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Hace dos días, Juan Ignacio López, director del centro “Otros caminos posibles”, en El Pato, Berazategui, tuvo que transmitir la noticia más difícil. Si no se soluciona el problema de los pagos, en 15 días, la comunidad terapéutica va a tener que cerrar. La noticia causó desazón, tanto entre los pacientes como en las familias de estos jóvenes que luchan por recuperarse de sus adicciones. La respuesta de los chicos no fue menos dura: “¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir?”. Tal como Juan Ignacio sabía, muchos no tienen una casa a la que volver, o no pueden volver al barrio, donde la lucha contra la droga se vuelve desigual.
Esta es la realidad actual de unas 45 comunidades terapéuticas de todo el país que por estos días denuncian que están al borde del cierre por la demora en los pagos de las becas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) el organismo responsable de diseñar, coordinar y ejecutar políticas públicas nacionales destinadas a la prevención, atención, asistencia y reducción de daños del consumo problemático de sustancias, así como la lucha contra el narcotráfico.
Por estas horas, al menos tres comunicados distintos de organizaciones que agrupan a las comunidades comenzaron a difundirse en las redes, con la intención de que se destrabe el pago de los fondos, sin los cuales las comunidades, que en su mayoría son organizaciones sin fines de lucro, no se pueden solventar. “Hoy, recién cobramos noviembre, el 6 de febrero. Es decir que se adeudan tres meses, dos de ellos con el plazo de 45 días vencido. Ese mes se autorizó un aumento del 100% del valor de la beca, ya que los valores estaban completamente atrasados y eran insostenibles. Valoramos mucho esa medida, pero duró solo un mes. Desde entonces no hemos vuelto a cobrar, y para nosotros se hace muy difícil. Toda la gente está viniendo a trabajar sin cobrar, pero la situación ya se vuelve insostenible. El clima dentro del centro es de mucha tristeza. Uno trata de no trasladar estos problemas a los pacientes, pero ahora la situación es realmente crítica y necesitamos que estén preparados porque no sabemos qué puede pasar”, explica López.
“No al cierre de las comunidades terapéuticas”, dice un flyer que se está compartiendo en redes sociales, en el que se ve en el fondo una reunión de un grupo de apoyo de una comunidad terapéutica. “Hace meses que el Gobierno no paga las becas de tratamiento de los pacientes. Nos están obligando a cerrar”, dice y hace un llamado a los organismos y funcionarios: “Sedronar, Tesorería General de la Nación, Ministro de Economía, presidente Javier Milei”, dice.
Según pudo saber LA NACION, las comunidades terapéuticas categoría B (aquellas que no reciben internación psiquiátrica) cobran unos $765.000 por mes por paciente que les deriva la Sedronar. Eso fue lo que cobraron en febrero, correspondiente al mes de noviembre, ya que los pagos habitualmente tienen 45 días de retraso, pero suelen demorar más durante el mes de enero. El mes anterior, el monto era de $380.000, y tuvo un aumento del 100% pero se cobró solo un mes. Desde entonces, no salieron los nuevos pagos. Los centros mantienen contacto fluido con el secretario del área, Roberto Moro, que les habría expresado que el pago estaba autorizado. Sin embargo, según denuncian los centros, el dinero estaría autorizado en Tesorería General de la Nación, pero falta que el Ministerio de Economía lo gire a las comunidades.
LA NACION se comunicó con el Ministerio de Salud, para conocer el estado de la situación, pero hasta el momento no hubo una respuesta. También con los voceros de Moro, en la Sedronar, pero tampoco hubo respuestas.
También la Mesa Nacional en Adicciones publicó una historia en su cuenta de Instagram que dice: “Urgente. Las instituciones que prestan servicio en todas sus modalidades se encuentran con riesgo de cierre. Hace más de tres meses que no reciben los pagos correspondientes a las becas de tratamiento otorgadas por Sedronar. Estos fondos son esenciales para sostenes la atención de personas en proceso de tratamiento por consumos problemáticos. Firmado por la Mesa Nacional de Adicciones, que nuclea a todas las instituciones y organizaciones que trabajan con adicciones. Hoy esta situación nos pone en un lugar crítico: se hace imposible garantizar los tratamientos, cubrir necesidades básicas y cumplir con el pago de sueldos a nuestros equipos de trabajo”, dice.
Y sigue: “Sin financiamiento, no hay atención posible. Sin atención, muchas personas quedan sin la oportunidad de recuperarse. Necesitamos una pronta regularización de los pagos para poder seguir acompañando, conteniendo y salvando vidas. Gracias a quienes no abandonan su puesto de trabajo y siguen sosteniendo las instituciones”, dice el comunicado. En el mismo sentido, López destacó que tanto en su centro como en la mayoría de las comunidades terapéuticas, el personal siguió trabajando aun sin cobrar, a la espera de que la situación se solucione. “Es muy difícil. Son personas que tienen que ir a su casa y pagar las cuentas todos los meses. Son solidarios, pero si no se soluciona tienen que salir a buscar otro trabajo”, apunta.
También la Comisión Directiva de la Federación de ONG de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas (Fonga) emitió un comunicado. “Ponemos en alerta y transmitimos nuestra profunda preocupación ante la situación crítica que viven las instituciones que representamos. Por otra parte, es imperioso y urgente pensar en el cuidado de todos aquellos que tienen la necesidad de ser recibidos y alojados en las organizaciones de la red. En las próximas semanas se corre un gran riesgo del cierre definitivo de muchas de las ONG que vienen dando respuesta a la problemáticas”, dice.
“Los atrasos en el pago de las prestaciones que ya fueron efectuadas, (último pago recibido noviembre de 2025) hacen imposible seguir realizando nuestra tarea. Exigimos regularizar inmediatamente los pagos. De lo contrario, nos vemos en la obligación de cortar la prestación que venimos realizando con el costo emocional que esto representa para las personas que se encuentran alojadas en nuestras instituciones”, explicó.
Según pudo saber LA NACION, hoy hay unas 45 comunidades terapéuticas que reciben a los pacientes que les deriva la Sedronar, que en su mayoría se trata de personas que no tienen cobertura ni obra social. Además, existen otras 600 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, CAAC, que son espacios que brindan contención, asesoramiento y asistencia integral a personas con consumos problemáticos. El 60% de ellas pertenecen a instituciones religiosas. Funcionan en barrios populares con un enfoque comunitario, como los Hogares de Cristo, entre otras, ofreciendo primera escucha, acompañamiento terapéutico, talleres, capacitación laboral y actividades de inclusión social.
Existe gran preocupación entre las distintas comunidades religiosas que proveen el servicio a las CAAC, e incluso hay conversaciones de los obispos con los gobernadores y con legisladores de sus propias provincias, para pedir que ayuden a destrabar el conflicto, que hace que no hayan recibido las partidas del Gobierno nacional, adeudándose también desde el mes de noviembre, explicaron a LA NACION. “Las respuestas que nos dan es que está ocurriendo lo mismo que en otras áreas en las que el Gobierno está retrasado con los pagos, como PAMI, devolución de IVA a las empresas y otras cuestiones. Confiamos en que se regularice pronto, porque la situación se vuelve insostenible. Hay deudas de luz, gas, comida, sueldos. Es muy difícil”, apunta una fuente vinculada a la Iglesia católica.
