Para el Gobierno, Veladero está en una zona periglaciar restringida para la minería
Piden a San Juan que haga una auditoría para determinar los efectos en el área
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LA NACIONLaura Rocha
La mina Veladero, que opera la empresa Barrick Argentina, está en un ambiente periglaciar. Así lo confirmó el Ministerio de Ambiente de la Nación que adelantó lo que revela la última actualización del inventario de estos cuerpos de hielo en la provincia de San Juan y que se conocerá oficialmente en las próximas semanas. La información se conoce luego de que el gobierno nacional denunció a la empresa por incumplimiento del protocolo de información del accidente que ocurrió el 8 pasado.
"El inventario ha identificado una serie de cuerpos de hielo, glaciares de escombro y periglaciares, en el área donde está el emprendimiento de Veladero. El próximo paso es que la provincia de San Juan actualice esta auditoría ambiental", explicó Diego Moreno, el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según informó la empresa a LA NACION, la mina de Veladero fue auditada y "no afecta directa ni indirectamente ninguna de las geoformas existentes en los ambientes glaciales y/o periglaciales protegidos bajo la ley". En tanto, en diarios nacionales, la compañía publica hoy una solicitada en la que ratifica, entre otros puntos, que "todos los estudios efectuados [en la zona] arrojaron resultados negativos de presencia de cianuro" luego del incidente.
Para el ministerio, con la publicación oficial de los datos por parte del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), hay que comparar los mapas y solicitar a la provincia de San Juan que realice una auditoría ambiental para que se determine si afecta estos cuerpos de hielo y roca.
Precisamente, impulsada por los abogados de la Asamblea "Jáchal no se toca" se presentaron ante la justicia federal para denunciar que Barrick viola la ley de glaciares. En ese contexto el juez Sebastián Casanello pidió informes al Ministerio de Ambiente esta semana.
"San Juan ya hizo una auditoría en 2013, pero que ahora con el inventario debería hacerse una nueva para contrastarla. Con su publicación vamos a enviar a todas las jurisdicciones la información y el pedido formal de que se haga cada uno de los contrastes en cada lugar. Para los emprendimientos que existen previos a la ley deben hacerse auditorías de impacto ambiental y quedarán prohibidos aquellos que establece la ley de aquí en adelante", agregó Moreno.
Para Diego Seguí, abogado de la asamblea sanjuanina, "el Inigla permitió que Veladero y Pascua Lama se instalen en la cuenca del río Jáchal".
"Ellos dicen que el tamaño de los glaciares son de más de una hectárea, violan la ley. Elevaron el inventario de glaciares al Ministerio de Ambiente. Por eso, le pedimos a Casanello que allane los dos lugares", indicó el letrado.
Sobre el rol del Inigla, indicó Seguí: "Ellos mismos describen lo que está en la mina Veladero como ambiente periglaciar y después ese dato no está en el inventario". Y destacó: "La empresa oculta información de los derrames, el Ianigla oculta información de glaciares, es todo un sistema. Es curioso que el CEO de la Barrick use el mismo lenguaje que el Inigla para describir los glaciares".
Ayer en tanto, el Ministerio de Ambiente se presentó ante la justicia federal sanjuanina. La acción judicial pone en tela de juicio "la aplicación del protocolo de contingencia y el procedimiento ante el hecho y por su demora en la notificación formal por parte de la empresa". Asimismo, se solicita a las autoridades judiciales la toma de medidas de prevención, en términos de monitoreo y control, para que "no se reinicie la actividad productiva hasta que no estén tomados todos los recaudos".
Además, especifica que previo a retomar los trabajos en la mina, "se disponga la implementación de un sistema de monitoreo continuo de la calidad de aguas fuera del emprendimiento, un sistema de monitoreo vía cámaras, con filmación nocturna y detección de movimiento en todo el valle de lixiviación", como condición indispensable para que la mina vuelva a operar.
Por último, el Ministerio de Ambiente solicita que la Justicia obligue a que "se aplique una auditoría ambiental y de proceso, con inspecciones cada dos meses, y que sus resultados sean informados a la autoridad ambiental de aplicación competente".
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