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Procesan a ex directivos del Banco Mendoza
Quebranto: El magistrado sostiene que los involucrados en la maniobra dolosa eludieron las normas del Banco Central y llevaron a la sede bancaria a una virtual liquidación.
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MENDOZA.- . El juez federal Luis Alberto Leiva dispuso ayer el procesamiento y la prisión preventiva de los 26 ex directivos del Banco de Mendoza, detenidos el 24 de noviembre por el delito de subversión económica dolosa en su administración.
La resolución afecta a funcionarios designados entre 1987 y 1995 por los ex gobernadores justicialistas José Octavio Bordón y Rodolfo Gabrielli. En muchos casos fueron hombres influyentes por su estrecha confianza con los ex mandatarios.
En los fundamentos de la resolución por la que se dictó el procesamiento, el juez Leiva afirmó que los involucrados eludieron las normas del Banco Central y "llevaron al banco a un virtual estado de liquidación".
Sostuvo que la cifra calculada por los peritajes técnicos en 626.274.000 pesos "daría una medida de los quebrantos originados en el otorgamiento de malos créditos que habría sufrido el Banco de Mendoza por ese accionar".
El magistrado agregó que esa cifra "equivale a diez veces el patrimonio neto del banco declarado al 30 de junio de 1995 y que significaría que el Banco de Mendoza estaría virtualmente en situación de liquidación".
Incluso destacó el contraste existente entre los 626 millones de quebranto y los 30 millones de pesos por los que finalmente fueron vendidos los bancos de Mendoza y de Previsión Social al consorcio integrado por el Banco República y la inversora local Magna.
En un voluminoso dictamen de 232 fojas, el magistrado se valió de categóricos informes de inspección del Banco Central y de la consultora privada Deloitte & Co. junto con las declaraciones indagatorias de los detenidos, para intepretar que prima facie los ex directivos del Banco de Mendoza habrían incurrido en el delito de subversión económica agravada.
El juez habla de un "proceder irregular al que se encontraba sujeta no sólo la mecánica de la operatoria crediticia si no también el tratamiento de las operaciones con tarjetas de crédito, con cheques, etcétera, y que sería revelador de la gravedad de la situación económica, financiera y patrimonial del banco".
Consideró además que "surgiría de lo informado que ni las autoridades gerenciales, ni la auditoría interna, ni la sindicatura colegiada, ni la auditoría externa,como integrantes del sistema de control interno, detectaron las irregularidades antes cometidas."
En estado moroso
Entre otras conclusiones, el dictamen indicó que "no se respetaron las normas del Banco Central en cuanto a los requisitos mínimos para considerar las solicitudes de crédito y las refinanciaciones".
Además se observó que "en el legajo de algunos de los clientes consta que las empresas se habrían encontrado en un estado moroso y a pesar de ello no sólo se habrían refinanciado sus pasivos con el banco, sino que además se les habría hecho importantes quitas al monto de su deuda".
Un informe técnico del Banco Central, realizado al 30 de abril de 1994, reveló que el Banco de Mendoza "no habría aplicado para la totalidad de la cartera las disposiciones establecidas en la Ley de Convertibilidad, lo que traería aparejado distorsiones en cuanto a los importes declarados como capital e intereses".
Los estudios del BCRA confirmaron significativas diferencias entre los saldos del Banco de Mendoza y los saldos que registraban las firmas Visa y Argencard-Mastercard por operaciones con tarjetas de crédito otorgadas por la entidad bancaria.
En el documento se indica que en más de una ocasión las inspecciones técnicas del Banco Central se encontraron con falta de documentación requerida al directorio del banco despues de detectar anomalías en distintas operatorias.
En otros informes del Central se detectó un quebranto impositivo al 30 de junio de 1992 superior a los 200 millones de pesos "originado básicamente por la constitución de previsión por riesgo de incobrabilidad mediante un criterio disímil al aplicado comercialmente".
El Banco Central concluyó que a raíz de la "falta de detalle de préstamos otorgados al 16 de septiembre de 1991, y de errores en las registraciones contables, no fue viable la determinación del capital a la fecha de estudio".
Por error u omisión
La auditoría externa realizada por la firma Deloitte & Co. no fue menos contundente ya que luego de analizar los ejercicios contables al 30 de junio de 1993 se encontró con que existió "una distorsión de encubrimiento de errores u omisiones que podrían ocasionar un perjuicio económico a la entidad y carencia de información confiable para la integración de las fórmulas sobre relaciones técnicas exigidas por el BCRA" .
También se hallaron "legajos de créditos que carecen de los elementos necesarios para una mejor ponderación del riegso crediticio", a la vez que "algunos clientes de cuentas corrientes permanecen con sus saldos en descubierto por más de 30 días sin que se instrumente el acuerdo correspondiente o se clasifique a éstos como cartera irregular".
En cuanto a las empresas que se beneficiaron por esta situación, el magistrado mencionó a un grupo de conocidas firmas locales y nacionales. Por ejemplo indicó que "se asistió a la firma Valle de Las Leñas por 2.500 millones de australes, al 21de febrero de 1990 pese a no contar con patrimonio ni garantías mínimas que justifiquen dicha asistencia".
La lista de los ex directivos imputados
Los procesados en el affaire Banco de Mendoza, cuando la entidad otorgó créditos de dudosa cobrabilidad por una suma estimada en 800 millones de pesos, son 26.
Se trata de los ex presidentes Eduardo Del Amor y Nicolás Canet, los ex vicepresidentes Oscar Vicente Miranda, Mario Rogelio López y Eduardo Fábrega.
También los ex directores Guillermo Melaj, Omar Santos Rodríguez, Eduardo Jardel, Luis Edgardo Yáñez, Oscar Da Viá, Luis Martos, Carlos Persia, Héctor García Lancieri, Aldo Martínez, Julio Tarquini, Carlos Delpozzi, Jorge Chacón , Alberto De Antonio, Roberto Farés y Miguel Dasmi.
Los ex gerentes Oscar Gratz, Héctor Ramón Vega, Daniel Venini, y Federico Villalba y los ex síndicos Eduardo Estrada, y Eduardo Quesada.
Embargos
Además la justicia trabó embargo sobre los bienes de los procesados por un millón de pesos cada uno.
Además, dictó la falta de mérito para procesar a los detenidos por el delito de evasión impositiva, tipificado en la Ley Penal Tributaria.
A poco de conocer esta resolución que sacudió aún más al ambiente político mendocino, los abogados de los detenidos iniciaron dos acciones: una urgente, para obtener la libertad condicional de sus clientes y otra para interponer un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza por considerar que no corresponde al caso la figura delictiva de subversión económica.
La figura de la subversión económica prevé una pena de hasta 8 años de prisión según lo establece la Ley 20.840 de Seguridad Nacional.
Empresas
Varias empresas conocidas figuran entre las que recibieron millonarios créditos en condiciones irregulares, según consta en las actuaciones judiciales.
Entre ellas, la constructora Mateo Kristich, la metalúrgica Industrias Arquímedes Rossi, la alimenticia Noel y Cía., la industria Carbometal, Industrias Alimenticias Mendocinas S.A., la Constructora Sitra y la planta de agua mineral Mineragua S.A., entre otras.
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