Paro universitario: los niveles de acatamiento en las facultades de la UBA y la fecha para retomar la paritaria

Las universidades nacionales atraviesan este miércoles una nueva jornada de paro de docentes y trabajadores no docentes, tras la negociación salarial con el Gobierno que terminó sin acuerdo. Las cifras disponibles hasta ahora corresponden a estimaciones de las propias organizaciones gremiales, que hablan de una medida de alcance amplio.

Voceros de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señalaron a LA NACION pasado el mediodía que todavía era temprano para establecer un nivel general de adhesión y afirmaron que los relevamientos suelen quedar en manos de los gremios y de cada facultad. Aclararon, sin embargo, que la gran mayoría de las unidades académicas permanecieron abiertas para que los docentes que no se adhirieran pudieran dictar clases.

Según indicaron, Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas registraban los mayores niveles de acatamiento, mientras que en Odontología, Derecho y Ciencias Económicas la adhesión era menor. Según la facultad y la cátedra, algunas actividades se desarrollan de manera presencial y otras a través de los campus virtuales.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) informó a este medio que registra una adhesión “altísima, casi total”. Su secretario general, Daniel Ricci, sostuvo que, según el relevamiento de su organización, el acatamiento es cercano al 100% entre sus afiliados de las universidades nacionales.

AGD-UBA también describió una respuesta elevada. Ileana Cheloto, secretaria adjunta de AGD-UBA, habló de una adhesión “inmensa”. En el caso de la UBA, señaló como excepción a CTERA, cuya presencia se concentra principalmente en establecimientos preuniversitarios y que este miércoles mantiene sus actividades.

Entre los trabajadores no docentes, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) informó números similares. Su secretario general, Walter Merkins, aseguró a este medio que el acatamiento es “prácticamente total” y lo estimó por encima del 95% en el conjunto de las universidades del país relevadas por la federación.

La medida se organizó con poco margen. Aunque los gremios no esperaban una recomposición que resolviera por completo el conflicto, la decisión de parar terminó de definirse después de conocerse la propuesta presentada en la reunión del martes.

Los gremios consultados por LA NACION coinciden en un punto: consideran que el aumento del 3% ofrecido para septiembre está lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo que acumulan los salarios universitarios.

La medida fue definida luego de la reunión paritaria realizada ayer entre representantes del Gobierno y las federaciones del sector. Allí se presentó una propuesta de aumento del 3% para septiembre, mientras que para octubre ya estaba previsto otro incremento del 3%, acordado con anterioridad. La próxima instancia de negociación fue convocada para el 17 de septiembre.

Pero detrás de esos porcentajes aparece una discusión de fondo. Los sindicatos sostienen que los salarios arrastran una pérdida considerable frente a la inflación y reclaman, además, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las estimaciones varían según la organización y el período que se tome como referencia, por lo que cada cifra corresponde al cálculo del gremio que la proporciona.

Las fuentes consultadas calificaron además como “fuerte” el impacto de la situación salarial y estimaron que los ingresos acumulan un atraso de entre el 25% y el 35% respecto de 2023, según el período que se tome como referencia. También cuestionaron el incumplimiento que atribuyen al Gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario y de las resoluciones judiciales vinculadas a su aplicación, y expresaron su expectativa de que el conflicto salarial pueda resolverse pronto.

Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) explicaron a LA NACION que, por la extensión y la distribución territorial de la institución, no realizan un relevamiento oficial del nivel de adhesión y señalaron que las cifras quedarán en manos de los gremios docentes y no docentes al finalizar la jornada. Pese al paro, indicaron que las clases y las tareas administrativas se mantienen, aunque destacaron que esto es posible por “el enorme esfuerzo” de los trabajadores, cuyos salarios, reconocieron, “no son acordes a la importante labor que desarrollan”. Desde la universidad manifestaron además “preocupación” porque, según señalaron, transcurrieron más de 300 días sin que se cumpliera lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario en materia presupuestaria y porque continúa sin resolverse el reclamo salarial.

