Por el derrame de cianuro, amplían 30 días la suspensión de la mina Veladero
En un dictamen, el fiscal federal Delgado pide investigar a los directivos de Barrick y a funcionarios nacionales y de San Juan vinculados con la actividad minera y ambiental
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LA NACIONLaura Rocha
"Han pasado diez días y el pueblo de Jáchal aún no sabe si puede beber el agua que alimenta a la comunidad." Ésta es una de las frases del dictamen redactado por el fiscal federal Federico Delgado, quien solicitó que los directivos de la empresa Barrick Gold y los responsables de los poderes ejecutivos de la Nación y de San Juan relacionados con la operatoria minera sean investigados por el derrame de cianuro de la mina Veladero en la cuenca del río Jáchal.
El requerimiento se sumó a la resolución que tomó la justicia local de suspender parcialmente por 30 días la actividad de la mina. La medida del juez Pablo Oritja apuntó a no utilizar cianuro en el valle de lixiviación, lugar al que no llegó la fuga de 224.000 litros de agua cianurada el domingo 13 de este mes. En Barrick indicaron que sólo seguirán operando en la montaña removiendo las rocas.
Delgado, en tanto, consideró que "la investigación jurisdiccional debe encaminarse para dilucidar si los responsables de los poderes ejecutivos y los directivos de la empresa minera cometieron los delitos de envenenamiento de aguas, propagación de enfermedades peligrosas e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Requirió también que "se libre orden de presentación contra la sede de la empresa Barrick Gold ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en la persona de su director ejecutivo, Guillermo Caló, para que brinde las explicaciones pertinentes, en particular, qué ocurrió el domingo 13 de septiembre pasado en la mina Veladero de San Juan y, específicamente, cuál es el material derramado y sus riesgos".
Mientras la asamblea de pobladores en Jáchal sigue sesionando en forma permanente, al menos cinco empleados de la minera canadiense declararon ayer en la investigación que busca determinar si hubo negligencia humana en el accidente en el que se derramó solución cianurada en la cuenca del Jáchal.
Oritja agregó ayer sobre los análisis tras el derrame: "No hay cianuro en el agua que pueda afectar a la salud, lo que no quiere decir que no se haya producido impacto ambiental en la cuenca" del río Jáchal.
El funcionario judicial indicó que los análisis químicos efectuados en los afluentes cercanos a las poblaciones arrojaron "resultados negativos en contenido de cianuro". Atribuyó esa conclusión a la baja concentración de ese líquido presente en la "solución cianurada", un componente preparado específicamente para la operación en el yacimiento minero.
"La concentración de cianuro no es alta, se hace con bajo contenido. En el momento en que se filtró tenía 130 partes por millón. Ya en el primer muestreo se había diluido un 50 por ciento y daba 65 partes por millón. Eso da cuenta de la rápida capacidad de disolución que tiene el cianuro en el agua", explicó Oritja en declaraciones radiales.
En la resolución, sin embargo, convocó a conformar una comisión técnica para el monitoreo del río y sus afluentes que estará conformada por representantes de la Universidad Nacional de San Juan, un representante técnico de la Policía Minera, otro de Obras Sanitarias de la provincia, dos ciudadanos de Jáchal y dos del departamento de Iglesia.
Pero San Juan sigue revolucionado. En las primeras horas de la tarde de hoy se realizará la sesión especial de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la Nación en el Foro de Abogados de la capital sanjuanina.
También hoy se presentará el plan de monitoreo que llevará adelante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), a pedido del gobierno de San Juan, que demandará al menos un mes. Según los expertos, es necesario analizar en distintos puntos y en distintas profundidades la calidad de las aguas. Una de las cuestiones a tener en cuenta es de qué forma puede acumularse en los sedimentos el cianuro derramado.
Barrick Gold desplazó a 15 personas, entre quienes se cuentan los empleados con mayores cargos ejecutivos y operativos, hasta que se establezcan responsabilidades. En su reemplazo llegaron a la Argentina técnicos y funcionarios canadienses.
El malestar por la situación que generó el derrame también se siente en otras actividades. Por caso, la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan emitió un duro comunicado: responsabiliza al gobierno provincial. "La Barrick gobierna la provincia. Hace ocho años que el Consejo Consultivo Minero no se reúne. La actividad agropecuaria y social de Jáchal fue destruida por la actividad minera."
En forma paralela, la Fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Ramiro González, prepara un dictamen que impulsa una investigación para determinar si hubo negligencia en el accidente y solicitará que el juez federal Sebastián Casanello cite a declarar a funcionarios nacionales de minería y ejecutivos de la Barrick que podrían haber tenido responsabilidad en el accidente. Esta investigación es la que se deriva de la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
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