Porretti quedó detenido

La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscal de Dolores María Fernanda Hachmann para detener al suspendido intendente de Pinamar Roberto Porretti en el marco de la investigación de una causa por presunta extorsión, quien esta noche finalmente se entregó en la sede judicial.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales que informaron que el juez de Garantías Gastón Giles hizo lugar a la solicitud de la fiscalía. Por otra parte, su abogado Roberto Babington, adelantó esta noche que a pesar de que no fue notificado judicialmente de lo resuelto por el juez recomendó a su defendido ponerse a derecho y entregarse en la sede dolorense, lo que finalmente se concretó minutos antes de las 21 horas.

Desde el mediodía la policía estuvo en la búsqueda del jefe comunal, cuyo paradero se desconocía, aunque en horas del mediodía LANACION.com confirmó que estaba en la Intendencia.

Más tarde, cuando el intendente abandonó la sede municipal, LA NACION pudo seguir el camino que el jefe comunal tomó para llegar a su casa, a pesar de que éste montó un operativo para evadir a la prensa. Sin embargo, un cuatriciclo, perteneciente a la municipalidad, se interpuso en el camino que Porretti tomó al salir de su hogar y se perdió su rastro.

Irrazonable. Esta tarde, Gonzalo Díaz Cantón, otro de los abogados de Porretti, había reconocido a la agencia Télam desconocer el paradero de su defendido.

"Desconozco su paradero, recién llego a Pinamar y todavía no me he podido comunicar con él ni con su familia", dijo el letrado, al tiempo que cuestionó el pedido de detención del intendente y afirmó que el grupo de abogados seguirá "cuestionando la prueba".

"No debieron haber dado la orden de detención hasta que la Cámara de Casación de La Plata resuelva el recurso de hábeas corpus. Fue una decisión bastante irrazonable", afirmó.

Anteayer, la Cámara de Apelaciones de Dolores había rechazado el recurso planteado por los abogados defensores de Porretti y dejó en firme lo resuelto el 12 de febrero pasado por la jueza de Garantías de Dolores, Laura Inés Elías.

La causa se inició cuando los empresarios Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky, del complejo bailable de Pinamar Ku-El Alma, acusaron a Porretti y a su secretario de Gobierno, Aldo Leonián (que se encuentra bajo prisión domiciliaria), de intentar cobrarles 400 mil pesos para no cerrarles la discoteca y presentaron una denuncia documentada en video.

Según dijeron, de ese dinero 225.000 pesos corresponderían al pago de un canon adeudado por usar espacio público y 175 mil serían para los funcionarios.

Días después, la Justicia confirmó que existían "indicios vehementes" para creer que los funcionarios habrían con "caracteres extorsivos" amenazado con demoler del complejo bailable Ku-El Alma si los empresarios no les pagaban los cánones supuestamente exigidos.

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