Polémica compra de pistolas automáticas para funcionarios

En un trámite que, según fuentes judiciales, roza la ilegalidad, cinco funcionarios del gobierno nacional, un juez federal y un empresario adquirieron pistolas con las que se pueden disparar ráfagas de balas como una ametralladora y que sólo pueden ser utilizadas por fuerzas militares, durante actos de servicio.

El arma en cuestión es una pistola Glock modelo C 18, calibre 9 milímetros, que permite disparar su cargador, de 19 balas, en forma de ráfaga en menos de un segundo.

En la Argentina ninguna fuerza de seguridad, ni militar disponen de ellas. Es, sin embargo, la pistola que utilizan los agentes especiales del FBI.

Teóricamente ningún civil puede llegar a comprarla, excepto que el Ministerio de Defensa lo autorice en forma expresa. El interesado, entre otras cosas, debe acreditar un entrenamiento especial para su manejo. "Hay unas 800 de estas autorizaciones", admitió Juan Carlos Ramos, director del Renar.

Entre los beneficiarios de la operación aparece el ministro de Defensa, José Pampuro, su secretario de Asuntos Militares, Jaime Garreta, el director del Registro Nacional de Armas (Renar) Juan Carlos Ramos, el subdirector de esa repartición Narciso Angeletti, el juez federal Claudio Bonadío, el procurador del tesoro Osvaldo Guglielmino y el empresario de Lomas de Zamora Néstor Otero.

Para conseguir el moderno armamento todos los interesados fueron autorizados en forma especial por el ministro de Defensa. Las fuentes consultadas por LA NACION dijeron que los funcionarios argumentaron que son objeto de frecuentes amenazas.

Cuando se le preguntó a Ramos si había denunciado judicialmente esas supuestas intimidaciones, dijo que no lo había hecho porque se trataba de "mensajes, papelitos, volantes y e-mails".

LA NACION supo que varios de los compradores de las armas se entrenaron durante meses en un polígono de tiro del conurbano.

Pampuro confirmó que adquirió la pistola "por mil quinientos pesos" y dijo que la guarda en su casa para defensa de su hogar.

Bonadío también confirmó la compra. El juez fue atacado a tiros en septiembre de 2001 por delincuentes y mató a uno de ellos.

Algunas fuentes dijeron que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, también compró una, pero el funcionario lo negó. "Sólo tengo permiso de portación para una pistola H&H, pero no la llevo encima desde 1995", dijo.

La compra de un total de diez pistolas automáticas se hizo el año pasado y para realizarla el Ministerio de Defensa, con la firma del director del Renar Juan Carlos Ramos le envió al Ministerio de Economía y Trabajo de Austria, el país donde se fabrica el arma, una nota denominada "Certificado de usuario final para su presentación a las autoridades de control de exportaciones de Austria".

Allí, Ramos le dijo al gobierno austríaco que las diez Glock "serán utilizadas en la Argentina por el Ministerio de Defensa y serán entregados (sic) por el representante de Glock en la Argentina". Pese a ese compromiso oficial, las armas terminaron en manos de particulares.

Ramos dijo que "no es clara la redacción, las armas van al Ministerio de Defensa y, una vez verificado el material, el ministerio puede permitir que se las vendan a particulares. Todas las compras se hacen así. Este certificado es para permitir la salida de las armas de Austria".

Sólo dos de las diez armas quedaron depositadas en la caja fuerte del Renar, según pudo comprobar LA NACION en el lugar. Siete pistolas tienen un portador identificado. La octava, según el ministro del Interior, no fue comprada por él. Nadie dice en poder de quien se encuentra.

Garreta negó que la operación haya sido irregular. "El ministerio no compró nada. Usuarios con antecedentes comprobables y demostrada idoneidad para el uso de armas hicieron la solicitud al Renar para comprar las pistolas y justificaron las razones de seguridad personal del pedido".

Indicó que cada uno pagó 500 dólares por las pistolas y mostró comprobantes de pago individuales que figuran en los legajos que el Renar tiene de cada una de los nombrados. Especialistas en armas consultados por LA NACION dicen que una pistola de ese tipo vale alrededor de 1300 dólares.

Las pistolas llegaron al país en un vuelo de Lufthansa el 22 de diciembre del año último y fueron verificadas en Ezeiza por el Renar. Los inspectores certificaron en un acta que se trata de "material de uso exclusivo de las instituciones armadas". Cumplido ese trámite las pistolas automáticas se depositaron en el Renar.

"Los inspectores verifican qué clase de material es. No dicen que sólo deben tener ese uso", dijo Ramos.

Ramos aseguró que las autorizaciones especiales fueron suscriptas por Pampuro, incluida la que lo beneficia a él mismo. Otras fuentes, en cambio, aseguraron que Pampuro autorizó a Garreta, Angeletti y a Bonadío. Y que Garreta autorizó la de Pampuro, la de Ramos, la de Otero y la de Guglielmino.

---

Conforme a