Qué pasó con el puente centenario de Palermo y qué reclaman los vecinos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con un plan para demoler el histórico puente Ciudad de La Paz en Palermo. La medida, impulsada por la empresa estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA), busca reemplazar la estructura por una nueva apta para el tránsito pesado. Vecinos, arquitectos y organizaciones civiles rechazan la iniciativa y denuncian un intento de remover la protección legal que lo ampara.

El gobierno porteño busca reemplazar de forma definitiva el puente que une Colegiales y Palermo, sobre las vías del Ferrocarril Mitre. El objetivo es construir una estructura nueva que soporte el paso de camiones, como los que van a la planta del Ceamse, además de bomberos, ambulancias y fletes.

La empresa AUSA, encargada de los trabajos, publicó el 27 de junio una licitación pública para la “Provisión, Construcción y Montaje de Nuevo Puente Ciudad de La Paz”. También solicitó la descatalogación de la estructura al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Este organismo debe reunirse esta semana para decidir si aprueba o rechaza el pedido. La fecha de apertura de ofertas, originalmente el 31 de julio, se prorrogó hasta comienzos de agosto.

El puente se cerró al tránsito en diciembre de 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, por un supuesto riesgo estructural. Las obras de reparación finalizaron y el jefe de gobierno, Jorge Macri, junto al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, lo reinauguró el 31 de marzo pasado.

“Escuchamos un reclamo de años de los vecinos: un puente cerrado que muchos decían que no se podía reparar. Cumplimos con las obras”, sostuvo Macri en ese acto.

Desde AUSA explican que la intervención siempre contempló dos etapas. La primera, ya finalizada, fue una rehabilitación rápida con refuerzos metálicos. La segunda, ahora en debate, es la construcción de un puente nuevo de similar arquitectura. La empresa argumenta razones de seguridad. Afirma que el deterioro original ocurrió cuando se levantaron las restricciones de peso y altura. “La estructura avisó que tiene problemas”, sostuvieron desde la compañía.

Vecinos, arquitectos y la asociación civil Basta de Demoler (BDD) se oponen a la demolición. Su principal argumento es el valor patrimonial, histórico y social que el puente representa para los barrios de Palermo y Colegiales. La estructura está incorporada al catálogo de bienes protegidos de la ciudad, una condición que, en teoría, impide su remoción.

Ana Bas, presidenta de BDD, afirma que “no hay explicación lógica para el reemplazo”. La especialista remarca que el plan modifica el uso de una vía residencial. “La calle Ciudad de la Paz no formó ni forma parte de la Red de Tránsito Pesado, según el artículo 9.10.5 del Código de Tránsito (Ley 2148)”, señaló. Bas también cuestiona la celeridad del proceso. “No tiene justificación la urgencia en un barrio tranquilo”, insistió.

Marcelo Magadán, arquitecto especialista en conservación del patrimonio, coincide en la importancia de la estructura. “Tiene valor histórico, paisajístico, económico, social, identitario, que fueron considerados por los funcionarios del gobierno porteño cuando decidieron sumarlo al catálogo de los bienes protegidos”, detalló a LA NACION.

En respuesta a la iniciativa oficial, los vecinos organizan protestas y encuentros. El sábado pasado se reunieron para dibujar el puente y semanas antes realizaron la intervención “Cintas para que el puente se quede”.

La atención se centra en la reunión del CAAP, que se realizará este martes a puertas cerradas. La decisión del consejo sobre la protección patrimonial del puente es clave para el futuro del proyecto. “Es importante que los miembros del CAAP actúen con la prudencia que recomiendan las buenas prácticas en conservación del patrimonio y eviten tomar decisiones apresuradas que lleven a la demolición del puente”, advirtió Magadán.

Desde el Ministerio de Infraestructura porteño señalaron la semana pasada que estudian alternativas para no removerlo. La cartera que conduce Bereciartua indicó que analiza opciones que respeten la identidad patrimonial y garanticen la seguridad vial y ferroviaria. Mientras tanto, la licitación para la construcción de un nuevo puente sigue su curso, con una nueva fecha de apertura de ofertas para principios de agosto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.