A dos semanas del anuncio: no hubo multas por revolver la basura y la Ciudad alega que tuvo éxito la disuasión
Según fuentes del gobierno porteño, las tareas de control resultaron suficientes para evitar que los residuos ensucien la vía pública
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A principios de agosto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunciaba a través de sus redes sociales una nueva medida para controlar el exceso de basura en las calles de la ciudad. Escribió: “Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”.
Se refería al artículo 94 del Código Contravencional: “Quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada es sancionado/a con uno a uno a 15 días de trabajos de utilidad pública u 81 a 1217 unidades fijas de multa”. El valor de la unidad fija lo establece el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba). Hasta septiembre valdrá $731, lo que significa para esta infracción pagos de $59.211 a $889.627.
A partir de esa directiva, la policía local debe intervenir cuando detecte personas revolviendo los contenedores. Si bien el problema no es nuevo, ganó relevancia en la agenda oficial luego de las elecciones legislativas del 18 de mayo. La suciedad y los olores en la ciudad fueron ejes de campaña y, según la lectura que hicieron en Uspallata, es un tema que influyó en el resultado que dejó a La Libertad Avanza y Es Ahora Buenos Aires por encima de PRO, que cayó al tercer lugar en lo que fue su peor performance en dos décadas.
Ahora, a dos semanas del anuncio, fuentes de la Jefatura de Gobierno afirmaron que, tras la nueva orden, “no hubo ninguna multa [labrada] porque fue efectiva la medida de la Policía de la Ciudad, que actuó con firmeza para que las personas que sacan la basura vuelvan a acomodar lo que tiraron”. Lo mismo sostienen en el Ministerio de Seguridad: “Por ahora, la gente vuelve a recolectar todo sin problemas”. Pero en ninguno de los dos casos respondieron a la consulta de a cuántas personas les solicitaron que limpiaran.
Voceros de la Jefatura dijeron que, según los últimos registros, la comuna 1 (que incluye Retiro, Constitución, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo y Monserrat) concentra la mayor cantidad de infracciones reportadas, especialmente Retiro, Constitución y San Nicolás. Le siguen la comuna 6 (Caballito) y la comuna 2 (Recoleta). “El resto de las comunas presenta cifras considerablemente menores. Estos datos reflejan una marcada concentración geográfica de los hechos en el área central y zonas de alta circulación, lo que permite orientar con mayor precisión las acciones de prevención y control”, agregaron.
En caso de que un infractor se niegue a cesar en la conducta, para labrar la multa es necesario identificar al responsable con nombre, domicilio y documento, entre otros datos. Esto puede ser un obstáculo cuando se trata de personas en situación de calle o recicladores informales. Al ser consultados sobre un posible plan para actuar ante esta dificultad, desde el Poder Ejecutivo porteño reconocieron que es un tema “complejo” e insistieron en que todavía no hubo casos de resistencia. Afirmaron, también, que la multa funciona más como disuasión que como sanción efectiva. Por su parte, la cartera de Seguridad no respondió a esta consulta.
En recorridas por distintos puntos de la ciudad, entre el miércoles y hoy, desde Belgrano hasta Plaza de Mayo, pasando por Retiro y Once, se observaron lugares donde se aglomeran grandes grupos de personas sin techo, que recurren con asiduidad a hurgar en la basura, así como también la situación de los contenedores.
Sobre la avenida Cabildo, entre Crisólogo Larralde y Núñez, por ejemplo, había dos colchones en la vereda frente a una juguetería, un hombre en muletas y una señora. Sobre esta arteria, desde Puente Saavedra hasta el enlace con la avenida Santa Fe, sin embargo, los tachos de basura estaban en buenas condiciones, sin desechos a su alrededor; solo cada tanto, aparecían algunos cartones rejuntados a los costados. Esta tarde se registró un fuerte operativo de trabajadores con buzos y pecheras del Ministerio de Espacio Público limpiando, tanto sobre Cabildo como sobre Santa Fe. También sobre Corrientes, desde Montevideo hasta Libertad, camiones de la empresa AESA, que recolecta los residuos en la comuna 1, recorrían las calles.
