Proponen legalizar la prostitución con libreta sanitaria y puertas adentro

Dos proyectos de ley para regular aspectos del ejercicio de la prostitución en la ciudad vuelven a generar controversia en la Legislatura porteña. Uno propone legalizar la actividad puertas adentro y obligar a las trabajadoras sexuales a tener una libreta sanitaria; el otro, a crear zonas rojas junto con un registro de meretrices.

A dos años de los disturbios registrados en el edificio de Perú 130 durante el debate del Código Contravencional, luego de los cuales hubo un acuerdo tácito de no impulsar iniciativas referidas a la venta de sexo para evitar más conflictos, dos diputados insisten en propuestas que ya habían presentado en 2004.

En otros distritos, la discusión ya se dio. En la provincia del presidente Kirchner, por ejemplo, la zona roja de Río Gallegos –el barrio Las Casitas– ya es un clásico, y allí las meretrices poseen libreta de salud y se realizan exámenes médicos obligatorios. También deben respetar ambos requisitos sanitarios quienes ejercitan la prostitución puertas adentro en Córdoba. Otro tanto sucede en la ciudad de San Luis, con una zona roja al aire libre.

En la Capital, el diputado Rodrigo Herrera Bravo (CPC) ingresó su nuevo proyecto en la Comisión de Salud de la Legislatura, por el que crea una libreta sanitaria obligatoria para meretrices y travestis, habilita en los hospitales porteños un servicio de control profiláctico sanitario para la realización de exámenes periódicos, regula los locales en los que la actividad es ejercida y crea una unidad de inspección de profilaxis en el ámbito del gobierno de la ciudad.

En ese contexto, establece normas de seguridad e higiene para la habilitación y el funcionamiento de casas de citas, confiterías y bares con oferta sexual, y confiterías y bares con alojamiento temporario para el ejercicio de la prostitución (saunas). En los dos últimos casos –dice la iniciativa–, el propietario o responsable del establecimiento no podrá percibir ganancia alguna de las transacciones sexuales.

"Mi intención es terminar con los negocios que rodean la prostitución y con la explotación de la mujer. Al blanquear los lugares de encuentro, las prostitutas quedan liberadas de la presión policial y se controla a los proxenetas", explicó Herrera Bravo.

Por otro lado, aseguró que pretende ocuparse de proteger la salud en el comercio sexual. "Si exigimos medidas de higiene a los albergues transitorios y libretas sanitarias a los mozos de un local gastronómico, es coherente que también los departamentos privados respeten normas de limpieza y la persona con la que un cliente tiene contacto íntimo tenga libreta sanitaria", dijo.

Herrera Bravo, que deja la oferta sexual en la vía pública regulada por el Código Contravencional, también propone fuertes penas para los infractores. Para las meretrices y los travestis que no posean libreta, porten una libreta vencida o no se hayan practicado los exámenes clínicos, estima una multa de entre 800 y 3000 pesos. Para los encargados de locales que violen las disposiciones contenidas en la norma, será de entre $ 1000 y $ 4000, con la accesoria de clausura si falta la habilitación del comercio o si hay menores de 18 años en el establecimiento.

El kirchnerista Rebot, en cambio, volverá a ingresar en la Legislatura un proyecto tendiente a "brindar protección a la persona que se prostituye contra la trata de blancas, la policía y las organizaciones mafiosas y a un cuidado de la salud pública desde el Estado, que no puede seguir haciendo la vista gorda". "Pretendo autorizar su ejercicio en determinadas condiciones, determinados lugares y determinados horarios."

En ese sentido, la iniciativa obliga a meretrices y travestis a estar inscriptos en un registro para que puedan aspirar a subsidios entregados por el Estado para cursos de capacitación, con el propósito de abandonar el comercio sexual, acción que se cristalizará por medio de la comisión de protección al trabajador sexual que se creará.

Rebot propone que las personas registradas deben, además, tramitar una libreta sanitaria. Y deja librada a una negociación entre el jefe de gobierno, las trabajadoras sexuales y los vecinos la demarcación de zonas rojas en las que se permita el ejercicio de la actividad, en ciertos horarios.

• La Iglesia Católica propone penalizar con dureza a los clientes. Así surge del comunicado emitido por el “Primer encuentro internacional de pastoral para la liberación de las mujeres de la calle”. El documento, desde la página web del Vaticano, reprime la conducta de los hombres que compran sexo, “para quienes se necesita algo más que una condena social. Deberían ser objeto del pleno rigor de la ley”.

Por Ángeles Castro

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