Quién es Hernán Boveri, el anestesiólogo investigado en la causa por el faltante de anestésicos

La investigación judicial por el presunto desvío de anestésicos de uso hospitalario tiene entre sus principales nombres a Hernán Boveri, un médico anestesiólogo con trayectoria en el Hospital Italiano de Buenos Aires que quedó bajo la lupa tras la denuncia por faltante de fármacos en esa institución y el avance posterior del expediente.

El caso se originó el 23 de febrero, cuando el Hospital Italiano radicó una denuncia por la desaparición de anestésicos de uso restringido. Para ese momento, la muerte del anestesista Alejandro Zalazar —hallado sin vida en su departamento de Palermo— ya había generado preocupación. En ese domicilio se encontraron medicamentos y elementos inyectables, y la investigación posterior determinó que parte de ese material pertenecía al circuito interno del centro de salud.

En ese contexto, la Justicia avanzó sobre el recorrido de medicamentos como propofol y fentanilo, que no se comercializan en farmacias ni están disponibles fuera del ámbito hospitalario. La causa quedó en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento y del fiscal Lucio Herrera, y se concentra en establecer cómo esos fármacos habrían salido del sistema interno.

Dentro de ese expediente, Boveri fue identificado como uno de los principales investigados. Fue indagado por el fiscal y, según fuentes judiciales, optó por no declarar. Quedó imputado, por el momento, por el delito de administración fraudulenta, en una causa que no apunta a narcotráfico ni a la venta ilegal de sustancias, sino a una presunta sustracción de insumos hospitalarios para usos ajenos a la práctica médica.

El avance de la investigación incluyó allanamientos realizados el 12 de marzo por la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con lo incorporado al expediente, los procedimientos dieron resultado positivo y permitieron reforzar la hipótesis de que los anestésicos hallados en el domicilio de Zalazar provenían del hospital.

Mientras tanto, la Justicia dispuso medidas restrictivas sobre los imputados, entre ellas la prohibición de contacto entre las personas involucradas y la prohibición de salida del país, mientras continúan las declaraciones y peritajes orientados a reconstruir el circuito de acceso y utilización de los medicamentos.

En paralelo al avance judicial, el nombre de Boveri tomó relevancia también por su trayectoria profesional previa. Según su presentación en distintos ámbitos académicos y profesionales, es médico anestesiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo Diploma de Honor. Realizó la residencia en Anestesiología en el Hospital Italiano de Buenos Aires y se desempeñó dentro de ese centro de salud en distintas funciones vinculadas con la práctica clínica y la formación.

Entre sus antecedentes figura su participación como miembro de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, así como su rol como coordinador de la rotación de anestesia total intravenosa y neuromonitoreo dentro del Hospital Italiano. También se lo menciona como secretario científico de TIVAmérica, un grupo vinculado a la especialidad.

En distintas presentaciones públicas y espacios de formación, Boveri era descripto como un anestesiólogo con base en Buenos Aires, afiliado al Hospital Italiano, con una trayectoria que combinaba la práctica clínica con la actividad académica. Según esas descripciones, había participado durante más de una década en iniciativas vinculadas a TIVAmérica y posteriormente en espacios de formación a nivel europeo, como EuroSIVA, con intervención en actividades educativas y de capacitación.

Parte de ese perfil profesional se encontraba publicado en una página denominada “Anestesia Multimodal”, donde figuraba su currículum y una presentación detallada de su trayectoria. Según pudo reconstruir este medio, ese sitio dejó de estar disponible en el transcurso de la mañana, aunque su contenido había sido relevado previamente.

En paralelo, la causa judicial tomó visibilidad pública por la circulación de un audio de WhatsApp en el que se hacía referencia a supuestas reuniones denominadas “Propo fest”, en las que un grupo reducido de profesionales habría utilizado anestésicos con fines recreativos. Ese material no forma parte del expediente judicial, aunque la fiscalía analiza una línea vinculada a lo que allí se describe como “viajes controlados”: experiencias en las que, a cambio de dinero, se ofrecería la administración de estos fármacos bajo supervisión.

Por el momento, esa hipótesis no fue formalizada como imputación, pero integra las líneas de investigación abiertas en un expediente que continúa centrado en la presunta sustracción de medicamentos del ámbito hospitalario.

De acuerdo con fuentes con acceso a la causa, los hechos podrían encuadrarse en el delito de hurto o, con mayor probabilidad, en la figura de administración fraudulenta, que prevé penas de hasta seis años de prisión. Mientras tanto, la situación de Boveri sigue bajo análisis judicial, en una investigación que busca determinar responsabilidades en el manejo y eventual desvío de fármacos de uso crítico fuera de los protocolos médicos.

LA NACION

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