Un caso que llamó la atención fue sobre la avenida Córdoba, entre Azcuénaga y Larrea, con gran cantidad de restos reciclables en el piso, alrededor del contenedor ubicado para ese fin, pese a que los recuperadores de cartón suelen hacer sus recorridas de lunes a viernes. En los últimos meses, con la caída del precio de este material, también cayó su recolección.
En ese sentido, junto con los cartoneros, la problemática de personas que hurgan en la basura se vincula a quienes están en situación de calle y recurren a estos contenedores como parte de su subsistencia. Por ejemplo, además del grupo que ocupaba la vereda sobre Cabildo, LA NACION también encontró gente durmiendo sobre Leandro Alem, entre Viamonte y Tucumán, en el Bajo. En Plaza Miserere y sus alrededores, la situación es todavía más notable: colchones, bolsos y personas ocupan las veredas. También en Puerto Madero y Retiro, en el Bajo, se repetía la escena. En la Plaza San Martín, de Retiro, un hombre revolvía basura el miércoles pasado sin que ningún agente le advirtiera sobre no hacerlo.
Según la Ciudad, un alto porcentaje de las personas en situación de calle provienen de la provincia de Buenos Aires; lo mencionó, por ejemplo, la vicejefa Clara Muzzio. En la administración porteña calculan que estos representan cerca del 60% los casos. Pese a esto, no existen políticas concretas para abordar la cuestión de forma conjunta con la gobernación bonaerense. El diálogo entre la Ciudad y el gobernador Axel Kicillof “es imposible”, alegan.
Según datos del Idecba, para mayo de 2025 se censaron 4522 personas en situación de calle. De estos, 2948 están en Centros de Inclusión Social (CIS) y 1574 en la vía pública. El mismo informe determinó que en abril de 2024 el número total era de 3560 personas, lo que arroja un incremento del 27% en un año.
Hoy, casi el 30% se asientan en la comuna 1, donde el gobierno porteño observó las mayores denuncias. Las comunas 6 y 2 solo representan el 5% y el 2% de gente en situación de calle, respectivamente. Además, el 13,5% de la población entrevistada no tenía documento; el 4,4%, “no sabe/no contesta/sin dato”; el 4,1%, en trámite; y el 2,3% era extranjero. Esto, como se dijo, tiene un impacto directo en la posibilidad de aplicar una eventual multa.
Por otro lado, las organizaciones sociales registraron bastante más: en julio, a raíz del tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle relevaron casi 12.000 personas, incluyendo a quienes se alojan temporalmente en los CIS. El censo anterior, de 2019, mostraba un 64% menos.
Pese a que a través de los paradores se busca abordar una problemática compleja que lleva años en la ciudad y de que con el tiempo se fueron reconvirtiendo –por ejemplo, antes se separaban a las familias–, muchos se resisten a acceder a estos espacios. Entre los motivos que alegan, los principales son que la falta de seguridad, los robos y las situaciones de consumo problemático.
Por cuestiones como estas, desde diversos sectores sociales y políticos surgieron fuertes cuestionamientos a la medida de multas del gobierno porteño contra quienes revuelven los contenedores de basura. Uno de los principales focos de rechazo fue un posteo de la vocera Laura Alonso: “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. [...] Se terminó la impunidad para los ‘recicladores’”. Las respuestas no tardaron en llegar, desde usuarios de la redes sociales hasta el arzobispo de Buenos Aires.
En la homilía por la celebración de San Cayetano, patrono del trabajo, monseñor Jorge García Cuerva sostuvo: “Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren. No podemos desentendernos de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad”.
Pero en Uspallata, la sede de la jefatura de gobierno, mantienen su postura y argumentan explícitamente que no lo ven como una necesidad o forma de subsistencia. Insisten con que “el que rompe y desordena está vandalizando” y con el impacto de esta actividad en el espacio público y los demás vecinos. “La ciudad tiene que ser vivible para todos”, sintetizaron.
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