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Polémica explotación de un bosque fueguino
Comprende 130.000 hectáreas de lengas
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USHUAIA. - El fantasma de la deforestación volvió a abatirse sobre el bosque nativo fueguino. El gobierno, encabezado por el menemista Carlos Manfredotti, autorizó a la empresa multinacional Trillium Corporation -que planea explotar 130.000 ha de lengales- a instalarse aquí para comenzar, a partir de junio, a procesar madera importada de los bosques de Chile.
La forestal, que en nuestro país adoptó el nombre Lenga Patagonia S.A., es dueña de 77.000 hectáreas de terreno con bosque en el sector argentino de Tierra del Fuego y reclama al Estado la concesión de otras 55.000 hectáreas fiscales, según se desprende del proyecto "Río Grande" presentado en 1994 ante las autoridades fueguinas.
A estas posesiones se suman las 240.000 ha de bosque compradas por la empresa en la porción chilena de la isla para ejecutar el proyecto mellizo "Río Cóndor", de idénticas proporciones y tan controvertido como el propuesto en la Argentina.
El anuncio fue dado a conocer por el titular de Lenga Patagonia, Esteban Tackacs, en coincidencia con el secretario de Desarrollo y Planeamiento, Roque Lapadula, que el año pasado autorizó a la compañía a deforestar 500 hectáreas anuales de bosque con la firma de la resolución 23/2000. Sin embargo, la firma no pudo iniciar el desmonte por una acción de amparo interpuesta por la asociación ecologista Finis Terrae.
El tope de 500 hectáreas anuales no es casual. La ley forestal exime del requisito de presentar un estudio de impacto ambiental a las empresas que intervengan menos de esa superficie.
La abogada Patricia Borla, que patrocina a los defensores del bosque en una demanda contra el Estado por "protección de intereses difusos y colectivos", consideró "inadmisible que un proyecto de semejante envergadura se habilite sobre la base de un precepto legal creado para fomentar la actividad de los pequeños aserraderos, de bajo volumen de extracción y bajo impacto, que no pueden contratar a un equipo interdisciplinario para elaborar un estudio de impacto ambiental".
El "vericueto legal para eludir las normas que procuran la sustentabilidad del uso del recurso", definido así por los ambientalistas, fue el recurso hallado por el Gobierno y la empresa luego de que el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, declarara "inviable" al Proyecto Río Grande, sobre la base de la opinión de un grupo de expertos que invalidaron el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.
Ramacciotti exigió a la empresa y al Gobierno que "la Trillium retire formalmente el proyecto Río Grande, que cuestionó la comunidad científica, rechazó la sociedad fueguina y deploraron el fiscal de Estado y el Defensor del Pueblo de la Nación".
La medida sumó controversias cuando el Gobierno generó una acefalía en la Dirección de Bosques para que las decisiones en esta materia sean tomadas por un funcionario político: el subsecretario de Recursos Naturales. La ley forestal fueguina establece que esta dirección es su autoridad de aplicación y la ejerce un ingeniero forestal elegido por concurso.
La empresa empieza en junio
Tackacs declaró que la compañía va a "empezar en junio procesando la madera proveniente de Chile y de otros aserraderos de Tierra del Fuego, con la idea de instalar antes de fin de año secaderos y máquinas para reprocesar y darle valor agregado a la lenga".
Lapadula había declarado a La Nación que la empresa "tendrá que cumplir con el plan de manejo autorizado, será fiscalizada, y seguramente hará buena letra, ya que la inversión que hizo en la provincia indica que continuará adelante con el proyecto".
Los bosques fueguinos están formados por ejemplares centenarios de tres especies: la lenga, el guindo y el ñire, que tardan 120 años en adquirir el tamaño adulto.
Los pasos de la concesión
- Noviembre de 1994: Trillium, con el nombre Lenga Patagonia, presenta al gobierno fueguino el proyecto Río Grande, basado en la explotación de 130.000 hectáreas de bosque nativo.
- Diciembre de 1994: La Legislatura convierte en ley el pedido de 6000 fueguinos: la prohibición de exportar madera sin valor agregado.
- 1995: Se radica una demanda contra el Gobierno por "protección de intereses difusos y colectivos".
- Mayo de 1996: El Gobierno multa con 20.000 pesos e inhabilitación temporal a la empresa por abrir, sin autorización, 3 kilómetros de caminos y un playón de 19 hectáreas.
- 1997: Una comisión de expertos objeta el Estudio de Impacto Ambiental de Lenga Patagonia. La empresa introduce modificaciones consideradas "insuficientes" por los especialistas.
- 1999: Un dictamen del fiscal de Estado declara "inviable" el proyecto de Lenga Patagonia, que debe elaborar un nuevo estudio de impacto.
- Febrero de 2000: El Gobierno aprueba la explotación de 500 ha anuales.
- Febrero de 2001: La empresa y el Gobierno fueguino anuncian el inicio de los trabajos.
