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Paro nacional docente: comenzaron las inspecciones para garantizar la prestación mínima de clases
El segundo semestre inicia con una huelga convocada por la Ctera; el Gobierno verifica si las escuelas cumplen la cobertura mínima del 75%
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LA NACIONLucila Marin
El regreso a clases tras el receso invernal se completa este lunes en todo el país, con la vuelta en las últimas cuatro jurisdicciones –la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero– en medio de un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), al que el Gobierno respondió con la aplicación de la ley de modernización laboral, que declara esencial a la educación y comenzó a realizar inspecciones por primera vez para garantizar el dictado de clases.
Según difundió el Ministerio de Capital Humano, están realizando una “inspección muestral” en escuelas de todo el país para verificar que los gremios cumplan con la cobertura del 75% por tratarse de un servicio esencial, como declararon con la reforma laboral. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, indicaron.
“Va a haber muestreos y en función de eso, si se comprueba el incumplimiento de la ley, se analizará la aplicación de multas a los gremios involucrados”, indicaron desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ante la consulta de LA NACION y agregaron que serán sanciones económicas. Estarán a cargo de inspectores de esa dependencia, que depende de Capital Humano, aunque los voceros no confirmaron si serán en todo el país.
Ayer, la cartera a cargo de Sandra Pettovello informó que se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación para coordinar la inspección y las “acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases” en todo el país. “La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, señaló el ministerio de la red X.
El sábado habían señalado que el Poder Ejecutivo cuenta con la potestad de supervisar el cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. “La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, a la vez, el gobierno nacional es el garante del derecho de la educación de la ciudadanía”, marcaron mediante el comunicado también difundido en X y retuiteado por el presidente Javier Milei, que anunciaba que iban a supervisar el cumplimiento de la ley.
Según coincidieron desde el Ministerio de Educación de la ciudad y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, se trata de un operativo exclusivo de la Nación. “Los inspectores presentarán una credencial a los directores, la Ciudad no debe hacer nada”, contestaron fuentes porteñas a este medio.
Desde temprano, alumnos con guardapolvo blanco retomaban las clases en la Escuela de Jornada Simple N° 12 Provincia del Chaco, situada en la avenida Avellaneda 2547, en el barrio porteño de Flores. En el establecimiento no se observaban señales de adhesión al paro nacional convocado por la Ctera.
Poco antes de las 8.30 llegaron dos inspectores, según observó LA NACION. Tras exhibir sus credenciales al personal docente que se encontraba en el ingreso, recorrieron la escuela. Mientras se desarrollaba el procedimiento, una funcionaria del Ministerio de Educación registraba la actividad. Los inspectores permanecieron en el lugar durante cerca de media hora y luego se retiraron.
Desde el área educativa bonaerense, en tanto, indicaron que no hubo una organización conjunta. “La decisión de inspección fue unilateral”, señalaron, y agregaron que fueron informados recién el domingo por la tarde sobre cómo será el operativo.
La Ctera anunció el paro el miércoles pasado “ante la grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el gobierno nacional”. Sostuvieron que la decisión responde a la negativa del Poder Ejecutivo a concretar la paritaria nacional docente.
Piden una convocatoria urgente junto con aumento salarial, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) –componente del salario de los docentes que paga la Nación y representa entre el 10% y el 15%–, una nueva ley de financiamiento educativo y mayor inversión en infraestructura escolar, comedores y becas. Rechazan, además, la reforma jubilatoria y la ley de libertad educativa que presentó el Gobierno.
“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, señalaron en el comunicado difundido.
Sumado a eso, convocaron a concentrarse este lunes a las 10 en Santiago del Estero y Avenida de Mayo para dirigirse al Ministerio de Economía, en sintonía con los estatales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ya habían anunciado un paro nacional y una movilización hacia allí en reclamo de un aumento salarial y para denunciar el vaciamiento del Estado. Hasta anoche, ni Sonia Alesso ni Roberto Baradel, secretaria general y secretario adjunto de la Ctera, respondieron las consultas de LA NACION sobre el operativo de control anunciado por el Gobierno.
En la Capital, la Ctera suma el reclamo hacia el gobierno porteño y pide que no se modifique el estatuto docente “a espaldas de los trabajadores” como así también “el respeto al ingreso voluntario y la urgente solución a los problemas en la implementación de Secundaria Aprende”, la reforma educativa que impulsa la Ciudad en este nivel.
Un día antes de que comenzaran las vacaciones de invierno, el gobierno porteño anunció una actualización de ese estatuto, que comenzará a regir de forma gradual en 2027, con nuevas reglas para los traslados, límites para las licencias y exigencia del 90% del presentismo para acceder a las calificaciones más altas en la evaluación docente, entre otros puntos.
A la vez, los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) informaron la semana pasada que comunicarán este lunes a las 14 en conferencia de prensa “el plan de lucha” para agosto en todos los establecimientos educativos del país por la “grave situación” que atraviesa la educación argentina en “materia de salarios e inversión”.
“Vamos a acatar lo que dice la ley, no vamos a hacer paro. Sí vamos a hacer otras medidas, que vamos a anunciar mañana [por este lunes], expresando lo mal que está el sistema educativo argentino y que van a abarcar todo el mes de agosto. Es muy probable que terminemos en una gran movilización, que resta definir el lugar”, adelantó a LA NACION Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT.
La postura del Ministerio de Capital Humano es descentralizar las paritarias hacia las provincias, al considerar que son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es competencia de las provincias la negociación salarial.
A través del Decreto 341/2025, oficializaron esa postura en mayo del año pasado: modificaron el esquema previsto por la ley para dejar en manos del Consejo Federal de Educación y de los sindicatos con representación nacional el acuerdo sobre condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente.
Pero luego, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo admitió una acción de amparo presentada por la Ctera y suspendió el decreto del Presidente para excluir al Estado de la negociación salarial docente.
La última reunión de paritarias fue el 8 de abril de este año, cuando el Gobierno ofreció como piso salarial $650.000 para abril y $700.000 para mayo, oferta que fue rechazada por los gremios.
Con la colaboración de Pablo Mannino
