“No tenemos miedo”: dura respuesta de los rectores al Gobierno y un pedido a la Corte por la ley de financiamiento
El Consejo Interuniversitario Nacional rechazó “los ataques infundados del gobierno nacional” a las casas de estudios que reclaman por los fondos para funcionar
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LA NACION
En un nuevo capítulo de la tensión entre las universidades públicas nacionales que reclaman los fondos previstos en la ley de financiamiento específico y el Poder Ejecutivo que rechaza cumplira, hoy el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respaldó a su presidente, Franco Bertolacci, y repudió “los ataques infundados de funcionarios del gobierno nacional a las universidades”.
En un comunicado, esta noche el CIN advirtió: “Las rectoras y los rectores de las universidades públicas nacionales rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas provenientes del Presidente de la Nación y del subsecretario de Políticas Universitarias contra el sistema universitario argentino y sus autoridades”.
A tres días de la cuarta marcha federal universitaria que se realizó contra el manejo presupuestario del gobierno de Javier Milei. que en la Plaza de Mayo concitó la concurrencia de unas 150.000 personas y que fue amplia en distintas ciudades del país, el CIN respondió los planteos de Alejandro Álvarez, quien había sostenido: “A ustedes les ofende la verdad, los datos” y que las casas de altos estudios fueron “colonizadas” por la política.
“No estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, en él, a todos quienes integramos el sistema universitario, por el solo hecho de cumplir con nuestra responsabilidad institucional. Nuestra obligación, en tanto autoridades públicas, es reclamar, exigir y defender el cumplimiento de la ley, la Constitución y de los derechos que de ellas emanan", señaló la entidad que nuclea a más de 70 instituciones de educación superior nacionales públicas en todo el país.
Además, advirtieron: “No estamos frente a una discusión personal ni ante una disputa menor. Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal. Cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática“.
Al reiterar la convicción de que el Gobierno debe respetar la ley de financiamiento universitaria, plantearon: “No vamos a aceptar que se pretenda instalar como sentido común que reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso de la Nación, ratificada institucionalmente, respaldada por decisiones judiciales y apoyada masivamente por la sociedad, constituye un acto delictivo. Muy por el contrario, en una república es una obligación ética, política e institucional exigir que se cumpla la ley. Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo".
En un debate televisivo, después de que se produjera la marcha federal, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bertolacci, respondió los señalamientos del subsecretario de Políticas Universitarias. “Hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas”, explicó Bertolacci y añadió: “Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”.
Al ensayar una defensa para explicar por qué el Gobierno no cumple con la ley vigente, Álvarez planteó: “Les avisamos que esa ley nacía muerta”. Y Bertolacci le recordó al funcionario que integra el Ministerio de Capital Humano, que la ley de financiamiento universitario fue debatido en el contexto legislativo de que no existía presupuesto nacional.
Ayer, en el comunicado, el CIN también señaló: “Tampoco estamos dispuestos a callarnos ni a mirar hacia otro lado frente a semejante degradación del discurso público. Defender la universidad pública no es un delito; delito es pretender gobernar por encima de la ley, desacreditando a quienes piensan distinto o reclaman derechos legítimos. Por eso, también, reclamamos una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sociedad argentina necesita una definición clara que ratifique algo que debería ser obvio en cualquier democracia madura: nadie puede estar por encima de la Constitución ni de la ley. Ni los ciudadanos comunes, ni los funcionarios públicos, ni siquiera el propio Presidente de la Nación".
“La universidad pública argentina no va a retroceder frente a la agresión, la intimidación ni la descalificación. Vamos a seguir defendiendo, con firmeza y responsabilidad, el derecho social a la educación superior, la producción científica y tecnológica y el carácter democrático, plural y federal de nuestras universidades. Porque lo que está en discusión no es solamente el presupuesto universitario: lo que está en juego es el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir", concluyó el mensaje de los rectores.
LA NACION
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