel se volvieron cada vez más complejas y costosas. Por eso decidió alquilar la propiedad como vivienda familiar. Su objetivo era complementar la jubilación.
El punto bisagra
La situación comenzó a deteriorarse a fines de 2019, cuando a él le diagnosticaron una enfermedad avanzada. Mientras la familia concentraba toda su energía en acompañarlo, la pandemia terminó de aislarlos de cualquier control sobre la propiedad.
“Con las restricciones para circular ni siquiera pasábamos por la puerta. Mi papá seguía confiando en que la inquilina iba a cumplir. Nos pedía paciencia”, explicó Patricia.
José murió en 2021. En medio del duelo, la familia siguió intentando cobrar alquileres impagos y exigir respuestas. Sin embargo, las contestaciones se volvieron cada vez más hostiles.
Según relató Patricia, uno de los ocupantes llamó a su madre para advertirle que dejara de reclamar: “Le dijeron que no molestara más porque a ellos les hacía mal el reclamo, que no iban a contestar más y que, si seguía insistiendo, la iba a pasar mal”.
Mientras tanto, las cartas documento enviadas para comunicar la finalización de los contratos eran ignoradas o respondidas con negativas a restituir el inmueble. “Ese fue un punto de quiebre. Ahí empezó nuestro peregrinar porque no sabíamos cómo ni a quién reclamarle”, sostuvo.
La magnitud del problema se hizo evidente cuando Patricia comenzó a acercarse personalmente a la casa. Lo que observó poco tenía que ver con una vivienda familiar. “Vi entrar personas desconocidas con llave. Chicos con bicicletas y mochilas de reparto, personas afrodescendientes, gente cargando bultos de mercadería. La casa está en pleno centro comercial de la avenida Avellaneda y era evidente que allí pasaba algo más”, describió.
Las denuncias presentadas ante la Agencia Gubernamental de Control (AGC) revelaron un escenario todavía más complejo. La familia descubrió que existía un historial de inspecciones, clausuras y allanamientos que desconocía por completo. “Desde 2017 había denuncias por taller textil clandestino, depósitos de mercadería y subalquiler de habitaciones sin habilitación ni condiciones mínimas de seguridad. Las clausuras quedaban pegadas en la puerta y ellos simplemente las arrancaban”, agregó.
La revelación golpeó especialmente a Patricia porque coincidió con uno de los momentos más difíciles de su vida. “Sentimos bronca, humillación e impotencia. Aprovecharon la enfermedad y la muerte de mi papá, la etapa más dolorosa que atravesamos, para engañarlo y burlarse de nosotros”, dijo.
Durante 2022, las gestiones se multiplicaron. La familia acudió a distintos organismos para denunciar las actividades que se desarrollaban en el inmueble. Mientras tanto, el deterioro edilicio avanzaba.
La fachada comenzaba a perder revoques y Patricia temía por lo que ocurría puertas adentro. “Son casas muy antiguas. Si no se mantienen pueden tener problemas estructurales, filtraciones, riesgos eléctricos o de gas e incluso derrumbes”, advirtió.
La situación se agravó cuando descubrieron que no se trataba solamente de una familia ocupando el lugar. A través de registros oficiales lograron determinar que en distintos momentos llegaron a vivir allí alrededor de 45 personas. Patricia reflexionó: “Con mi hermano entendimos que habíamos heredado un enorme problema. Ya no era una casa ocupada por inquilinos. Había una veintena de personas desconocidas desarrollando actividades comerciales para las que la propiedad nunca estuvo preparada”.
Uno de los allanamientos realizados a fines de 2022 incluso incluyó una orden de desalojo que debía concretarse en diez días. Sin embargo, nunca se ejecutó.
La familia inició entonces una larga batalla judicial. El proceso resultó lento porque era necesario identificar y notificar a cada uno de los ocupantes. En paralelo, lograron que Metrogas inspeccionara la propiedad. “Cuando fueron, encontraron una situación de riesgo y cortaron inmediatamente el suministro”, comentó Castro.
Con el avance de la causa también descubrieron que la misma inquilina había alquilado otra vivienda a una cuadra de distancia y que había abandonado el lugar antes de enfrentar un desalojo judicial. Según Patricia, eso permitió trasladar parte de la maquinaria textil hacia la propiedad familiar.
A lo largo de los años, pudo ingresar en algunos allanamientos ordenados por la Justicia. Lo que encontró fue devastador. “El estado era desastroso. La casa estaba completamente derruida, con desprendimientos de techos, escaleras quebradas, suciedad por todos lados. Había habitaciones cerradas con candados y cuando preguntábamos quién vivía ahí nos respondían que eran familiares, de los que ni siquiera recordaban el nombre”, indicó.
La confirmación definitiva llegó el día en que recuperaron la vivienda. “Cada habitación era un taller textil. Había máquinas instaladas y enormes depósitos de tela”. Desalentada por la falta de resultados, Patricia llegó a pensar varias veces en abandonar la pelea. Sin embargo, siguió insistiendo. Incluso desarrolló un gesto tan simple como simbólico: cada vez que pasaba por la puerta escribía con fibrón los números de la casa: “Sabía que los tapaban para evitar allanamientos. Entonces volvía y los escribía otra vez”, contó.
El punto de inflexión llegó este año, cuando observó en redes sociales distintos operativos de recuperación de inmuebles en Flores. A través de otra familia que había atravesado una situación similar obtuvo el contacto de funcionarios del gobierno porteño. “Pensé que me iban a derivar de un lado a otro como siempre había pasado. Pero me contestaron enseguida. No prometieron nada, solo dijeron que iban a ayudarnos”, afirmó.
Un significado más profundo
Poco después llegó el mensaje que cambió la historia.
Al día siguiente, Patricia recibió formalmente la restitución de la propiedad. El inmueble se convirtió además en el número 800 recuperado durante la actual gestión porteña.
La emoción, sin embargo, convivió con el dolor. Lo que alguna vez había sido el hogar de sus abuelos ya no existía. “Cuando entré, me di cuenta de que estaba parada en lo que había sido el comedor. Ya no quedaban los pisos, casi no había revoques ni luz. Era irreconocible”, relató.
Aun así, para Patricia el desenlace tuvo un significado mucho más profundo que el valor material de la propiedad: “Mi mamá sintió que no le había fallado a mi papá. Que habíamos luchado por todo lo que él construyó. De la pérdida de mi papá no nos recuperamos, pero sí recuperamos lo que nos dejó”.
Hoy la casa permanece tapiada y no puede volver a habitarse debido al estado en que fue encontrada. La familia todavía no sabe qué hará con ella. Lo único que tiene claro es que la lucha valió la pena.
“Muchas personas no entienden que, detrás de estas casas tomadas, hay familias, historias y años de trabajo –continuó–. Nosotros estuvimos cerca de rendirnos varias veces, pero seguimos insistiendo. Por eso a quienes están pasando por algo parecido les decimos que no bajen los brazos”.
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