
Polémica por la ocupación del espacio público en Puerto Madero
Varios restaurantes y emprendimientos fueron denunciados en la Justicia
1 minuto de lectura'

La discusión por la ocupación ilegal del espacio público llegó hace unas semanas a uno de los barrios más exclusivos: Puerto Madero.
Es que varios restaurantes, complejos y otro tipo de emprendimientos de la zona violan el Código Contravencional en su apartado referido a la ocupación del espacio público y el Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo con lo denunciado ante la Justicia por la Corporación Antiguo Puerto Madero, una sociedad anónima creada en 1989 cuyos dos accionistas son los gobiernos de la Ciudad y de la Nación y que tiene por misión desarrollar urbanísticamente, comercializar y administrar la zona, según lo confirmó el fiscal que investiga la causa, Martín Lapadú.
Las denuncias del ente se refieren a la colocación de mesas y sillas en las recovas y a los cerramientos que realizaron algunos emprendimientos, prohibidos en esa zona de la Capital. También al cierre que se ha realizado en algunos estacionamientos sin que corresponda y a la ocupación de veredas.
Este barrio moderno en donde viven 6000 personas y donde trabajan diariamente 30.000 no es ajeno a lo que sucedió en varios reductos gastronómicos de la ciudad, como los de Recoleta y Las Cañitas.
Y según pudo averiguar LA NACION, la Corporación realizó la denuncia después de haber advertido hace dos años a los responsables de los locales de la violación de la norma que estaban cometiendo. Al no haber recibido respuesta de los concesionarios la Corporación recurrió a la Justicia.
Medida levantada
Las primeras denuncias apuntaron a los restaurantes Spell Café, Rodizio, Spettus, TGI Fryday´s, Il Gatto, La Bistecca, La Parolaccia del Mare, Puerto Cristal y Siga la Vaca. Lapadú clausuró las instalaciones que violaban la norma, pero la semana pasada el juez de garantías Gustavo Letner levantó la medida, aunque sigue pendiente la resolución de la cuestión de fondo. Dos días después, el gobierno porteño clausuró Il Gatto y La Bistecca por falta de habilitación. Esta última sigue clausurada.
Por la misma causa fueron denunciados Bice, Cabaña Las Lilas, Freddo, La Madelaine, Justo Corrientes, Sorrento, La Caballeriza, Tocororo y Gourmet Porteño.
También se pidió intervención de la Justicia para resolver si es legal o no la colocación de barreras en estacionamientos que pertenecen al espacio público, como ocurre, según la denuncia, en el predio que tiene la Universidad Católica Argentina.
Las denuncias se investigan en la fiscalía contravencional N° 9, a cargo de Lapadú. Según detalló el fiscal a LA NACION, antes de fin de mes se hará el requerimiento para la elevación a juicio de la causa.
"En lo que respecta a este primer cúmulo de causas, estamos recabando la prueba y la semana próxima se estarán recibiendo los testimonios. Para fin de mes elevaré el requerimiento a juicio", dijo Lapadú.
El fiscal agregó que hasta el momento se obtuvieron los informes de las direcciones generales del gobierno encargadas de verificar los permisos y las de interpretar el Código de Planeamiento urbano.
Según ese informe, muy pocos restaurantes cuentan con el permiso para colocar mesas y sillas en las veredas o en el sector con vista al río. Y menos aún, ya que lo prohíbe el Código de Planeamiento, cerrar las recovas. "La norma ni siquiera permite materiales transparentes", dijo Lapadú.
Muchos restaurantes tienen una habilitación precaria y otros ni siquiera tienen habilitación, por lo tanto no pueden tener el permiso accesorio porque aún no han cumplido con el primer paso. Pero ése es un tema que debe resolver el gobierno porteño.
La Justicia debe resolver si violan los artículos 74, 83 y 84 del Código Contravencional sobre la ocupación ilegal del espacio público.
Las penas para estas infracciones, además de la multa, son la clausura del local por 180 días y la inhabilitación de las personas jurídicas por dos años para ser titulares de una habilitación de un local.
Muchos locales ya están poniéndose en regla y quitaron los cerramientos cuestionados. Además, se agregó que una concesionaria de autos que utilizaba la vereda para exposición rescindió el contrato de alquiler que incluía ilegalmente ese espacio e inició las acciones legales por el daño ocasionado.
Hay otros que todavía esperan la resolución final de la Justicia.





