Para bajar las expensas, eliminan la obligación de fumigar los edificios una vez al mes

El Gobierno de la Ciudad dispuso que los vecinos puedan decidir la periodicidad de desinfección del edificio. Hasta ahora, esa tarea se debía realizar en forma mensual y obligatoria, por más que no existiera necesidad, y generaba una facturación obligatoria de 24 mil pesos anuales en promedio para un edificio tipo de 10 pisos y 20 departamentos. La idea del gobierno porteño es bajar las expensas que pagan propietarios e inquilinos.

"Hemos dispuesto que los vecinos tengan la libertad de fumigar de acuerdo a la necesidad real de cada edificio y que ese trabajo no sea una imposición mensual del estado", afirmó Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana. El funcionario agregó: "Seguimos adelante con el plan de reducción de costos que afrontan los consorcios y que permitirá una vez aplicado que los vecinos ahorren el valor mensual de una expensa al año".

Si bien no existe un precio uníco para fumigar un edificio, se estima que el servicio de control de plagas para un edificio de 20 unidades funcionales le representa a un consorcio un costo que oscila entre los 1800 y 2200 pesos por mes, dependiendo de la superficie total a cubrir y el tipo de desinfección. En este sentido, los consorcios que decidan, por ejemplo, hacer dos fumigaciones preventivas al año, podrán ahorrar hasta 20 mil pesos.

En la Ciudad existe un registro de las empresas que realizan desinfección. Estas empresas son las únicas habilitadas para emitir certificados y efectuar recomendaciones en base a los problemas de cada edificio. En todos los casos la decisión siempre estará en manos de los copropietarios.

De las 14 medidas previstas para bajar las exprensas ya se implementaron tres: la primera de ellas fue la eliminación del libro de datos periódicos, un documento redundante en tanto el administrador ya presentaba esa información a través de una declaración jurada anual. Luego se dejó sin efecto el certificado de edificio seguro, dado que agrupaba trabajos con certificados específicos ya existentes, y los consorcios pagaban por esa certificación entre 12 a 14 mil pesos anuales.

Entre otras medidas que se tomarán durante este año, se destaca también la licitación de una plataforma denominada Consorcio Participativo, que permitirá a los vecinos realizar un control de todos los gastos que hace el administrador y participar en las decisiones que adopte la asamblea de propietarios. A su vez, será una solución para que el administrador realice la liquidación de expensas y mantenga un canal de comunicación con sus administrados de manera gratuita.

Otras medidas

La próxima medida del plan para bajar los costos de las expensas será el lanzamiento de una cuenta corriente gratuita para cada consorcio que ofrecerá el Banco de la Ciudad. Ya se sancionó la ley que lo hace posible y solo resta que la entidad bancaria disponga por sistema la apertura de ese tipo de cuenta. Así, los consorcios podrán ahorrar 7200 pesos al año.

En tanto, ya se encuentra en la Legislatura porteña la modificación de la Ordenanza 45593/91 para introducir cambios en los controles que se realizan sobre los tanques de agua, otra de las modificaciones que harán bajar las expensas. Por esta regulación vigente desde 1991, los tanques de los edificios son vaciados semestralmente sin antes realizar un análisis del contenido, desperdiciando así millones de litros de agua potable. Al impacto ambiental se suma un costo que supera los 12.000 pesos anuales, que los vecinos deben afrontar en sus expensas.

Una vez modificada la normativa, el control se realizará en forma anual y comenzará primero con un análisis del agua. Sólo en caso de encontrar anomalías se podrá vaciar el tanque para luego realizar las tareas que los técnicos indiquen. Así, los edificios ahorrarán un promedio de 8.000 pesos por año.

Otras medidas previstas son el establecimiento de un control anual para matafuegos dejando sin efecto la supervisión trimestral mediante la fijación de obleas autoadhesivas. Por otra parte, también se prevé eliminar la obligación de construir edificios con vivienda para encargados, prevista por el Código de Edificación para edificios con más de 15 unidades.Con este cambio, todas las unidades funcionales aportarán al pago de expensas y el consorcio podrá ahorrar los gastos de contratación de los servicios de un encargado con vivienda incluida.

En cuanto al control de ascensores y calderas, se establecerán nuevos criterios según la antigüedad de las instalaciones, el uso, sus características y el resultado de las pruebas y análisis que se realicen. Por ejemplo, se permitirá establecer distinciones entre ascensores nuevos y viejos, con uso intensivo (edificios apto profesionales) o residencial en forma exclusiva. Así, habrá una racionalización de los costos del mantenimiento, entendiendo que los más antiguos con alto tránsito requieren una supervisión constante.

LA NACION

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