Advirtieron que si el conflicto deriva en nuevas medidas de fuerza, podrían verse afectados los cronogramas de cursadas y evaluaciones. En cuanto a las cuentas de la institución, afirmaron que la UNLP “padece el ajuste como todo el sistema universitario” y que debieron redoblar esfuerzos en la administración de los recursos para sostener las actividades de enseñanza, investigación, extensión, producción y bienestar estudiantil.

Cheloto explicó que su gremio calcula que los salarios necesitan una recomposición del 31,2%. Por eso, señaló, no considera simplemente “insuficiente” la propuesta oficial, sino que la interpreta como una “burla”. De acuerdo con la dirigente, la estimación surge de contrastar la inflación acumulada con los aumentos salariales otorgados durante el período. Si se aplicara el 3% propuesto ahora, agregó, todavía quedaría pendiente una recomposición del 28,2%, según los cálculos de AGD-UBA.

Fedun llega a una estimación similar por otra vía. Según los datos aportados a este medio por la organización, los salarios universitarios acumulan una caída real del 23,8% desde noviembre de 2023 y deberían aumentar un 31,2% para recuperar el poder adquisitivo que tenían entonces. “La situación salarial es la peor de la democracia”, definieron desde Fedun. La federación sostiene que, con la excepción de junio, durante los últimos 21 meses los salarios universitarios perdieron contra la inflación.

Ricci cuestionó el porcentaje presentado en la última negociación y vinculó directamente la salida del conflicto con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Para el dirigente, el reclamo excede la discusión de una paritaria particular: sostiene que existe una norma que establece una recomposición y que debe ser aplicada.

La discusión salarial tiene una expresión particularmente crítica entre quienes se encuentran en las categorías más bajas del escalafón no docente. Merkins sostuvo que alrededor del 80% de los trabajadores no docentes del sistema universitario se encuentran en categorías alcanzadas por una garantía salarial que permite completar los ingresos más bajos. Según explicó, FATUN reclama que ese componente sea incorporado al salario remunerativo.

El dirigente cuestionó que actualmente esa suma se pague sin los aportes y contribuciones correspondientes. Para la federación, el problema no se limita al ingreso que recibe cada trabajador: también repercute sobre los recursos que llegan a las obras sociales universitarias.

La situación adquiere una dimensión concreta en la Universidad Nacional de Lanús. Allí, ATUNLa comenzó una campaña de entrega de alimentos para trabajadores de las categorías salariales más bajas, según contó Di Silvestro.

El dirigente vinculó además el deterioro de los ingresos con otras consecuencias que, según sostiene, empiezan a aparecer en la vida cotidiana de los trabajadores, desde dificultades para cubrir necesidades básicas hasta problemas personales derivados de una economía familiar cada vez más ajustada.

ATUNLa calcula que la pérdida salarial llegó a ubicarse entre el 55% y el 60% en el momento más crítico y que, después de las recomposiciones posteriores, actualmente ronda el 35%. Es una estimación propia del sindicato y utiliza una referencia diferente de la empleada por las organizaciones docentes.

La distancia entre las partes tampoco se limita al porcentaje de la última oferta. Los gremios colocan en el centro del conflicto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y sostienen que la discusión abarca, además de los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio.

“Las leyes están para que se cumplan”, afirmó Cheloto. Señaló que AGD-UBA reclama que se aplique la norma y que la recomposición alcance los niveles que, según sus cálculos, permitirían recuperar lo perdido.

Merkins calificó de “ridícula y vergonzosa” la propuesta del Gobierno y cuestionó que se haya planteado ese porcentaje cuando ya existe una nueva convocatoria paritaria para el 17 de septiembre. El dirigente interpreta que la negociación debe contemplar no solo una recomposición de los ingresos sino también la regularización de los componentes salariales que actualmente se pagan como garantía.

La discusión continuará durante las próximas semanas en más de un ámbito. Además de la nueva reunión paritaria prevista para mediados de septiembre, la situación de las universidades será analizada la próxima semana en Bariloche, durante un encuentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Di Silvestro anticipó que allí participarán rectores de universidades nacionales, representantes sindicales docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles. Entre los temas que esperan llevar a la discusión mencionó la recomposición salarial, las becas para estudiantes y los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

Por Camila Súnico Ainchil

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